domingo, 19 de diciembre de 2010
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios
"El Mercurio" recorrió varios de los fundos emblemáticos entregados por el Estado entre Toltén y Collipulli y constató en terreno la degradación de los predios, la destrucción de bodegas, lecherías y casas patronales, y la ausencia casi total de políticas de fomento productivo.
Predios deshabitados o pobremente cultivados, bosque nativo talado, lecherías y bodegas destruidas; maleza de un metro y medio de altura donde antes había trigo, avena o potreros de pastoreo, es el panorama que presentan los fundos emblemáticos que el Estado compró desde mediados de los noventa y entregó a las comunidades mapuches de La Araucanía.
Durante la semana, "El Mercurio" recorrió los principales fundos en manos indígenas -desde Toltén hasta Collipulli- y constató en terreno cómo comunidades completas han abandonado esas tierras -o nunca se instalaron del todo- y han vuelto a emplearse en forestales o como temporeros de predios vecinos.
Unas pocas familias se han mantenido firmes en las tierras que el Estado les entregó, pero bajo condiciones de pobreza extrema y viviendo de una mínima agricultura de subsistencia.
En la práctica, cuando las familias que componen una comunidad mapuche emigran para conseguir trabajo en otro sitio, unos pocos -generalmente el lonco, su mujer y sus hijos- se quedan al cuidado de fundos de hasta 700 hectáreas. Lo paradójico es que lo hacen en viviendas que son menos que una mediagua, sin luz, agua ni baño.
El diagnóstico que más se repite entre los mapuches entrevistados por este diario es que, luego de recibir las tierras, las comunidades no obtuvieron la ayuda técnica necesaria para sacar adelante los campos.
Algunos ni siquiera eran vecinos de los predios que les entregaron y, en la práctica, fueron transplantados por el Estado e instalados encima de verdaderas minas de oro agrícola, pero que no sabían explotar.
Para paliar este fenómeno, a partir de ahora la entrega de cada subsidio irá acompañada de un convenio de apoyo productivo y asistencia técnica, explica el asesor especial para Asuntos Indígenas del Gobierno, Sebastián Donoso.
Desde 1994 a la fecha, el Fisco ha desembolsado más de US$335 millones en adquisición de tierras para el mundo indígena.
California ruinoso
El fundo California, en la comuna de Toltén, fue uno de los primeros predios de gran extensión que el Estado compró para entregárselo a una comunidad indígena. Se trata de un campo de 650 hectáreas que hasta el año 2000 pertenecía al agricultor Juan Carlos Morstadt.
El fisco pagó $1.422 millones por este fundo y se lo entregó a la comunidad Antonio Ñirripil. La entrega no incluyó ganado, pero sí bodegas, sala de ordeña, casas y galpones.
Diez años más tarde, en ese fundo no hay más de cincuenta vacunos y la principal tarea productiva es la tala del bosque nativo que todavía queda. La lechería y los galpones están prácticamente desmantelados y hasta las cortinas de álamos, que demarcaban los límites de los caminos interiores, fueron taladas.
El presidente de la comunidad, Juan Lincopi, explica que su gente proviene de la zona de Traiguén y que nunca se habían dedicado a la ganadería. Por lo tanto, al no tener los conocimientos necesarios para hacer producir el campo, se dedicaron durante los primeros años a cortar el bosque.
Recién ahora, dice, "dos jóvenes universitarios llegaron a asesorarnos y tenemos cuatro vaquitas por familia", lo que les permitió implementar un incipiente negocio de quesos.
Más al norte, en la comuna de Collipulli, el fundo Ginebra presenta un panorama mucho peor. En 2002, el Estado pagó $750 millones por ese campo y se lo entregó a la comunidad Juan Ahilla Varela. Se trataba de uno de los primeros polos de la región donde se cultivaron arándanos, manzanos y cerezos. Hoy, el predio se observa deshabitado y no se ven cultivos.
A metros de distancia, los antiguos dueños del fundo Ginebra, Pedro Nickelsen y Gerardo Jekier, mantienen un predio de similares dimensiones, donde producen avena, trigo, manzanas, arándanos, dan trabajo a 550 temporeros y tienen 60 empleados de planta.
En la vecina comuna de Victoria, en tanto, se encuentra el fundo Almahue. En 2001, el Estado compró esas 634 hectáreas en $889 millones y se las entregó a la comunidad Juan Caniuleo Pinoleo II. El presidente, su mujer y su hijo son los únicos que habitan y trabajan permanentemente en estas tierras. Viven en una mediagua sin luz, agua ni baño.
El comunero explica que la mayoría de las 43 familias que componen la comunidad vienen sólo de vez en cuando, puesto que se emplean en otros fundos o en las forestales. Por lo mismo, preferiría parcelar el predio y que cada uno se hiciera cargo.
En el fundo Santa Margarita, en tanto, los comuneros no permiten el ingreso de extraños y es el único de los predios visitados que presenta portones y cercas bien vigiladas. Se trata de un campo de 458 hectáreas que el Fisco compró a Jorge Luchsinger en $2.617 millones. Era un fundo destinado a praderas de pastoreo y cultivos estivales. Hoy, los potreros se ven degradados y se distinguen pequeñas chacras.
Del otro lado de una cerca de alambres de púa, un comunero aclara que no hablan con extraños, que no necesitan nada del Estado de Chile y, de pasada, alega que el fundo que les entregaron tiene poca agua de riego; pero, a la vez, reconoce que en todo este tiempo nunca han limpiado los canales, porque las lluvias han sido generosas.
En la comuna de Victoria, la comunidad Andrés Calbuñir presenta un caso distinto. En 2006, el Fisco compró el fundo El Maitén (677 hectáreas) por $1.320 millones. En estos años, sólo dos de las 43 familias beneficiarias se han instalado en el terreno. Sin embargo, para el presidente Pedro Hueiquiñir esto no representa ningún problema.
Vive en la antigua casa patronal y dice que el fundo se parceló para que cada socio se hiciera responsable.
