jueves, 06 de mayo de 2010
Silvana Celedón y Lina Castañeda
El Ejecutivo llamó a los parlamentarios a dar una rápida aprobación al paquete de medidas fiscal que no contempla un mecanismo de depreciación acelerada, a pesar de que este beneficio tributario contaba con el apoyo de los ministros de Hacienda y Economía.
Finalmente ayer el Presidente Sebastián Piñera despejó una de las principales dudas tras el terremoto del pasado 27 de febrero: el plan de financiamiento de la reconstrucción. "Finalmente, es el Presidente de la República el que resuelve". De esta forma, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, resumió ayer -tras la presentación del proyecto de ley de financiamiento de la reconstrucción- la visión que primó en el diseño del plan fiscal dado a conocer ayer en La Moneda. En una opinión preliminar hasta no conocer completo el texto del proyecto presentado al Congreso, economistas y expertos tributarios se refieren a la propuesta de financiamiento de la reconstrucción.
A juicio del Jefe de Estado se trata de un paquete fiscal "integral" y que apunta a recaudar los US$ 20 mil millones necesarios para cumplir "con eficacia" un triple desafío, en referencia a los recursos que se requieren para levantar el país, más los desembolsos que implican el programa de gobierno y el déficit estructural en torno a 1,2% del PIB.
Nueve son las fuentes de recaudación: crecimiento económico; reasignaciones por US$ 730 millones; Ley de Donaciones; reducción de la evasión tributaria; venta de activos prescindibles; emisión de deuda interna y externa (bono en dólares por US$ 1.000 millones y bono en pesos por US$ 500 millones); Fondo de Estabilización Económico y Social; un componente tributario y US$ 1.200 millones provenientes de los fondos de la Ley del Cobre.
Sobre estos dos últimos aspectos, el Gobierno adelantó recién ayer los detalles y modificaciones que considerará el proyecto de ley que ingresó el miércoles a las 19:30 horas a tramitación legislativa (hoy será revisado en la sala y la comisión de Hacienda lo hará el lunes próximo).
1. Alza transitoria del Impuesto de 1° Categoría
Se hará efectiva en los años calendarios 2011 y 2012.
2. Régimen del nuevo artículo 14 Quáter
La iniciativa legal introduce el artículo 14 quáter, en virtud del cual las micro, pequeñas y medianas empresas quedarán exentas del pago del Impuesto de Primera Categoría cuando reinviertan sus utilidades y hasta por un monto de 1.440 Unidades Tributarias Mensuales Anuales. Para ello, deben declarar renta efectiva según contabilidad completa y sus ingresos totales de giro no deben superar las 28 mil unidades tributarias mensuales, entre otros requisitos.
3. Adecuaciones del Impuestos Específico a la Minería
Lo que propone es un cambio voluntario. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que actualmente tenemos un régimen con invariabilidad tributaria y lo que se propone es una tasa de impuesto específico variable que va entre 3,5% y 9%, es decir, que depende de los ciclos de la industria, y que regiría hasta 2012. Luego, "tendríamos la tasa actual y en 2018 hasta 2025 se extiende la invariabilidad tributaria sujeta" a la tabla definida por el gobierno, explicó.
4. Rebaja en Timbres y Estampillas
Reducción permanente del impuesto a 0,6%, el cual debiera haber subido a 1.2% el 1 de julio de 2010.
5. Límites a los depósitos convenidos
Se establece un límite al beneficio tributario, que hoy no tienen tope. El límite anual propuesto es de 900 UF.
6. Modificación al Impuesto al Tabaco
Aumento de tasa ad valorem a 62,3% y creación de un componente específico de $50 cada 20 cigarrillos.
7. Sobretasa al impuesto territorial
Cobro de una sobretasa adicional de 0,25% anual a bienes raíces con avalúo fiscal superior a $96 millones durante 2011 y 2012. En el caso de inmuebles reavaluados este año, el proyecto fija normas transitorias para los bienes raíces no agrícolas -que como resultado del reavalúo que rige a partir del 1 de enero de este año- al primer semestre de este año hayan tenido un aumento de las contribuciones superior a un 25% respecto del semestre anterior. Ellos se regirán por el procedimiento establecido en el artículo 3º. de la Ley 17.235 y se aplicará hasta el primer semestre de 2012 con un incremento semestral de hasta 10% en la contribución.
Excepción a tercera edad
El proyecto exime de esta sobretasa a las persona de la tercera edad con ingresos más bajos. El ministro de Hacienda explicó que hay cuatro requisitos para que puedan evitar este pago: ser propietario del bien raíz por más de cinco años, no haber pagado impuestos durante el año anterior por rentas superiores a 1.050 UF, no ser propietario de dos o más inmuebles a los que se aplica la sobretasa y que su avalúo fiscal no exceda las 9.100 UF.
