domingo, 21 de agosto de 2011
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios
En la región, la Universidad de Buenos Aires es uno de los escasos bastiones de educación gratis. Sus alumnos ingresan sin pruebas de selección, pero sólo el 4% de ellos se gradúa.
Hasta hace tres meses, el nombre de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no representaba mucho para la mayoría de los estudiantes chilenos. Con el inicio de las movilizaciones y las demandas de gratuidad, algunos dirigentes convirtieron el sistema UBA en el nuevo modelo a imitar: gratis y sin mecanismos de selección.
Con o sin destrezas, todos los que quieran pueden ingresar al primer año de plan común, y si sortean ese primer filtro, pueden seguir la carrera que deseen.
Lo que no se conoce es que esa universidad es reflejo de un modelo que, incluso en Europa, se bate en retirada y que está siendo reemplazado por uno en que el aporte privado se torna cada vez más importante.
Esto, debido a que la gratuidad tiene vicios que en un contexto de masificación de la educación superior son insostenibles para los estados: sólo 4,3% de los alumnos que ingresan a la Universidad de Buenos Aires se titula y, además, lo hace en el doble del tiempo considerado regular, según un estudio de Guillermo Ordóñez, Phd. de la Universidad de California. Las tasas de graduación en los países de la OCDE, en cambio, ascienden al 34,8%, y en Chile, llegan al 25,7%.
"Una universidad con muchos alumnos crónicos y pocos egresados es una universidad de contención social para jóvenes y no una universidad formadora de profesionales de excelencia", advierte el experto.
Se acaba la universidad para todos
El modelo de financiamiento más exitoso según los resultados académicos y solvencia institucional es el que opera en Estados Unidos. De las veinte mejores universidades del mundo, diecisiete son norteamericanas y todas tienen mecanismos de financiamiento mixto, compuestos por donaciones privadas que permiten construir fondos patrimoniales ( endowments) más el pago de matrículas por parte de los alumnos, baratas en pregrado y caras en posgrado.
El sistema europeo, en cambio, se financia en 80% con aportes públicos, y eso es precisamente lo que ha comenzado a cambiar, incluso en las economías más poderosas del Viejo Continente. El investigador del Centro de Estudios Públicos Harald Beyer recuerda que hace quince años el Reino Unido comenzó a implementar un mecanismo de copago que ha enfrentado resistencias, pero que sigue adelante.
El fin de la universidad gratuita se resolvió bajo el supuesto de que si bien la educación superior genera beneficios colectivos, los estudiantes obtienen altas tasas de rentabilidad individual.
El estudio del académico Nicholas Barr, titulado "Financiar la Educación Superior", da cuenta de que el mix que se comenzó a implementar en el Reino Unido tiene mucho en común con el modelo chileno: las reformas de mediados de la década en Inglaterra extendieron la cobertura de los préstamos para pagar las matrículas y, además, ampliaron el volumen de esos créditos para cubrir parte del costo de vida de los estudiantes.
Tal como ocurre con el Crédito con Fondo Solidario -reservado sólo para los estudiantes de las 25 universidades del Consejo de Rectores-, la reforma estableció que los profesionales ingleses paguen esos préstamos según los ingresos efectivos que generan en el mercado laboral. Reembolsan hasta el 9% de sus ingresos si éstos superan los US$25 mil anuales, y si al año 25 el crédito no se ha pagado íntegramente, la deuda caduca. En Chile, el sistema es más ventajoso, pues los egresados pagan sólo el 5% de sus ingresos anuales y la deuda se extingue entre los años doce y quince.
Alemania -la mayor economía de Europa- también comenzó a introducir modificaciones a su sistema de educación superior gratuita para reemplazarlo por uno que tiende hacia el cofinanciamiento.
Siete estados de ese país introdujeron el copago de la matrícula. Este giro se hizo debido a que los aportes del fisco simplemente se hicieron insuficientes para competir con las poderosas universidades estadounidenses.
El aporte privado
Estados Unidos gasta casi el doble por estudiante de lo que gasta Alemania, pero de todo ese dinero, dos terceras partes provienen de fuentes privadas, en gran parte donaciones.
Tal como advierte el investigador de Libertad y Desarrollo Rodrigo Troncoso, las cifras dan cuenta de que el sistema europeo está pensado para dar educación de excelencia a una minoría, pero la masificación de la educación experimentada durante las últimas décadas ha hecho que las universidades se vean desfinanciadas.
El 54% de los jóvenes de los países de la OCDE acceden a la educación superior, cifra que en Chile llega al 48%, según la investigación "Reforma de la Educación Superior", de José Joaquín Brunner y Carlos Peña.
Esta situación no es nueva, y ya en 2003, un estudio de la Comisión Europea advertía que los países de la Unión destinaban un 5% del producto interno bruto a la educación, cifra similar al aporte de los Estados Unidos y superior al de Japón, que era del 3,5%. La gran diferencia radica en que el aporte privado a la educación en Estados Unidos y Japón es del 1,2% y del 0,6% del PIB, respectivamente, y en Europa apenas llega al 0,2%.
¿Becas o créditos? Estudiantes pobres son reacios a endeudarse y ven pocas posibilidades de titularse Cada año, el Estado licita entre los bancos una cartera de alumnos que demandan financiamiento. Debido a las tasas de deserción y a las dificultades de inserción laboral de algunos de ellos, la cartera de clientes por sí sola no es todo lo atractiva que los bancos quisieran.
Por esto, el fisco no sólo garantiza el pago de los créditos eventualmente impagos, sino que también recompra al momento de licitar un porcentaje importante de esa cartera de clientes. En 2009 se licitaron 72 mil créditos, y el Estado compró inmediatamente 49 mil de ellos. El monto de los créditos cursados fue de US$181 millones, y debido a la recarga que los bancos exigen, el fisco pagó US$184 millones.
Para lograr que las tasas caigan de 5,3% a 2% -que es la promesa del Gobierno- y que la rentabilidad que exigen los bancos se mantenga estable, el fisco debería desembolsar del orden de US$ 43 millones adicionales al año sólo por concepto de recargo, según cálculos de Andrés Lozano, ex integrante de la Comisión Ingresa. Esta comisión es un ente que, cada año, se encarga de licitar la cartera de créditos.
Lozano utilizó los siguientes supuestos para llegar a esta cifra: 100 mil alumnos que estudian carreras de cuatro años y reciben financiamiento por un promedio de $1 millón anual; 55% de esos créditos son financiados por los bancos y el 45% restante lo recompra el fisco con un recargo de 45,1% respecto al precio real. Frente a este escenario, Lozano considera que resultaría más rentable priorizar las becas y no traspasar esos dineros adicionales a las entidades financieras.
Esta idea se fortalece si se considera que los alumnos pobres son reacios a suscribir créditos debido a sus bajas expectativas de titulación. Un estudio de Javier González, investigador del Ceppe de la Universidad Católica, muestra que el 26,3% de los alumnos pobres declara que existe un "alto riesgo" de abandonar su carrera antes de graduarse, porcentaje que baja a 8,1% entre los estudiantes de mayores recursos. A su vez, el 26,2% de los alumnos de menor nivel socioeconómico declara que invertir en una carrera es "un proyecto riesgoso que prefiero evitar".
