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Agitado ha sido este año para el empresariado. Primero fue el caso La Polar el que puso al sector privado bajo la lupa de la ciudadanía, pero ahí no terminó todo, ya que luego vino el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de las tres principales firmas del mercado avícola, y de su gremio, la APA, por una supuesta colusión para acordar volúmenes de producción.
Finalmente, las indagaciones de la misma entidad en el rubro supermercadista, en mercados específicos, como son la venta de carnes blancas, detergentes y artículos de aseo.
Pese a ello, el líder de la Sofofa, Andrés Concha, descarta de plano que el modelo económico esté en juego, y adelanta que la Sofofa, junto con las otras cinco ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), avanzan a toda marcha en la elaboración de un código de ética para que el documento se dé a conocer el próximo mes. La idea de esa iniciativa es recoger los principios que han estado incorporando los respectivos sectores y enriquecer su contenido con el aporte de diversas opiniones especializadas.
-¿Cuánto afecta al empresariado la investigación de la FNE en el mercado avícola, que constituye uno de los gremios asociados de la Sofofa?
"Ojalá se pudiera evitar que ocurran fraudes como el caso de La Polar y sospechas de colusión como en el caso avícola. Sin embargo, tenemos una economía dinámica, y estamos siempre expuestos a este tipo de anomalías, tal como sucede en todos los países. En este caso específico, la FNE hace su trabajo de investigar y acusar. Veremos qué pasa ahora en el juicio ante el TDLC. Debemos escuchar los descargos de los involucrados. Lo importante es que esta institucionalidad funcione con independencia y profesionalismo, y el proceso que se llevará en el TDLC da garantías de ello".
-Este tipo de casos, y el de La Polar, ¿pone en tela de juicio al modelo económico?
"No lo creo. El modelo económico es uno que entrega libertades que todo el mundo aprecia. La libertad de emprender, la libertad de comercio y la libertad de elegir, entre otras. Nadie está interesado en sustituir este marco de libertades por monopolios estatales o restablecer la Dirinco para que controle los precios. La población aprecia todo esto y demanda que el Estado y sus instituciones fiscalicen con prudencia y oportunidad cada vez que corresponda".
-A su juicio, ¿en qué pie quedan este año los gremios empresariales ante la opinión pública?
"Los gremios hemos condenado los fraudes y las colusiones. Además, estamos trabajando con mayor énfasis en los temas de ética y gobiernos corporativos, así como de responsabilidad social, de forma de difundir y socializar las buenas prácticas que están vigentes en muchas empresas".
- ¿Los gremios han condenado con la suficiente fuerza este tipo de actuaciones?
"Obviamente que nosotros valoramos la libre competencia como instrumento lícito para promover el emprendimiento, la creatividad, la innovación y la inversión. Ése es el gran activo que el sistema tiene; por lo tanto, las prácticas anticompetitivas efectivamente representan un freno al crecimiento. Es por eso que propusimos la creación del TDLC en la Agenda Pro Crecimiento. Ahora, si alguien infringió la ley, tal conducta se debe sancionar por los tribunales, pero hay que dejar que los procesos finalicen. La presunción de inocencia existe, y nosotros la respetamos".
-¿Qué le parecen las medidas preventivas que tomó la jueza que lidera el caso La Polar?
"Esa decisión está circunscrita al ámbito judicial, sobre el cual no nos corresponde pronunciarnos. Lo que sí podemos afirmar es que el caso La Polar, si bien no representa la norma bajo la cual actúa el empresariado, afecta negativamente la imagen del sector".
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-¿Cómo ve el rol activo que está asumiendo la FNE?
"Ellos están haciendo sus investigaciones y acusaciones de acuerdo con el mandato legal existente en medio de un escenario en donde los derechos de los consumidores adquieren cada día mayor importancia. Es muy necesario el rol de cautelar la sana competencia. Con todo, es necesario aplicar el instrumento con prudencia cuando ello corresponda. Por ejemplo, la cobertura informativa relacionada con el inicio de investigaciones a los supermercados nos pareció exagerada, ya que en esta etapa debiera primar la discreción, con el fin de cautelar la presunción de inocencia de los investigados".
-¿A qué se refiere cuando usted habla de publicidad?
"Lo que pasa es que el proceso inicial de investigación, en donde se procura averiguar si los antecedentes permiten configurar una infracción, puede tomar mucho tiempo. El exceso de publicidad en esta etapa puede resultar muy injusto para los involucrados, que deben asumir prematuramente una enorme carga negativa de la sociedad, sin que existan evidencias que permitan fundar una acusación".
"Aumentar los impuestos es una señal negativa para las inversiones"
-En materia tributaria, ¿qué le parece que a menos de un mes de que finalice el año el Gobierno no haya aclarado qué pasará con el Impuesto de Primera Categoría a partir del 1 de enero de 2012?
Es bueno que el Gobierno se tome su tiempo para reflexionar sobre un tema que no estuvo presente en la agenda de la coalición que triunfó en la última campaña presidencial y que constituye uno de los pilares que condicionan la estrategia de crecimiento del país".
- En Enade, usted planteó que el mejor incentivo a la inversión es respetar la ley tributaria vigente. ¿Sigue manteniendo esa postura?
"Los escenarios no han cambiado desde esa fecha hasta hoy día. Aumentar los impuestos a las empresas representa una señal negativa para las inversiones. Además, estamos entrando en un ciclo de mayor incertidumbre económica, lo que representa un escenario poco propicio para relajar este tipo de estímulo tributario".