miércoles, 04 de agosto de 2010
Economista y socio de Econsult.
José Ramón Valente
La posible extensión del posnatal o permiso parental debe establecerse en términos tales que las mujeres que no quieran acceder a dicho beneficio puedan tomar libremente dicha decisión.
Tuve el privilegio de formar parte de la comisión presidencial Mujer Trabajo y Maternidad, cuyas propuestas se dieron a conocer esta semana. No pretendo entretenerlo en esta columna con un detalle de dichas propuestas que Ud. puede encontrar en la página web de la comisión y del Sernam. Pero sí me parece interesante, y espero que a Ud. también, compartir un aspecto específico de la discusión, que entre muchos otros, se dio en el seno de dicha comisión.
¿Ha escuchado hablar alguna vez de beneficios o derechos irrenunciables? De acuerdo con los expertos, nuestra legislación laboral está enteramente construida sobre la base de este principio. Por lo mismo, establecer un beneficio laboral que sea renunciable, es decir, que el trabajador pueda decidir libremente si quiere o no tomar dicho beneficio, sería una verdadera herejía.
A primera vista no parece haber ningún problema con este concepto. ¿Qué más da que alguien no pueda renunciar a algo que es bueno para él o ella? Por ejemplo, ¿quién podría oponerse a un trabajo en el que le ponen como condición aceptar un auto de regalo?
El problema es que los beneficios laborales no son equivalentes a autos regalados. Específicamente, a diferencia de un auto regalado que sólo tendría beneficios para quien lo recibe, el beneficio de pre y posnatal pueden también tener costos importantes para las mujeres. Si bien el Estado cubre el 100% del salario de la mayoría de mujeres (todas las que ganan aproximadamente $1,4 millones mensuales o menos) mientras dura su descanso pre y pot natal, que hoy es de 18 semanas, a las mujeres les está prohibido por ley trabajar.
No es difícil imaginar que la ausencia del trabajo durante un lapso prolongado de tiempo puede erosionar las habilidades laborales de las mujeres e impedirles aumentar dichas habilidades, lo cual probablemente terminará teniendo un impacto negativo en sus salarios y en su desarrollo profesional y laboral.
Tampoco es difícil entender las dificultadas y costos (distintos del salario) que enfrenta un empleador al tener que reemplazar una trabajadora mientras se toma su licencia maternal. En este contexto, es perfectamente plausible que las licencias de pre y posnatal, unidas a otros beneficios laborales supuestamente diseñados para beneficiar a las mujeres, tales como el fuero materno de un año y el intensivo uso y abuso de la licencias por enfermedad grave de un hijo menor de un año, terminen mermando las posibilidades laborales de las mujeres.
Cabe recordar que el desempleo femenino supera ampliamente al de los hombres y se empina por sobre el 10%, y que la participación laboral de las mujeres en Chile es de apenas un 45%, una de las más bajas de América Latina y la OCDE.
No importa si la mujer se siente bien o mal; no importa si la mujer trabaja sentada en un escritorio o cosechando lechugas, o si la guagua nació sana o enferma. Alguien ya decidió que ellas no pueden trabajar durante aproximadamente 4,5 meses (6 semanas antes del parto y 12 semanas después del nacimiento de su guagua). Si el posnatal se ampliara a seis meses, a menos que las mujeres pudieran renunciar libremente a dicho período adicional, esta prohibición llegaría aproximadamente a 32 semanas o cerca de 7,5 meses.
La posible ampliación del período posnatal fue uno de los temas discutidos extensamente durante los tres meses de trabajo de la comisión, y probablemente ha sido también el de mayor difusión en los medios.
La disposición de prácticamente la unanimidad de los miembros de la comisión era en principio considerar la ampliación del posnatal en un número tal de semanas que agregadas a las actuales, a la flexibilización del período prenatal y a la posibilidad de tomarse dicho beneficio en jornadas parciales, podría haber llegado y superado los seis meses.
Sin embargo, el paradigma de los beneficios irrenunciables se interpuso en el camino. Como resultado de lo anterior, la comisión no entregó una propuesta única sobre la materia, sino varias alternativas con distintos grados de respaldo cada una.
A algunos de los miembros de la comisión, entre los que me incluyo, nos pareció inaceptable proponer un aumento del posnatal a cambio de que las mujeres cedan su libertad de elegir cuándo quieren reincorporarse a su trabajo. Quienes proponen que este beneficio sea irrenunciable, como todos los beneficios laborales, lo hacen de buena fe.
Su visión es que la disparidad en la posición negociadora de empleadas y empleadores es en la mayor parte de los casos tan desbalanceada a favor de los segundos, que una ampliación del posnatal en calidad de renunciable es una quimera.
Para quienes abogamos por un beneficio en el cual la mujer pueda decidir si lo acepta o no, un país que quiere erradicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, un país que pretende alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza en la próxima década, un país que anhela aumentar la calidad de la educación de sus jóvenes para que puedan acceder a más y mejores alternativas de empleo y de salario, no puede plantear una modificación legal que entregue beneficios a las mujeres sólo si éstas aceptan reducir su libertad.
Con qué derecho un grupo de intelectuales o políticos pueden obligar mediante una ley a todas las mujeres de Chile a quedarse en la casa sin trabajar durante más de siete meses y medio y potencialmente truncar sus carreras profesionales y su desarrollo laboral por haber osado decidir ser madres. Las cadenas podrán ser de plata, pero son cadenas al fin.
