miércoles, 18 de febrero de 2015
Cinthya Carvajal y Lilian Olivares
El Mercurio
Policía en un mes encontró 21 boletas de 19 emisores y se indaga eventual vinculación de algunas con el senador PS Fulvio Rossi, el diputado DC Roberto León y el ex embajador DC Marcelo Rozas.
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Una nueva arista de un posible financiamiento ilícito de campañas políticas es la que está investigando la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, pero esta vez no ligada al grupo Penta sino que a Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), que pertenece a Julio Ponce Lerou, involucrado en el caso Cascadas.
Los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Villalobos detectaron 21 boletas de más de un millón de pesos que pertenecen a julio de 2009 pagadas por SQM (entonces Soquimich) a 19 personas, sobre las que pidió determinar si efectivamente se realizaron los trabajos.
El 16 de enero pasado, antes que Gajardo se fuera de vacaciones, encomendó a los efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) que le tomaran declaración como testigos a las personas que figuran en el libro de retención de honorarios y de compras de Soquimich en julio de 2009 “para obtener información sobre la efectiva prestación de servicios de los que dan cuenta dichos documentos”.
De estas 21 boletas —entre las cuales está la entregada a María Carolina de la Cerda la cuñada de Pablo Wagner y cuyo pago habría ido a la campaña de Joaquín Lavín— aparecen una del hijo del diputado DC Roberto León (en campaña en esa época y quien luego integró la comisión investigadora del caso Cascadas), otra de una asesora de prensa en 2012 del senador PS Fulvio Rossi (que ese año aspiraba a la Cámara Alta) y tres entregadas al ex embajador DC Marcelo Rozas, su esposa y su hijo.
También se indaga la boleta de otra mujer, y si esta tiene o no un vínculo político con el senador Rossi.
Existirían antecedentes de que SQM podría haber realizado el mismo modus operandi del grupo Penta para financiar campañas políticas de manera ilegal: con boletas de terceros que son ideológicamente falsas por trabajos no realizados.
Los fiscales solo tienen acceso a diez libros de contabilidad de julio de 2009, que es el período que acotó el Servicio de Impuestos Internos (SII) días después de presentar una querella en contra de Pablo Wagner y Carolina de la Cerda, por boletas a SQM.
El cambio del SII
Tras este hallazgo, que abre una nueva arista política derivada del caso Penta, la fiscalía evalúa dos caminos para continuar con la investigación y determinar si la empresa Soquimich realizó otros financiamientos de campañas políticas, aparte del caso de Lavín.
Uno de ellos es solicitar una orden de incautación al tribunal para llevarse los libros de contabilidad de SQM de 2009 a 2014. Ya que en la querella original a ese período aludía el SII que solicitaba pedir “toda la documentación contable correspondiente a los años comerciales 2009 a 2014”. Sin embargo, menos de una semana después el propio servicio hizo una aclaración ante la Fiscalía Oriente y restringió su solicitud, en el sentido de que se acotara solo a julio de 2009 el caso Soquimich.
El segundo, es pedirle al SII que modifique la presentación que hizo a la fiscalía y amplíe el período de investigación.
Esta decisión la deberán adoptar en las próximas horas. Todo ello frente a la evidencia de que en solo un mes, julio de 2009, ya figuran boletas sospechosas de terceros que podrían tener una vinculación a políticos.
El 7 de noviembre de 2014, el fiscal Gajardo envió un informe al SII, en el cual le adjuntó varios testimonios y facturas que daban cuenta de pagos presuntamente irregulares de campañas políticas de otras empresas.
Las dudas surgieron luego de encontrar en mayo de 2013 facturas de la empresa Pekadocapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) —según consta en la petición del fiscal— a nombre de SQM. Se pesquisa si estos dineros fueron para la campaña del ex alcalde UDI Pablo Zalaquett. El ex edil no ha declarado sobre estos pagos a esta empresa.
Entre las nuevas boletas hay también dos de notarios, una repostera, una ingeniera comercial, un Core UDI y un ex concejal de Antofagasta y una ex receptora judicial.
