lunes, 19 de diciembre de 2011
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios Online
Desde que la autoridad anunció que comenzará a supervisar el lucro en la educación superior, algunos planteles están estudiando fórmulas para absorber activos que hasta ahora pertenecen a inmobiliarias o establecer cánones de arriendo a valores de mercado.
La entrada en escena de la Superintendencia de Educación Superior que vigilará, entre otras cosas, que las universidades cumplan con la obligación de no retirar excedentes, puso en marcha una carrera frenética entre algunos planteles para ponerse a tono con las obligaciones legales que, durante años, nadie fiscalizó.
La idea del Ejecutivo es que, cuando comience a operar este órgano supervisor, las universidades no puedan recurrir a los mecanismos que -según los críticos del sistema- habrían utilizado algunas instituciones para repartir ganancias, hacer negocios con partes vinculadas sin que nadie lo fiscalice; pagar arriendos por encima del valor de mercado a inmobiliarias relacionadas y fijar remuneraciones desmedidas a sus directivos.
Desde que la autoridad anunció que comenzará a supervisar el lucro en la educación superior, al menos diez universidades privadas comenzaron a pedir la asesoría de empresas de gestión inmobiliaria, que les están ayudando a estudiar alternativas para no chocar con la ley.
El gerente de una de estas firmas asesoras asegura que las universidades están estudiando fórmulas para absorber los activos que hasta ahora aparecen como propiedad de inmobiliarias o establecer cánones de arriendo a valores de mercado.
"Hemos establecido las metodologías para que los arriendos futuros sean de mercado y hasta ahora hemos visto que los cánones justos se mueven entre 0,15 UF a 0,4 UF por metro cuadrado, dependiendo de la ubicación, lo que está por debajo de lo que algunas universidades están pagando", señala.
"Este año casi no dimos abasto -sigue- y todas las universidades con problemas
fueron a pedir valorizaciones de activos. Tres estaban más adelantadas porque las exigencias de IFRS (nuevo estándar contable tras el caso Enron) las obligaban a valorar sus activos independiente de la Superintendencia".
Otras instituciones, en cambio, dicen que tenían previsto adquirir algunos inmuebles independientemente de la acción de la futura Superintendencia, puesto que el hecho de ser propietarios de los edificios donde operan los deja en mejor posición para acreditarse.
. Algunos casos
Uniacc: una opción es traspasar edificios
El rector de la Uniacc, Juan Enrique Froemel, reconoce que esta institución está revisando algunos asuntos internos de forma para que no haya problemas una vez que empiece a operar la superintendencia, sobre todo en lo relativo al arriendo de inmuebles a entidades relacionadas.
Esta institución fue fundada hace treinta años como instituto profesional. La Uniacc arrienda la mayoría de los edificios a ese instituto y casi no tiene inmuebles propios. "Nosotros le pagamos un arriendo al instituto, pero le pagamos un arriendo de mercado. Pero aunque tú pagues un arriendo de mercado, sigue siendo un tema debatible (...) Entonces, una opción es traspasar los edificios a la universidad", señala.
La Uniacc fue adquirida en 2008 por el grupo norteamericano Apollo. Este grupo es una empresa propiamente tal que opera en mercados donde el lucro en la educación está reconocido por la ley, como ocurre en Estados Unidos.
Pese a esto, Froemel es categórico en que esta institución nunca ha repartido excedentes mientras él ha estado al mando de la rectoría: "Ellos (Apollo) tienen clarísimo que en Chile no pueden retirar utilidades, han venido para acá, han hecho las consultas del caso con abogados chilenos y no ha habido ninguna señal de reevaluar la posición".
Oposición pretende que la Super fiscalice retroactivamente
La reacción de algunos planteles privados alertó a una parte de la oposición que no ve con buenos ojos estos cambios. El diputado Carlos Montes (PS) advirtió que la ventana de tiempo que hay entre el anuncio de la superintendencia y su puesta en marcha resultará tan amplia, que es crucial dotar a este organismo de facultades para revisar los movimientos que hagan las universidades durante estos meses. Esto, porque algunos de los cambios podrían echar luces sobre aquellas que, eventualmente, hayan torcido el espíritu de la ley: "Las universidades van a tener un tiempo bastante prolongado para ajustarse a las nuevas exigencias y, en esa línea, la superintendencia debe conocer cómo se hicieron esos cambios".
Pese a esta demanda, el jefe del departamento jurídico del Ministerio de Educación, Raúl Figueroa, adelanta que la superintendencia sólo velará porque estas entidades cumplan con las exigencias desde su entrada en escena, pero no tendrá atribuciones para revisar lo que se hizo en el pasado.
