Declaración del ex titular de Interior

martes, 28 de julio de 2015
Economía y Negocios
Editorial
El Mercurio

De lo dicho por el ex jefe del gabinete se desprenden situaciones que deben seguir examinándose en el ámbito político.

Se ha hecho pública la declaración del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo ante la fiscalía, en que justifica sus trabajos de precampaña antes de la definición formal de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, durante los cuales presuntamente se habría incurrido en irregularidades. Al comparecer como imputado, el ex ministro no está obligado -a diferencia de un testigo- a declarar bajo juramento sobre hechos que lo inculpen y tiene el pleno derecho a guardar silencio, y ejerció esas garantías.

Sus dichos confirman en gran medida que en la etapa de precampaña se configuró una estructura u organización que pretendió desplazar a los partidos políticos de la Nueva Mayoría de la definición de los contenidos de un futuro gobierno. Así, se reclutó un numeroso grupo de personas y se recolectaron cuantiosos fondos, que podían destinarse a la candidatura de Bachelet -absolutamente anticipable-, pero también a otra, según las palabras de Peñailillo. De las declaraciones del ex jefe del gabinete se desprenden hechos y circunstancias de importancia, cuyo examen corresponde al plano político. En lo judicial, los hechos conocidos hasta aquí no difieren -en muchos aspectos- de los revelados en otras de las aristas de estas indagaciones, y no se puede descartar que, en definitiva, en esta dimensión no se establezcan responsabilidades penales, independientemente del reproche moral que puedan suscitar.

De no mediar los llamados "casos", la ciudadanía quizá jamás se habría enterado de la magnitud del desajuste entre las regulaciones del financiamiento político y electoral, y las prácticas que imperaban en la realidad, pero esta arista también da cuenta de los negativos efectos de una acción política conducida por cauces no institucionales, al margen de los partidos políticos y con la perturbadora gravitación de personalismos. En lo penal, en este caso particular, quizás el aspecto más complejo sean las denuncias hechas por el ex director del SII respecto de presiones recibidas desde el Ministerio del Interior para impedir la investigación de la arista SQM, que determinó finalmente la salida del ex jefe de gabinete. Sobre este último aspecto, la declaración no aporta antecedentes.

Sin embargo, las declaraciones de Peñailillo explicitan un factor hasta ahora soslayado, pero cuyo alcance político es de la mayor gravedad. El ex ministro ha hecho saber que en ese período de precampaña, él y un equipo de otros profesionales actuaban individual o colectivamente en la elaboración de "insumos políticos" y "en forma adelantada", ya que "lo más probable era que ellos fueran para "la candidatura de Bachelet", reiterando que se trató de trabajos efectivamente realizados. Su abogado, Rodrigo González, ha añadido al respecto que "esto no es Penta, acá no hay boletas ideológicamente falsas. (...) Aquí hay gente que trabajó y mucho". Pero si es así, lo ocurrido cobraría mucha más gravedad que el mero aporte o donación irregular para financiamiento electoral con que se compara. Aquí se habrían adelantado y transado documentos con insumos políticos relevantes que habrían llevado a las empresas que accedieron a ellos a pagar montos considerables para conocer privilegiadamente su contenido. ¿Qué valor se puede asignar a conocer los lineamientos del programa de gobierno mismo -al que la ciudadanía recién accedió en octubre de 2013-, con capítulos tan claves como los alcances de las reformas tributaria y laboral, por ejemplo? El ex ministro ha dejado "abierta la posibilidad, no la descarta" -afirma su abogado-, de que tales informes fueron entregados como prestación de servicios a SQM-Salar u otras. Lo que no parece advertirse es la gravedad que puede constituir esa práctica de venta de información política relevante. Es necesario que esta hipótesis sea despejada, porque no sería aceptable que tal fórmula diera una apariencia razonable a una vía de financiamiento de precampañas o campañas que claramente no lo es.

La imagen de la Presidenta de la República debe ser preservada por razones institucionales obvias de interés nacional. Para que ella no continúe siendo dañada por todo lo relativo a la llamada precampaña, es preciso que sean respondidas muchas preguntas como las que el ex ministro declinó contestar en su declaración.