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Expertos advierten "tráfico de datos" y efecto en análisis de riesgos

miércoles, 25 de enero de 2012

C. Arroyo y M. Concha
Economía y Negocios

Mientras, parlamentarios destacaron el proyecto como un avance hacia un país más justo, a niveles de la OCDE.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) fue una de las primeras en reaccionar frente a la aprobación de la ley, manifestando que ésta "se preocupa sólo de los pequeños deudores", olvidando totalmente a los "pequeños acreedores".

Ello, argumenta el organismo, debido a la errada percepción de que las morosidades sólo corresponden a deudas con grandes empresas o con bancos. "Existen miles de casos de personas naturales o pymes que confiaron en alguien que no les pagó y que de manera muy legítima, desean prevenir a otros para que no les suceda lo mismo", afirmaron.

El ex superintendente de Bancos, Guillermo Ramírez, fue más drástico. "Este es el típico caso de medidas populistas que se hacen sin mucho fundamento técnico", dijo.

Sus argumentos se basan en que si bien la reforma pone fin al mal uso de la información comercial, también da espacio a un "borrón" de datos de deuda que "ensucia" el registro pasado. "Las bases de datos, por definición, son históricas y si se borran antecedentes, queda una dificultad para evaluar riesgo. El mercado del crédito funciona peor sin información y eso implica tasas más altas", agregó.

Para Ramírez no se trata de una situación nueva. "Ya se aplicó una suerte de perdonazo en la crisis del 98 para favorecer a empresas chicas, y lo que produjo fue dificultad para que el mercado diera crédito con información incompleta y se armó una especie de mercado negro con la información que quedó de antes del "borrón"", recordó.

En tal escenario, el principal problema será cómo controlar que quienes ya tienen esta información no la sigan usando y tampoco la vendan. "Creo que son medidas arbitrarias y el mercado se las arregla para seguir funcionando. Perfectamente se puede crear un mercado secundario ilícito", advirtió.

Una visión a favor, en tanto, emanó de la Conapyme: "Hay muchas pymes y microempresas que están con deudas de menos de $2,5 millones y que hoy no podían continuar con su negocio por no poder acceder a crédito. Bajo esa mirada vemos el proyecto como muy positivo".

Una reforma "justa"
Durante la discusión, varios parlamentarios aplaudieron esta idea sosteniendo que el registro es un castigo a los emprendedores. "Solamente los flojos no han estado nunca en Dicom, porque no le han trabajado un día a nadie", dijo el diputado René Manuel García (RN), al explicar que no se extingue la deuda, sólo el registro.

El diputado Iván Moreira (UDI) enfatizó la "relevancia social" de este proyecto: "Permite avanzar hacia un país más justo y de mayores oportunidades. Independientemente de quién sea el autor, este es un proyecto por el que todos hemos trabajado porque beneficiará a más de cuatro millones de chilenos y chilenas".

Felipe Harboe destacó que con esta ley, Chile alcanza a la OCDE en protección de datos, tras ser considerado un país "no seguro". Recuerda: "Cuando como gobierno pedíamos algún antecedente respecto de una persona buscada en Europa y que estaba en Chile, no nos entregaban esos datos porque consideraban que podrían ser usados para un fin distinto a la persecución".

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