miércoles, 12 de octubre de 2011
Economía y Negocios
El recurso de protección contra el permiso ambiental de la central Achibueno fue interpuesto por la Municipalidad de Linares y organizaciones ciudadanas.
Un año después de obtener su aprobación ambiental y tras un proceso judicial, Electro Austral, firma ligada al empresario Isidoro Quiroga, logró destrabar su proyecto Achibueno, que considera instalar en la Región del Maule 135 MW de capacidad hidroeléctrica de pasada.
La luz verde vino desde la Corte Suprema, que rechazó un recurso de protección que fue interpuesto en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó esta iniciativa, que considera una inversión por US$285 millones. El proyecto fue votado a mediados de octubre de 2010.
La acción fue presentada por la Municipalidad de Linares y por algunas organizaciones ciudadanas, que objetaron que esta inversión haya sido aprobada por una Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) en forma posterior a la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental en octubre de 2010. En esa fecha las Coremas fueron sustituidas por las denominadas Comisiones Evaluadoras Ambientales (CEA).
El fallo sobre esta materia era esperado por una serie de titulares de proyectos, que suman inversiones por unos US$1.500 millones, los cuales también fueron aprobados por las desaparecidas Coremas. Estas siguieron sesionando varios meses después de iniciada la nueva institucionalidad.
Además de acusar que la RCA fue emitida por un organismo extinto, los demandantes reclamaban la afectación de una serie de garantías constitucionales como el derecho a la vida, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a desarrollar cualquier actividad económica.
Sin embargo, por unanimidad, el máximo tribunal del país ratificó la resolución que en primera instancia emitió la Corte de Apelaciones de Talca. Esta, junto con determinar que en la aprobación ambiental no existió acto ilegal o arbitrario, concluyó que las municipalidades como personas jurídicas no tienen legitimación para defender los derechos que se dicen afectados. La Municipalidad apeló ante la Corte Suprema y esta rechazó la apelación por considerar que los municipios no tienen legitimación para defender estos derechos constitucionales.
