martes, 03 de marzo de 2015
Andrea Chaparro y Cinthya Carvajal
El Mercurio
La acción penal por delitos tributarios está dirigida contra los dueños del holding, los representantes de VSA (Siglo Outsourcing) y otras 22 personas.
- Caso Penta: Joaquín Lavín dice que pagará con recursos personales si hay perjuicio fiscal
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer una ampliación de querella por delitos tributarios contra los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; el ex directivo del grupo Hugo Bravo, dos representantes legales de Asesorías VSA Ltda. (también conocida como Siglo Outsourcing), Tomás y Marcos Carrasco, y otras 22 personas.
En la acción penal, el organismo fiscalizador explica que los ilícitos detectados se relacionan con cinco operaciones de compraventa a futuro de moneda extranjera, o contratos forwards, entre empresas vinculadas con el holding y VSA, cuyas pérdidas ficticias se estimaron en más de $370 millones.
“Se pudo establecer —indica la querella del SII— que empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Duero Ltda. presentaron durante el año tributario 2014, declaraciones del Formulario N° 22, sobre Impuestos Anuales a la Renta, maliciosamente falsas al contabilizar montos de gastos amparados en cinco operaciones (…) de contratos forwards celebrados con Asesorías VSA Ltda.”.
En relación con estas operaciones, el organismo precisa además que se determinó que las partes “manipularon sus fechas de celebración y liquidación”, buscando aquellas en que se hubiera producido una diferencia de tipo de cambio favorable a la empresa Asesorías VSA Ltda., porque se acordaba en forma previa que el beneficiado al momento de su terminación, liquidación y finiquito sería esta última empresa, como también el monto de la ganancia y de la pérdida que obtendrían las partes.
Todo lo anterior, explicita el SII, “con la única finalidad que empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Duero Ltda. generaran pérdidas ficticias por más de $370 millones, rebajando de esta manera su carga impositiva en forma antijurídica y maliciosa, al contabilizar como gastos las supuestas pérdidas generadas por estas operaciones”.
Según la revisión del mismo SII en su base de datos, se constató también que ninguna de estas cinco operaciones fue declarada por las empresas que suscribieron los contratos, conducta que se encuentra sancionada en el artículo 97 N° 5 del Código Tributario, consigna la querella.
El servicio adelanta además que —de acuerdo con otros antecedentes entregados por la fiscalía— está revisando ahora otra serie de operaciones forwards, de los años comerciales anteriores (2008 a 2012), pudiéndose establecer que Penta III, Inmobiliaria Los Estancieros, Banpenta S.A., Penta S.A. y Penta INF suscribieron con la empresa CB Consultorías y Proyectos S.A. (ligada con el grupo Cruzat) contratos de compraventa a futuro de moneda extranjera, como los que se realizaron con VSA Ltda., que “presentarían las mismas características y condiciones de celebración que los descritos (…) y que respecto de ellos, actualmente el SII se encuentra recopilando más antecedentes”, según la misma presentación.
Dos empresas mencionadas —Duero y Los Estancieros— están ligadas con la familia Délano, razón por la que también en la querella aparecen individualizados algunos de sus hijos, un cuñado y uno de sus yernos.
Bonos de ejecutivos
A estos contratos se suma en la querella una serie de boletas y facturas ideológicamente falsas que se usaron para el pago de bonos de ejecutivos de empresas Penta y que se incorporaban como gasto a la contabilidad de algunas de las sociedades del holding. El monto comprometido asciende a $3.302 millones.
El SII establece que entre los años tributarios 2009 a 2014, ambos incluidos, Penta III, Los Estancieros, Banpenta, Penta S.A. y Penta INF “registraron como gastos en sus respectivas contabilidades, boletas de honorarios de terceros falsas y facturas no afectas o exentas de IVA falsas”, pertenecientes a altos ejecutivos del grupo, sociedades relacionadas con ellos o sus cercanos.
Con esta “maniobra se rebajó artificiosamente la Renta Líquida Imponible del Impuesto de Primera Categoría declarado en el Formulario N° 22”, deduciéndose —agrega el SII— “gastos que tienen el carácter de rechazados”.
En ese sentido, precisa también que lo anterior produjo “la determinación de un Impuesto de Primera Categoría inferior al que efectivamente le correspondía pagar” y “la evasión del Impuesto Único establecido en el artículo 21 de dicho cuerpo legal”, se lee en la querella.
El organismo plantea, en este mismo tema, que “los servicios realizados por los ejecutivos del grupo de empresas Penta (…) fueron prestados a sociedades distintas a las receptoras y pagadoras de las boletas de honorarios y facturas no afectas o exentas de IVA”.
Es decir, aclara el SII, “las sociedades que soportaron el pago de asesorías o servicios no fueron las que recibieron la prestación de los diversos servicios”.
Conversaciones en la fiscalía
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, dijo que se estaba reuniendo con defensas y querellantes previo a la audiencia. Ayer se juntó con el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, y con los abogados Davor Harasic y Julián López, representantes de los dueños de Penta. Una de las preocupaciones de la defensa es si se pedirá o no prisión preventiva. El fiscal dejó la puerta abierta. “Las medidas cautelares o la prisión preventiva dependen de quien está a cargo de la investigación, que soy yo y los fiscales que colaboran”.
