lunes, 12 de julio de 2010
Jéssica Esturillo
Economía y Negocios
El análisis de la DGA responde a los reclamos judiciales que fueron presentados por algunos de los afectados.
El análisis de las actuales autoridades amenaza con echar por tierra uno de los ejes de la reforma del agua que impulsó la ex Presidenta Michelle Bachelet, y cuyo principal elemento era darle rango constitucional a este recurso, al igual que los hidrocarburos.
Ello porque la Dirección General de Aguas (DGA), liderada por Matías Desmadryl, está evaluando los fundamentos que la administración anterior usó para dictar 11 decretos -entre diciembre y febrero pasados- para reservar caudales en igual número de cuencas en el sur del país, con el objeto de cautelar la conservación ambiental y el uso turístico de las zonas en cuestión.
En virtud de esta medida, las autoridades de la época denegaron un número importante de solicitudes de uso no consuntivo de aguas, varias ligadas a desarrollos hidroeléctricos.
"El análisis de la DGA muestra que desde el río Tinguiririca (VI Región) al sur no hay problemas de disponibilidad de agua, por lo que no debieron restringirse cuencas, y por esa razón se está revisando el criterio utilizado para dictar esos decretos", dijo una alta fuente del MOP.
Los estudios se iniciaron a raíz de las acciones judiciales interpuestas por quienes enfrentaron el rechazo de sus solicitudes.
Y trascendió que el Ejecutivo optaría por anular los decretos, lo que implicaría constituir todas las peticiones que fueron negadas.
Lo anterior, pues se habría concluido que las resoluciones están fundadas en un artículo del Código de Aguas que no está relacionado con el cuidado del medio ambiente.
"Para proteger el medio ambiente se debe aplicar el artículo 129 bis 1, que consagra la fijación de caudales ecológicos mínimos. Sin embargo, en estos decretos se usó el artículo 147 bis, que permite reservar caudales cuando el abastecimiento de la población está en riesgo o bien por circunstancias excepcionales o de interés nacional", explicó el abogado Alejandro Vergara, profesor de la Universidad Católica.
Estas últimas, de acuerdo con el también socio del estudio Vergara y Cía., guardan relación con la seguridad nacional o alguna que cubra los intereses de todo el país.
El profesional estima que lo anterior implica que los decretos que firmó el entonces ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, deberían ser invalidados por el actual titular de esa cartera, Hernán de Solminihac.
"No es ilegal"
Por su parte, el ex titular de la DGA, Rodrigo Weisner, descartó la existencia de ilegalidad.
"Los decretos pasaron los controles de legalidad y fueron tomados de razón, y por eso este acto no es ilegal, y una cosa diferente es que el nuevo gobierno piense distinto", señaló.
Explicó, además, que el criterio de interés nacional sí se cumplió, porque uno de los intereses del Gobierno es fomentar el turismo como una industria y el desarrollo hidroeléctrico en esos puntos atentaría contra ese objetivo.
Además, señaló que la excepción se cumple porque de las 400 cuencas que hay en el país, las once reservadas tienen características de calidad de agua y valor escénico que las hacen únicas en su tipo, y por ello se determinó que debían mantenerse inalteradas.
