viernes, 20 de abril de 2012
Marcela Vélez A.
Economía y Negocios
La estatización de YPF se da en un año que cerrará nuevamente con déficit de cuenta corriente, con una economía expandiéndose a la mitad que en 2011 y con una creciente dependencia energética externa.
Para muchos era algo esperable. Así lo advirtieron los críticos del régimen iniciado por Néstor Kirchner: el festival de gasto público no puede durar para siempre. Al parecer será Cristina Fernández, en su segundo mandato, la que deberá hacer frente a las consecuencias de nueve años de medidas que han mermado la capacidad productiva y la competitividad argentina.
Si bien la nacionalización de YPF tiene componentes políticos y populistas, lo cierto es que la medida también obedece a la desesperada necesidad del gobierno de Fernández por cuadrar las cuentas públicas.
De registrar un superávit fiscal promedio de 3% del PIB entre 2003 y 2008, el gobierno argentino cerró el año pasado con un déficit de 1,6% y, para este año, las proyecciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) apuntan a un déficit de 2%. La cifra podría parecer menor, de no ser porque Argentina tiene vencimientos por unos US$10 mil millones este año, necesita financiar el creciente gasto público, no tiene acceso a los mercados de deuda y los ingresos fiscales siguen bajando, producto de la desaceleración de la economía.
Según las cifras oficiales del INDEC, la actividad económica argentina creció 5,5% en febrero, su menor nivel mensual en dos años. Las cifras de consultoras privadas afirman que el país sólo se expandió 3,2%. El FMI, que ha pedido al gobierno trasandino transparentar sus cifras, proyecta que este año Argentina crecerá menos de 4% en contraste con el 8,9% registrado en 2011. Pero como advirtió Thomas Hebling, consejero del Departamento de Investigación del FMI, el crecimiento del país podría ser aún menor debido a las consecuencias provocadas por la nacionalización de YPF en el resto de inversionistas privados.
Como explica Mario Brodersohn, director de la consultora bonaerense Econométrica, la economía argentina tienen un antes y un después de 2008. Durante el primer período (2003-2008), el país se benefició de una coincidencia de factores positivos: altos precios de los commodities , un aumento de la producción agropecuaria, una política de tipo de cambio alto y la brusca reducción de la deuda fiscal que pasó a 140% del PIB a 30,6% a fines de 2008. Este fue el período en que se incubaron los superávits gemelos (fiscal y comercial), que a su vez permitieron aumentar las reservas internacionales en US$36 mil millones y cancelar deudas por US$25 mil millones con organismos internacionales.
La bonanza de divisas permitió al gobierno financiar su modelo basado en subsidios y en una participación del Estado cada vez mayor. Desde el inicio del gobierno del matrimonio Kirchner-Fernández, el gasto público pasó del 24% del PIB a casi el 40%. Además de las acusaciones de financiar sus campañas electorales con fondos públicos y de un gasto excesivo en publicidad oficial, la mayor parte del gasto la han consumido los subsidios y el pago de salarios públicos.
Es cierto que los subsidios han ayudado a reducir la pobreza que afectaba a cuatro de cada diez argentinos al inicio de la década pasada a alrededor del 25% de la población. No obstante, según el Instituto para Desarrollo Social (Idesa) US$3 mil millones fueron consumidos el año pasado en cubrir los malos resultados de las empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas y otras firmas nacionalizadas.
Dolor de cabeza
Tras ganar su segundo mandato en octubre, Cristina Fernández anunció que este sería el período de "sintonía fina" de las polémicas medidas impuestas por su fallecido esposo, entre ellas la del control de precios.
La Mandataria también dio señales de controlar el alza de los salarios, que los grandes sindicatos habían logrado llevar por sobre el 30% anual con venia del gobierno, y finalmente una racionalización de los subsidios. El gobierno ya daba cuenta de la desaceleración de la economía local y del creciente peso que los subsidios tenían sobre unas débiles arcas fiscales.
Pero hacia finales de año, Fernández y los miembros de La Cámpora (grupo integrado por sus ministros y asesores de más confianza) se encontraron con un escenario distinto al que habían heredado a su propio gobierno y más grave al esperado.
