Tras casi un año de investigación, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por una supuesta colusión en el mercado del pollo.
De acuerdo con el escrito presentado al TDLC, la entidad liderada por Felipe Irarrázabal afirma que las compañías ejecutaron un acuerdo que buscaba limitar su producción, controlando la cantidad de pollo producido y ofrecido. A su vez, se les acusa de asignarse cuotas en el mercado del pollo. Este es el producto cárnico más consumido por los chilenos con cerca de 27 kilos por persona al año.
La FNE señala que dicha conducta fue orquestada y monitoreada por la Asociación de Productores de Pollo (APA), gremio liderado por Juan Miguel Ovalle. Desde ahí, señala la fiscalía, las tres firmas acordaban los niveles de producción para cada ejercicio, volumen que era supervisado semanalmente. Este modo de operar, afirma la FNE, se estaría ejecutando desde al menos diez años.
Entre las pruebas entregadas al TDLC, la FNE destaca que APA entregaba a fines de año las proyecciones de demanda de pollo a las tres firmas para el ejercicio siguiente. Con esa información se determinaba la producción por empresa, la cual siempre fue inferior a la estimación del gremio.
El requerimiento también considera una serie de correos electrónicos entre Juan Miguel Ovalle y las firmas. En ellos el presidente de APA le pide a las empresas que reduzcan su oferta en tiempos de menor demanda. También aparecen felicitaciones de Ovalle hacia las empresas por respetar el acuerdo. "Demasiado bien portados para ser "niños" normales", fue el comentario que Ovalle realizó en uno de sus correos, tras recibir los informes de producción futura de las empresas.
En tanto, la fiscalía solicitó la máxima multa para cada empresa, cuyo monto asciende a 30 mil UTA, unos US$ 27 millones, mientras que para la APA pidió una sanción por 20 mil UTA (US$ 18,2 millones) además de la disolución de la asociación gremial. Pese a la cuantía de las multas, la FNE asegura que los beneficios económicos obtenidos por Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, exceden con creces los montos señalados.
"El Mercurio" informó en abril sobre la investigación de la Fiscalía y gremio descartó actos de colusión
La investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que culminó con la acusación a las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por colusión en el mercado avícola, fue informada por "El Mercurio" el 1 de abril de este año.
En aquella publicación se explicó que la entidad liderada por Felipe Irarrázabal se encontraba recopilando información sobre este mercado, para lo cual incluso se solicitaron precios a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).
Días después, este diario publicó la incautación de documentos y computadores de las oficinas de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), que realizó la FNE con la colaboración del OS9 de Carabineros. En aquella ocasión se le requisó el notebook al presidente del gremio, Juan Miguel Ovalle (en la foto).
Entrevistados semanas después, líder de APA, descartó cualquier posibilidad de colusión entre las empresas del mercado de venta de pollo.
"Se pueden poner en todos los escenario (colusión), y nosotros vamos a demostrar lo contrario", afirmó en esa ocasión Ovalle. En la entrevista agregó que es imposible que el alza de precios que exhibía ese mercado fuera obra de un cartel, argumentando que los valores que se manejan en el mercado interno para la venta de este tipo de carne blanca están determinados por los precios internacionales del producto.
Tras el requerimiento presentado al TDLC, APA respondió que "no ha participado de ninguno de los actos que denuncia la FNE". Agregó que a lo largo de la investigación han aportado todos los antecedentes requeridos por la Fiscalía y que la organización tiene como misión promover el desarrollo de una industria avícola sustentable. En tanto, "El Mercurio" contactó a las tres empresas involucradas, las que declinaron referirse a la denuncia.
EMPRESAS
Las tres firmas involucradas no quisieron referirse ayer al tema.El sistema de control de producción y monitoreo que ejecutaron las tres empresas y el gremio avícola
1 Desde 1995 las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, en coordinación con la Asociación de Productores de Pollo (APA), decidieron efectuar, a fines de cada año, una proyección del consumo de pollo para el ejercicio siguiente. Con ello, determinaban para cada empresa las toneladas de carne de pollo que debían producir y vender de manera conjunta y con cuotas de mercado asignadas a nivel local, de acuerdo al consumo proyectado.
2 Las estimaciones que arrojaba el análisis eran discutidas por los altos ejecutivos de las empresas acusadas por la Fiscalía, en las reuniones del directorio de la APA. Ahí eran seleccionados algunos de los escenarios de consumo proyectados. Una vez definidas las cantidades, las firmas restaban las toneladas que serían cubiertas por las importaciones de pollo y las compañías que no participaban del cartel, con la idea de determinar la cuota de mercado entre ellas.
3 El rol que jugaba APA en la colusión se remitía a confeccionar las proyecciones de demanda, la definición de las toneladas por empresa y el monitoreo del cumplimiento del acuerdo adoptado por las firmas.
Dicha fiscalización se hacía efectiva a través de un órgano denominado "Comisión de Evaluación", el cual era integrado por tres personas designadas por las empresas del cartel, además del presidente de APA, Juan Miguel Ovalle.
4 El gremio recibía información de las empresas para elaborar informes del mercado avícola, semanales y mensuales, de ventas de pollo, también análisis de producción y ventas, y estudios de precios promedios de los distintos cortes.
Los resultados de los estudios eran entregados a las tres empresas acusadas de colusión o se ponían a disposición en la web de APA, en un link restringido al cual sólo tienen acceso Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.
5 Dependiendo de las condiciones de oferta y demanda que exhibía el mercado avícola, la APA podía solicitar modificaciones en las cargas que se habían acordado para cada empresa a fines del año pasado. Ejemplo de aquello fue en 2008, año de la crisis económica, donde el presidente del gremio le pidió a las empresas que redujeran las toneladas al mercado para estabilizar el precio. Esta situación se reiteró en varios meses de ese ejercicio.
6 Si bien la fiscalía comenzó a investigar este posible cartel a fines de 2010, en el requerimiento al TDLC la fiscalía afirma que para el 2011 las empresas volvieron a proyectar sus ventas. "La gerenta de Estudios y Marketing de la APA, citó a los gerentes generales y comerciales de las empresas productoras requeridas a una reunión para el día 2 de diciembre de 2012, a fin de observar los resultados de dichas estimaciones", argumenta la fiscalía.
Agrosuper no cambiaría plazos para su apertura La denuncia de la Fiscalía Económica no modificaría los plazos para la apertura en bolsa de Agrosuper.
El mayor holding agroalimentario del país tiene previsto su debut bursátil para inicios del segundo trimestre de 2012, después de reactivar el proceso a mediados de este año, en una operación que sería liderada por el banco de inversiones LarrainVial.
En agosto pasado, Agrosuper solicitó la inscripción de acciones a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con el objetivo de abrir el 15% de su propiedad en bolsa. De acuerdo con fuentes del mercado, se estima que la recaudación de esta apertura bordearía los US$ 700 millones.
Según la compañía, la operación les permitirá financiar una serie de iniciativas que se encuentran ejecutando, entre las que figura el megaproyecto en Huasco, en la III Región.