miércoles, 18 de marzo de 2015
Pedro Lezaeta
El Mercurio
Investigador aseguró que es necesario “para tomar una decisión”.
- “La Moneda ha dado todas las facilidades y la fiscalía recibió toda la información"
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Durante la mañana del 6 de marzo, y luego del envío de un oficio, según él mismo explicó ayer, el fiscal regional de Rancagua Luis Toledo, a cargo del denominado caso Caval, materializó en La Moneda la incautación de soportes y documentos digitales que usó Sebastián Dávalos Bachlet como director del área sociocultural del Gobierno.
En la diligencia, realizada un día después de la incautación de computadores en la casa de Dávalos, el investigador fue apoyado por policías del OS-9 de Carabineros y fue recibido en Palacio por funcionarios de la Subsecretaría del Interior (que habría recibido el oficio antes señalado) y de la unidad encargada de informática.
Según detalló Toledo, lo que se retiró de la sede gubernamental fueron “el computador, el teléfono personal y también los correos electrónicos entrantes y salientes y también los eliminados que él (Dávalos) tenía durante todo el período que el sirvió en el cargo”.
El persecutor destacó que todo fue retirado y puesto en cadena de custodia, método con el que se aísla, embala o sella un bien o soporte incautado para evitar manipulaciones. Aún así, el fiscal indicó que los soportes digitales como los discos duros, pese a ser formateados (borrados), pueden ser recuperados.
Toledo explicó que se trató de una diligencia de “requerimiento de información y entrega al Palacio de La Moneda” y se debió hacer ahí pues era donde trabajó Dávalos. Agregó el fiscal que era imperioso para “tener toda la información necesaria para tomar una decisión como lo he dicho desde el primer día”.
Toledo también confirmó la incautación de tres cheques ligados a la causa abierta tras la presentación de una querella por estafa contra Caval y que ahora se tramitará por cuerda separada. Uno de ellos es por $2.000 millones girado desde la sociedad Silca a Caval por los terrenos de Machalí. El monto es parte de los $9.500 millones pagados por Hugo Silva, dueño de Silca, luego de la compra de 44 hectáreas cuyo precio aumentaría de materializarse el cambio de uso del suelo. Los otros dos documentos también están ligados a la negociación por los terrenos y son por otros $510 millones.