"En octubre aún no tenían los resultados del último trimestre. Pero hacia finales de año descubrieron que el déficit era mayor a lo previsto, ya se notaba una mayor incertidumbre entre empresas y personas, que comenzaron a apostar contra el peso y a buscar dólares, y todo esto en un contexto de incertidumbre sobre el precio de los commodities ante una eventual desaceleración de China", explica Paula Diosquez-Rice, senior economist de IHS Global Insight.
El gobierno, además, se enfrentaba a un número limitado de divisas. Tras cerrar 2009 con una balanza de pagos a favor por más de US$ 8 mil millones, en 2011 el balance fue deficitario, debido a la salida de divisas y al explosivo aumento de las importaciones (31%). La apreciación del peso desde 2008 llevó a que sea más barato importar que producir en el país.
Más alarmante para el gobierno de Fernández es que las importaciones de combustibles alcanzaran los US$9.400 millones. Argentina dejó de ser un exportador neto de combustibles, para convertirse en un importador con un déficit energético por US$3.200 millones el año pasado y que para 2012 se prevé sea el doble. Tras casi una década de control de precios y falta de incentivos, las empresas petroleras optaron por no realizar nuevas exploraciones y desde 2008 aumentaron los envíos de sus ganancias y pago de dividendos en el exterior.
En 2011, se estima que las grandes empresas que operan en Argentina enviaron al exterior US$4.500 millones, y de estos, más de US$1.000 millones provenían del petróleo.
Las consultoras privadas estiman que la producción energética en Argentina se ha reducido en un 30% en la última década. Los subsidios, por el contrario, han aumentado hasta alcanzar sólo en el rubro de energía y transporte los US$15 mil millones el año pasado. "El gobierno se dio cuenta que mantener la política de tarifas congeladas (a través de los subsidios) es una verdadera bola de nieve. Pero en lugar de recortar el gasto público, el gobierno optó por acudir a las reservas del Banco Central", agrega Ariel Barraud, economista jefe del IARAF.
Si hay algo que la dupla Kirchner-Fernández ha sabido hacer desde que llegaron al poder, es cuidar su capital político. Eso explica, por la negativa de Cristina Fernández de llevar a cabo los ajustes que anunció en octubre. Por el contrario, permitió un alza salarial de 35%; en lugar de crear condiciones para las inversiones, optó por vetar la salida de divisas para obligar a las empresas a invertir en el país; impuso trabas a las importaciones en busca de recuperar el superávit de la cuenta corriente; y, en busca de mayores rentas y control sobre la energía, estatizó YPF.
"Tomando como ejemplo a Petrobras en Brasil, el gobierno cree que puede sacar más ingresos de YPF. Pero también está el factor político, de tomar una medida para la que sabe que tiene el respaldo del mundo político y que llega al corazón de los argentinos", explica Eduardo Fracchia, economista y profesor del Instituto de Economía (IAE).
Para Brodersohn, lo que hizo Fernández y su equipo fue reaccionar exageradamente, sobre todo ante el aumento del peso de los subsidios a los combustibles. "Aplicaron una economía de guerra cuando no hay guerra, lo malo de los controles es que una vez que se entra en ellos, es difícil salir", afirma.
Camino a un gran iceberg Para Ariel Arraud, la mayor amenaza de Argentina hoy es la inflación. De ahí que ve con preocupación las recientes reformas que dieron acceso al gobierno sobre las arcas del Banco Central. "Eso ya pasó en Argentina durante muchos años y se alimentaron las expectativas de inflación, lo que finalmente derivó en la hiperinflación", afirma.
Mientras el INDEC asegura que la inflación está en 9,7%, las consultoras privadas coinciden en que cerraría este año en torno al 23%. Cuan grave sean las presiones inflacionarias dependerá de cuánto el gobierno merme las reservas del Banco Central.
Para Fracchia, el precio de la soja juega un rol fundamental en el escenario de una eventual crisis. Mientras se mantenga sobre los US$500 por tonelada, el gobierno tendría suficientes ingresos para evitar un mayor deterioro de las cuentas públicas. Al igual que Brodersohn, coincide en que el bajo nivel de endeudamiento de la Argentina es su gran virtud (apenas 39% del PIB y, de ellos, 18% es externo). Pero como Fracchia grafica muy bien: "Las cifras, con cualquier otro gobierno serían manejables. Pero estamos en un barco que va hacia un iceberg, qué tan rápido nos estrellemos depende de sus políticas".
