domingo, 15 de agosto de 2010
Pablo Obregón y Carla Gardella
Economía y Negocios
En 2007, el metal alcanzó un precio promedio de US$ 3,2 la libra. Ese año, 40 mineros murieron por accidentes de trabajo, cifra que no se veía desde los 90.
La bonanza que ha experimentado una parte del país gracias a los extraordinarios precios del cobre ha venido acompañada de un efecto dramático: el número de mineros fallecidos se elevó a niveles que no se veían desde mediados de los 90, cuando morían del orden de 40 trabajadores al año en este sector. Las tasas oficiales de fatalidad dan cuenta que cada día muere 1,1 trabajador en Chile, ya sea en la obra o en el trayecto.
La relación entre precio del metal y las tasas de fatalidad son claras: hasta el año 2002, el cobre se transaba en torno a los US$ 0,8 la libra, y las estadísticas oficiales daban cuenta de 28 accidentes con resultados fatales.
A partir de entonces comienza el boom de la actividad, las empresas grandes, pequeñas y medianas aceleran el tranco, aumentan sus dotaciones y los accidentes se multiplican.
Es así como en 2007 el cobre alcanzó un precio promedio de US 3,2 por libra, situación que reportó a las mineras excedentes por US$ 22.300 millones y al Estado, una recaudación de impuesto de US$ 6.200 millones.
Por esos mismos años, los mineros rompían todos los récords en materia de beneficios, alcanzando bonificaciones del orden de $15 millones cada uno por fin de conflictos y por el mayor precio del metal. La contracara fueron los accidentes fatales.
La mayor demanda de mano de obra por parte de las mineras suele cubrirse con trabajadores subcontratados con escasa experiencia en seguridad minera. De hecho, de todos los mineros accidentados en 2007 -año en que el cobre alcanzó un promedio de US$ 3,2 por libra-, sólo 872 eran trabajadores de planta y 1.040 subcontratados.
A estas cifras hay que sumar todo un universo de personas que, aunque prestan servicios a la minería, son contabilizadas como trabajadores de otros rubros. Los trabajadores de las empresas de transportes o de montaje industrial que se accidentan en un yacimiento no son considerados mineros, puesto que el criterio que se utiliza para efectos estadísticos es el giro principal del empleador.
Además, en períodos de bonanza suele ocurrir que la pequeña y mediana minería retoman faenas en yacimientos que habían sido abandonados y que, con el paso del tiempo, fueron quedando obsoletos en materia de seguridad, explica el presidente de la Confederación Minera, Moisés Labraña.
Accidentes fatales de la pequeña y mediana minería triplican a los de la gran minería
La mina San José es una de las 35 empresas y 1.300 productores que a lo largo del país pertenecen a la categoría de mediana y pequeña minería. Si bien este sector representa sólo el 5,5% de lo que mueve esta industria en el país -US$ 42.350 millones anuales-, los estudios muestran grandes potencialidades en esta categoría minera.
Según el último informe de la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco), en la cartera de proyectos mineros de oro, plata y cobre, para el período 2010-2015, la mediana minería del cobre registraría un alza de 76%, pasando de US$ 85 millones a US$ 150 millones. No obstante, hay que tener en cuenta que estas cifras representan un 2,4% del total de inversiones que registraría la industria -US$ 50 mil millones- en ese período.
Aunque las diferencias entre la gran y mediana-pequeña minería son abismantes, la injerencia de estas últimas en la cantidad de trabajo que ofrece es importante. Y es que el año pasado más personas trabajaron en la categoría de las pymes mineras que en las empresas que pertenecen a la gran minería (92.624 versus 81.477 trabajadores). Incluso, se espera que este número crezca en 2010, ya que se proyecta que se sumarían aproximadamente 800 productores. Esto se daría por el regreso de cerca de 800 pirquineros o "mineros golondrina" - gente que entra y sale del negocio, dependiendo del valor del mineral- que se alejaron del negocio minero luego de la baja que registraron los precios de los commodities hacia 2009, y que volverían este año producto de la recuperación.
Las cifras muestran que los accidentes fatales en la pequeña y mediana minería (11 en 2009) triplican a los de la gran minería (4). Aun así, los de la actividad artesanal superan con creces al resto. En 2009 registraron 20 fallecidos.