Los Andes, UDP y Finis: dueños de los campus
El director ejecutivo de la Universidad de los Andes, Francisco Lavín, explica que en esta institución no hay nada que actualizar porque la universidad funciona como fundación desde el comienzo. "La fundación es dueña de todos los inmuebles y tenemos un solo rol, así que aquí no hay forma de torcerle el espíritu a la ley. También es importante aclarar que los directivos de la junta directiva no reciben dieta ni honorario así que no hay forma de sacar plata".
Una situación similar se presenta en la Universidad Diego Portales y en la Finis Terrae, cuyos inmuebles les pertenecen en su totalidad a los planteles educacionales y no tienen inmobiliarias relacionadas. Por lo mismo, esperan la puesta en marcha de la superintendencia sin cambios en vista.
Las Américas: Colliers certifica el precio de los alquileres
El vicerrector de Finanzas de la Universidad de las Américas (UDLA), Juan Pablo Harrison, aclara que el propietario de esta institución, Laureate International Universities (también controlador de la Universidad Andrés Bello), no es un fondo de inversión como se ha dicho, sino una sociedad educacional propiamente tal que no vino al país a generar utilidades.
"Un fondo de inversión no tiene mayor relación de largo plazo con los proyectos en que invierte, salvo por la diversificación de sus inversiones y la rentabilidad. En cambio, Laureate, establece relaciones de largo plazo". En ese contexto, asegura que esta institución no reparte utilidades, puesto que, al tratarse de una corporación, no existen personas que puedan reclamar derechos sobre los excedentes.
Sí reconoce que la UDLA mantiene contratos de arriendo de la infraestructura que utiliza y que esos edificios son proveídos por dos vías: por sociedades en las que la universidad efectivamente participa como accionista y por arriendos a terceros no vinculados. "Cada uno de estos contratos es celebrado a precios de mercado, lo que está certificado por una empresa especializada independiente, que es Colliers", dice.
¿Laureate podría retirarse de Chile? "No es un tema que yo haya escuchado, pero como vicerrector de UDLA no me corresponde referirme a temas que son propios de Laureate (...) que conoce en detalle los cambios que se están discutiendo en nuestro país", sostiene.
UDD: en dos años, todos los edificios serán propios
En el caso de la Universidad del Desarrollo, el rector Federico Valdés explica que, efectivamente, durante los primeros años de vida de la institución se creó una inmobiliaria que pudiera acceder a financiamiento bancario, puesto que a principios de los años ochenta muy pocos estaban dispuestos a financiar a las universidades privadas. Sin embargo, en los próximos dos años, todos los edificios pertenecerán a la corporación.
"Nosotros establecimos contratos de largo plazo con la inmobiliaria a precios por debajo del mercado, pero una vez consolidado el proyecto académico, fuimos adquiriendo todos los edificios. El campus de Medicina, la clínica de Odontología, el edificio de Posgrado son de la universidad. Mi estimación es que en dos años más, incluso antes, el tema va a estar resuelto y no vamos a arrendar nada".
San Sebastián: comprará todos los inmuebles en algunos meses
Luis Cordero, Andrés Navarro y Alejandro Pérez entraron a la propiedad de la Universidad San Sebastián en 2007 y, según reconoce un alto ejecutivo de este plantel, la administración está implementando cambios, precisamente, para prevenir algún impasse o mal entendido una vez que comience a operar la Superintendencia de Educación Superior en algunos años.
Los edificios de esa casa de estudios pertenecen a una inmobiliaria relacionada, pero "eso lo vamos a cambiar en los próximos meses". Esto, "porque queremos salirnos de la discusión del lucro, porque si bien el lucro inmobiliario está permitido, no queremos que se cuestione nuestra vocación en la educación", señala.
Santo Tomás: este año revisó el valor de todos los arriendos
En el caso de la Universidad Santo Tomás, el rector Jaime Vatter reconoce que la institución arrienda inmuebles y mantiene vínculos comerciales con partes relacionadas. Sin embargo, asegura que -dependiendo del alcance del proyecto de ley que crea la Superintendencia- la institución no prevé implementar cambios en términos societarios, de organización ni de estructura jurídica.
"Dada la naturaleza del Sistema Educacional Santo Tomás, en el que conviven diversas instituciones de educación compartiendo instalaciones, necesariamente existen vínculos, los que mantenemos en ámbitos muy acotados y controlados. Tenemos mucho cuidado de actuar respetando la legislación vigente, por lo que velamos que las condiciones bajo las cuales se dan estas relaciones sean justas y de mutua necesidad para las partes. La totalidad de los vínculos existentes con partes relacionadas son informados anualmente y de forma explícita al Ministerio de Educación, junto a otros reguladores".
Además, descarta que la universidad tenga en sus planes adquirir los inmuebles que arrienda a partes relacionadas. Sí reconoce que "efectivamente este año revisamos todos los precios de arriendo entre sociedades a partir de un estudio que realizó una empresa consultora de primera línea".
