miércoles, 20 de agosto de 2008
R. ZANETTA B. y E. OLIVARES C.
Economía y Negocios Online, El Mercurio
La discusión acerca de si los estados financieros de una empresa constituyen o no información privilegiada per se reavivó el debate.
Abogados: sanción a ex dueños de Paris implica un cambio de criterio de la SVS
A poco más de un año del Caso Piñera, la pregunta sobre si los estados financieros de una empresa constituyen o no información privilegiada per se volvió a saltar a la palestra. Los hermanos Gálmez son bisnietos de José María Couso. Este inmigrante español fundó la Mueblería Paris en 1900, que durante los años 20 pasó a manos de sus yernos, evolucionó al formato multitienda, y que hasta 2004 estuvo bajo el control de la familia.
El lunes, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sancionó a los hermanos Luis Alberto, José Miguel y Juan Antonio Gálmez Puig por no abstenerse de comprar acciones de Paris antes de que se publicaran los estados financieros de la empresa, en agosto de 2004.
Pero además, en el mercado se discutía si correspondía al superintendente actual -Guillermo Larraín- actuar con un criterio diferente al que había actuado su antecesor Alejandro Ferreiro, que no sancionó este caso en 2004, cuando él estaba a cargo y tenía los mismos antecedentes y el contexto de esos momentos.
Ferreiro dijo ayer a "El Mercurio" que la SVS tiene hoy una "posición distinta", mientras el también ex SVS Hugo Lavados explica que, para él, la entidad no ha cambiado su política.
"Para mí y para los superintendentes anteriores, los estados financieros podían ser información privilegiada. De hecho, la ley es amplia. Pero lo eran en la medida en que tuviesen un impacto potencial respecto de las acciones. Y ahí había una cuestión cualitativa. Hay una diferencia sustancial entre estimar y saber con certeza, pero eso es exactamente una diferencia...", plantea Ferreiro.
"Hay una posición distinta, eso es evidente", continúa y agrega que esta nueva visión comenzó a instalarse tras la multa a Sebastián Piñera también por incumplimiento del deber de abstención en julio de 2007.
"Aquí lo que hay es una sanción que es consistente con el criterio que ya la SVS enunció cuando sancionó a Piñera. Lo que se ha buscado es revisar operaciones "similares" a las que motivaron esa sanción y que no estaban prescritas. Dentro de aquellas investigadas, se ha estimado que éstas corresponden a una figura que bajo este criterio corresponde sancionar", argumenta Ferreiro.
El ex superintendente reconoció que en su minuto el caso fue investigado por la SVS. Particularmente, la información ligada a la intención de compra de Consorcio por Cencosud. "Los estados financieros no eran el punto relevante. Lo que era la gran noticia era la OPA", afirma. Según comenta Hugo Lavados, la situación de la SVS era distinta cuando él estuvo a cargo del ente fiscalizador, en el periodo entre 1990 y 1994. "Durante el período en que yo fui superintendente, salió por primera vez la definición por ley de qué es información privilegiada y su tipificación como delito", dice.
Pese a esto, consultado acerca de si ha habido un cambio de política en la SVS respecto de estos temas, su respuesta es una: "no".
"Cuando discutíamos este tema con la entonces diputada Evelyn Matthei, esto lo analizamos; el entonces senador Sebastián Piñera fue uno de quienes estuvieron de acuerdo con la definición de información privilegiada. Eso muestra que no es reciente el tema. Lo que hay es más preocupación y más facilidades para investigar", sostiene.
Esto, no lo atribuye a una mayor presión pública, sino que se debe a razones tecnológicas.
Quien también descarta un cambio de criterio es el abogado Francisco Pfeffer, del estudio Pfeffer y Asociados, quien representa a la SVS ante la Justicia en el caso de Juan José Cueto.
Pfeffer argumenta que la ley, al definir el concepto de información privilegiada, se refiere a cualquier información que tenga la potencialidad de afectar los precios de las acciones. Y plantea que esta es una visión que desde siempre ha tenido la SVS.
Además, distingue la diferencia entre quienes tienen la certeza de que un determinado directorio aprobó los estados financieros y quienes no.
"Los deberes de conducta siempre han existido. No veo por qué ahora se está planteando un cambio de criterio", comenta.
Los cuatro puntos que los hermanos Gálmez objetarán en los tribunales
1.– EL DEBER DE ABSTENCIÓN
Aunque hasta ahora ni los hermanos ni sus abogados han revelado cuál será su estrategia -en la primera semana de septiembre vence el plazo para apelar-, de acuerdo con anteriores declaraciones de José Tomás Errázuriz, el abogado de los ex dueños de Paris, es muy probable que se cuestione el supuesto "deber de abstención sin uso" de la información que el regulador considera privilegiada. De hecho, el abogado ha dicho que ésta es una figura que surge tras una interpretación inaugurada por la SVS, cuya primera sanción se cursó contra Sebastián Piñera.
2.– FECU COMO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Otra arista apuntaría a que la Fecu no sería información privilegiada per se. Por ejemplo, en el caso Piñera -la SVS formuló cargos a Piñera por compras de acciones de LAN-, su defensa se sustentó en un informe de Econsult, que afirma que en particular la Fecu del caso LAN "no contenía elementos que afectaran el precio de mercado de la acción".
3.– ABUSO DE FACULTADES DE LA SVS
La defensa de los Gálmez consideraría en su argumentación cuestionar un supuesto exceso en las facultades del regulador. Lo que se plantearía es que la SVS actuó de acuerdo con la interpretación de su actual cabeza, Guillermo Larraín, tomando por su cuenta definiciones críticas, que no estarían claramente estipuladas por ley, como por ejemplo qué es o no es información privilegiada.
4.– RETROACTIVIDAD
La defensa de Gálmez invocaría un principio similar al que planteó en los días del caso Piñera: que aunque sea válido y correcto que la SVS haya cambiado el criterio, no sería válido marcar el cambio con sanciones a quienes operaron de acuerdo con los criterios públicos y conocidos por todo el mercado.
La centenaria historia de los negocios de los Gálmez
Pero el 18 de agosto de ese año, Juan Antonio, Luis Alberto y José Miguel vendieron su parte, que correspondía al 52,39% de la empresa familiar, en US$ 250 millones. Tras la operación, el grupo Luksic y Consorcio adquirieron un 11,4% de la compañía cada uno; la familia Ugarte -rama de los Gálmez que no participaba directamente en el negocio- sumó un 4%, y Jorge, el único de los hermanos Gálmez Puig que se quedó como controlador, concentró el 27% de la propiedad. Meses más tarde, Cencosud terminaría comprando la multitienda.
Los tres hermanos continuaron invirtiendo juntos. En 2005, a través de distintas sociedades compraron el 24% de la Inmobiliaria Almagro en US$ 12 millones, porcentaje que posteriormente venderían a Socovesa por US$ 35 millones.
Ese mismo año también darían inicio a Interfactoring, empresa de factoring que partió con un patrimonio de $2.400 millones y que crece a tasas superiores al 20%.
A mediados de 2006 ingresaron al sector salmonero, al comprar el 80% de Acuimag. Y participan en el sector agroindustrial con el fondo de inversión Key Capital.
Acaban de vender la Torre Paris de Ricardo Lyon 222 en US$ 57 millones al fondo de inversiones inmobiliarias alemán Union Investment Real State.