Riesgo y salarios no van de la mano
Salvo excepciones, no existe una relación directa entre los indicadores de riesgo, el número de fallecidos y las remuneraciones promedio de las distintas industrias. Es así como la construcción es el sector que registra el mayor número de accidentes fatales al año (94 notificados en 2009) y, sin embargo, su indicador de riesgo y sus remuneraciones promedio no son de las más altas del sistema. Es más, si después de dos años de funcionamiento las empresas de este sector demuestran un buen comportamiento, pueden rebajar su indicador de riesgo al mínimo que define la ley y, con ello, abaratar las cotizaciones que hacen al sistema de mutuales.
Lo mismo ocurre en el transporte. Cada año mueren 81 empleados de este sector y, sin embargo, sus remuneraciones promedio están entre las más bajas de todo el espectro productivo. El único sector donde el riesgo está incorporado en las remuneraciones es la minería. Tal como advierte Marcelo Albornoz, tradicionalmente los sindicatos de la gran minería imponen normas de seguridad, para luego transformarlas en bonos. Es lo que ha ocurrido con los beneficios relacionados con el trabajo en altura, por citar un ejemplo.
443 trabajadores fallecen al año en Chile
Hasta el año 2008 se suponía que eran menos. Las estadísticas hablaban de unos 250 al año, cifra que nos situaba entre los países más exitosos del mundo en materia de prevención de riesgos. Incluso hace ya cinco años la Subsecretaría de Previsión Social y la Dirección del Trabajo realizaron un acto público para informar que, en 2005, el país había cerrado con un registro histórico de 214 accidentes con resultado de muerte.
A partir de 2009, no obstante, el panorama cambió: el nuevo Instituto de Seguridad Laboral del Estado comenzó a contabilizar a una parte de los trabajadores que no estaban protegidos por el sistema privado de mutuales (empleadas domésticas y dependientes de pequeñas y micro empresas, entre otros), y, con ello, cientos de accidentes que antes pasaban desapercibidos se hicieron visibles para efectos estadísticos.
Esto, sin contar a todos los informales y a la inmensa mayoría de los independientes que todavía optan por no cotizar. Se trata de un gran número de personas que hoy están en una zona gris: 1,4 millones de independientes y 336 mil pequeños y medianos empleadores que hasta ahora no entran en las estadísticas oficiales.
La reforma previsional entregó a estas personas la posibilidad de cotizar voluntariamente en alguna de las mutuales o en el sistema estatal. Sólo a partir de 2012 tendrán que afiliarse obligatoriamente al sistema -privado o público-, y recién en ese minuto se sabrá a ciencia cierta cuántos chilenos mueren al año a causa de un accidente de trabajo.
Hasta 2008, el sistema era gestionado por las tres mutuales tradicionales -Asociación Chilena de Seguridad, Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Seguridad del Trabajo- y daba cobertura a más de 3 millones de asalariados, en su gran mayoría dependientes de empresas grandes y medianas.
En paralelo, se suponía que el INP llevaba un registro acabado de los trabajadores no cubiertos por las mutuales, pero no era así.
Tal como advierte la fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, Lucy Marabolí, recién a partir de 2009 comenzaron a contabilizarse los accidentes de los trabajadores cubiertos por el sistema estatal. Ese año, el INP se divide en dos agencias especializadas: una dedicada al pago de pensiones, y otra a administrar el seguro de accidentes del trabajo.
Todas las empresas formales deben cotizar un mínimo de 0,95% de la remuneración imponible de sus trabajadores en cualquiera de las mutuales de seguridad. Dependiendo del nivel de riesgo de cada actividad productiva, las empresas nuevas deben pagar una tasa adicional que va de cero a 3,4%. En este último caso se sitúan la minería, el transporte y la construcción.
Indicadores obsoletos
Cada dos años, las empresas pueden disminuir o subir sus respectivas tasas de cotización, de acuerdo con los indicadores reales de accidentabilidad.
El problema es que el decreto que fija las tasas adicionales tiene más de veinte años de antigüedad, según reconoce Jaime Peirano, gerente División Seguro Mutual de Seguridad de la CChC.
Eso explica que en la tabla que determina el nivel de riesgos de cada actividad aparezcan tareas como la fabricación de chicha y no se especifiquen varios sectores emergentes, como la salmonicultura por ejemplo, aun cuando entre 2005 y 2007 murieron treinta y ocho trabajadores de esa industria.
