viernes, 27 de marzo de 2015
Julio Jerez y Cinthya Carvajal
El Mercurio
Se sostiene que el patrimonio de la empresa es distinto al de los socios Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta, Michelle Bachelet.
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El martes 14 de abril, a las 9.00 horas, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, se discutirá la solicitud presentada por la Exportadora y de Gestión Caval Limitada para levantar la prohibición de cobrar el cheque por 2 mil millones de pesos, incautado por fiscalía en el marco de la investigación abierta por la compraventa de terrenos en la comuna de Machalí, denominado como caso Caval.
La audiencia será dirigida por el magistrado del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Barría Alarcón.
El tribunal citó a la audiencia al abogado de la empresa Caval, Antonio Garafulic; la fiscalía y los abogados de Silca Servicios Ltda., Catalina Honorato, Mario Silva — socio del estudio jurídico Philippi y que participó en tema de negociaciones en calidad de representante de Hugo Silva— y César Toledo.
La audiencia fue fijada luego que Antonio Garafulic, abogado de Caval, empresa de la que son propietarios Mauricio Valero y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, interpusiera una tercería en el tribunal. La presentación significa la intervención de un tercero que se ve perjudicado en un proceso judicial y formula una pretensión en el litigio.
La estrategia judicial se adoptó luego que la semana pasada el documento bancario, que permanece en resguardo en la Notaría de René Benavente, en Santiago, fuera incautado a solicitud del fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo Ríos.
Ello, a raíz de la querella por estafa presentada por el empresario Hugo Silva Martínez, principal socio de Silca Servicios Limitada, quien junto con querellarse por estafa contra Caval, pidió la retención del cheque.
Argumentos
En la tercería presentada se sostiene que el patrimonio de Caval es muy distinto al de sus socios, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, por lo que se debe levantar la prohibición de cobrar el cheque por 2 mil millones de pesos incautado con el fin de realizar una serie de pagos que tiene comprometido la empresa.
Agregan que la incautación que realizó la fiscalía es una manera de disfrazar una medida precautoria.
El abogado Garafulic reclama la legalidad de la incautación del documento.
