lunes, 16 de marzo de 2015
El Mercurio
- Hablan los vecinos de los polémicos terrenos que Caval vendió a Hugo Silva
- Cómo Caval se enteró de que se ofrecían terrenos en Machalí
El lunes 9 de marzo se hicieron efectivas las acciones legales en contra de Caval anunciadas por cercanos a la familia Silva. Se trata de una querella por “engaño doloso para inducir la firma del contrato”.
La argumentación apunta a que, al momento de que Hugo Silva y los socios de Caval firmaran la escritura por el traspaso de los predios (el 5 de febrero), los socios de Caval sabían que al día siguiente se destaparía un escándalo que alejaría cualquier posibilidad de un cambio inmediato del uso de suelo, lo que constituye, según los querellantes, una asimetría de información que invalidaría el negocio.
La querella por estafa fue presentada contra los representantes de Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, pero no se hace extensiva a Sebastián Dávalos, puesto que este se desempeñaba como ejecutivo de la empresa (gerente de proyectos), pero no tenía participación en la sociedad.
El Código Penal castiga los distintos tipos de fraude con hasta cinco años de cárcel. Una de las figuras sancionadas se presenta cuando quien defrauda se atribuye poder, influencia o créditos supuestos, o cualquier otro engaño semejante. También se sanciona al que con datos falsos u ocultando antecedentes que les son conocidos celebra dolosamente contratos basados en esos datos o antecedentes. En este tipo de delito, la Ley establece que la pena se determina de acuerdo con el monto defraudado. Cada una de estas conductas no puede ser sancionada con más de cinco años de cárcel, pero la concurrencia de varias de ellas o la reiteración, sí podría conducir a una condena superior a los cinco años y un día de presidio.
“El Mercurio” contactó al socio de Caval, Mauricio Valero, para tener su versión sobre los hechos, pero el empresario se limitó a señalar que la sociedad se encuentra definiendo una estrategia comunicacional y conociendo los alcances legales del caso antes de referirse públicamente a los emplazamientos que se han hecho desde los distintos sectores.
La disputa agregó un nuevo antecedente este jueves: los abogados de Silva solicitaron al fiscal Luis Toledo medidas cautelares para evitar que se activen pagos a la empresa Caval.
De los $9.500 millones acordados, hay un cheque por $2 mil millones que todavía no llega a las manos de Compagnon y Valero y que se encuentra en custodia en la notaría de René Benavente. Este instrumento se liberaría una vez que dos casas ubicadas en la localidad de Los Lirios (por $260 millones y $240 millones, respectivamente), que también son parte de la operación, sean inscritas a nombre de Caval en el Conservador de Bienes Raíces de Rengo, trámite que hasta el cierre de esta edición todavía no ocurría.
Grace Álvarez, abogada de Caval, explicó que la demora del Conservador de Rengo en inscribir las dos propiedades con las cuales Hugo Silva acordó pagar parte de los $9.500 millones, se debe a que había errores en la descripción de los límites de los terrenos. “Las personas que hicieron la compraventa fueron del lado de Silca (sociedad de Hugo Silva), no del lado de Caval, todos esos errores son hechos por ese lado. Fueron objeciones de los deslindes”, precisó.
