lunes, 09 de mayo de 2011
Cecilia Arroyo
Economía y Negocios
La disposición crea un nuevo debate en el sector respecto de los alcances reales que tendrá para la comparación del costo de los créditos el no incluir el riesgo como una variable dentro del cálculo.
Hace dos semanas, el Gobierno publicó el reglamento a los créditos universales, iniciativa legislada en 2010 en el marco de MKIII y que tiene por objetivo ayudar a la transparencia y comparación entre productos de crédito ofertados por bancos, cajas de compensación, aseguradoras, cooperativas y casas comerciales en su calidad de emisores de tarjetas de crédito.
Su aplicación -que rige a partir de octubre- no ha estado exenta de polémica, y vino a agitar aún más las aguas de la banca, industria que desde el año pasado ha estado bajo la lupa de la opinión pública.
El debate fue encendido por la polémica en torno a las "ventas atadas" en 2010, aquellas que condicionaban la aprobación de créditos hipotecarios a la compra de otros de los productos bancarios, como cuenta corriente, líneas y tarjetas de crédito. Durante los últimos meses, la industria ha enfrentado duros cuestionamientos, principalmente desde el mundo legislativo, por falta de competencia y exceso de utilidades, las que durante 2010 superaron los US$ 3.300 millones. Incluso el Banco Central, a mediados de abril, pidió a la banca explicaciones más "convincentes" para las tasas de consumo, que en algunos casos pueden llegar al 30%.
Factor riesgo
Respecto de los créditos universales, que comenzarán a operar en octubre próximo, el principal punto en discusión es el factor riesgo.
La banca alega que el nuevo formato no considera todo lo necesario para hacer una estimación de precio realmente comparable. A la espera del reglamento por parte de la superintendencia, el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, afirma que las expectativas son que éste lo incluya porque "no existe crédito sin riesgo".
Sin embargo, para el ex superintendente de bancos Guillermo Ramírez, la preocupación de la banca "es equivocada", argumentando que el tema queda zanjado en la norma al permitir a los bancos no otorgar el crédito universal si tras un análisis de riesgos el perfil del sujeto que lo solicita no se ajusta a sus exigencias.
Es precisamente este tema el que ha puesto en tela de juicio la efectividad práctica de los créditos universales, al no garantizar que una persona obtenga finalmente el costo que se le ofertó en el crédito universal que cotizó inicialmente.
El mismo ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reconoce el tema de debate. Afirma que con el crédito universal "estamos poniendo un precio básico, estandarizando un producto; lo único que no podemos estandarizar es el riesgo de la persona; eso es imposible".
Efectivamente, el nuevo estándar fue creado como un instrumento de referencia que a través de una tasa de interés anualizada especial -un valor que considerará el pago del capital solicitado, los intereses y los gastos asociados (tales como impuestos, gastos notariales, comisiones)- permitirá a las personas comparar el costo de un préstamo asociado a ciertas características en las distintas entidades que participan de este negocio.
Asumiendo que no se puede forzar a las entidades financieras a otorgar préstamos sin una evaluación de riesgos, el reglamento da a estas la libertad de darlos.
Lo anterior ha derivado en una serie de cuestionamientos en cuanto a que la norma pueda convertirse en letra muerta. Y es que aunque sus defensores la califican como un paso clave hacia la transparencia, el hecho de que no incluya el riesgo "es verdad que dificulta la comparabilidad", como reconoce el ex coordinador de Mercado de Capitales Alejandro Micco.
Pero no podía ser de otra forma, agrega Ramírez. "Obligar a una entidad financiera a otorgar un préstamo no es propio de una economía de mercado", dice.
Dentro de los otros argumentos a favor, se afirma que tras la nueva disposición, las divisiones de consumo de la banca y retail , más reacias a exhibir sus elevadas tasas, estarán obligadas a transparentar mejor sus tasas, añade el socio de Gemines Consultores Sergio Arancibia.
Mientras, el gerente general del BCI, Lionel Olavarría, asegura que "la publicación del crédito universal en la página web de cada banco es un hecho, va a ocurrir, no veo problemas en eso, y creo que siempre ha habido competencia en todos los créditos".
Otro de los peligros que se han advertido es que las instituciones bancarias opten por potenciar más la oferta de sus otros productos, con características más atractivas, volviendo al rol de comparación del crédito universal nulo en la práctica. Sin embargo, un alto ejecutivo de la industria asegura que la norma va a facilitar la competencia al obligar a los actores a ser más cuidadosos en la fijación de sus tasas, porque estarán "en vitrina". Pero advierte que los spreads seguirán obedeciendo a las políticas de cada banco, y los créditos universales no escaparán a eso.
Por ahora, la banca se encuentra analizando la forma en la que deberá cumplir con la nueva exigencia, y han canalizado sus dudas a la autoridad a través de la asociación de bancos.
Mientras otros, como BCI, han decidido ir más rápido y adelantarse a otras exigencias futuras que vienen de la mano del proyecto de Sernac Financiero con campañas informativas.
