Las multas por incumplimiento de la normativa llegan hasta los $2,9 millones. Desde enero la ley exige a las empresas de 100 o más colaboradores que el 1% de la plantilla sean personas en situación de discapacidad. Sin embargo, las fiscalizaciones y sanciones durante este año serán solo para grandes firmas.

Según estudio de S&P Dow Jones Indices. La cifra es, de todos modos, una mejora frente a 2017, cuando solo el 25% logró desempeños más altos que el benchmark.