Posturas políticas primaron por sobre la opinión de los ministros económicos
Fontaine y los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de la Presidencia, Cristián Larroulet, habían insistido sobre la necesidad de incluir la depreciación acelerada en la iniciativa legal. Fue el jefe del equipo económico quien lideró las conversaciones con el Mandatario antes de su partida a la Cumbre de la Unasur, siendo uno de los principales argumentos de Larraín que si no se contemplaba en el plan de financiamiento el polémico beneficio tributario, luego sería más compleja su tramitación legislativa como un proyecto individual. Pero no tuvieron éxito.
Tras la presentación del proyecto, el ministro de Economía fue explícito a la hora de plantear las discrepancias que existieron en el diseño de la iniciativa al señalar que "la decisión del Presidente es producto de un análisis luego de diferentes opiniones de ministros". Sobre la exclusión del beneficio tributario, Fontaine explicó que esto radicó en "consideraciones estratégicas, en un momento en que la prioridad número uno es sacar adelante este proyecto".
Por su parte, Larraín -pese a enfatizar que el plan es "integral, potente y pro inversión"- reconoció que se modificó la carta Gantt inicial. "La depreciación acelerada fue parte de las herramientas que se consideraron, y finalmente, luego de haberlo contemplado, se decidió sencillamente no incluirla en el paquete", afirmó.
Acto seguido, el ministro de Hacienda dijo que Piñera le solicitó ayer liderar desde su cartera la agenda pro crecimiento y empleo del Gobierno, dentro de lo cual anticipó: "se considerarán todos los elementos del programa, y la depreciación acelerada es uno de ellos". Dicho anuncio, de acuerdo a fuentes del oficialismo, apuntó a que Larraín solicitó al Presidente agilizar este tema, dado que para el jefe de las finanzas públicas era necesario tener una respuesta frente a la UDI y el sector empresarial, con quienes había asumido un compromiso.
Visión gremial
Clave era para el empresariado que el Gobierno impulsara la depreciación acelerada dentro del plan de financiamiento de la reconstrucción. Así lo hicieron saber los gremios desde que las actuales autoridades definieron un alza transitoria en el Impuesto de Primera Categoría, bajo el argumento de que el señalado beneficio tributario era fundamental para impulsar en el corto plazo la reposición del stock de capital dañado por el terremoto.
Es por ello que ayer los representantes de este sector lamentaron que el Ejecutivo optara por excluir el mecanismo del paquete fiscal, así como también los resultados del debate político que se generó durante los últimos días, advirtiendo que no estarían los votos de la Concertación si el proyecto incluía la polémica medida.
El presidente de la Sofofa, Andrés Concha, si bien señaló que el proyecto "responde a la estructura previamente esbozada por las autoridades", advirtió que la exclusión de la medida "debilita la posibilidad de adelantar inversiones adicionales a las necesarias para reconstruir la infraestructura deteriorada por el sismo". De hecho, planteó la necesidad de abordar este tema en la agenda corta del Gobierno, pues a su juicio, "sin duda que la economía requiere de este tipo de estímulos para poder sustentar la tasa de crecimiento sostenida del 6% propuesta por el nuevo Gobierno".
En tanto, el presidente de la Asociación de Empresas Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Ernesto Escobar, afirmó que "hubiera sido positivo incluir en el proyecto una medida que ayuda a muchos industriales medianos, pequeños y grandes a reponer su infraestructura productiva dañada por el terremoto, ya que las empresas han tenido que enfrentar una serie de gastos no presupuestados; sin embargo, ello no ocurrió"
La primera lectura de analistas y expertos tributarios al proyecto
Para los analistas, el tema más discutible, que era la depreciación acelerada, se dejó fuera y para Hacienda era fundamental para compensar el efecto negativo sobre la inversión que implica subir el impuesto de primera categoría que grava las utilidades de las empresas, dice el economista y consultor Patricio Rojas. "Primaron las consideraciones políticas para que el paquete no quede entrampado en el Congreso", señala.
Los cambios introducidos a la fórmula inicialmente considerada para subir el impuesto al tabaco va claramente en la línea de hacerlo factible, agrega. Haber subido el gravamen a un 67% implicaba un alza en los cigarrillos que para la industria no era posible sostener, dice.
Excluir la depreciación acelerada constituye un "grave error", apunta Bettina Horst, subdirectora de LyD. Esta iniciativa está en el programa de Gobierno como uno de los pilares para lograr un crecimiento económico que genere un millón de empleos, por lo que considera la decisión muy negativa para las expectativas y el desarrollo del sector privado.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que la iniciativa sigue vigente a futuro. Horst replicó: "palabras son palabras, hay que basarse en hecho concretos". Reparó además en que la ampliación del artículo 14 bis dejará a muchas pymes sin el beneficio tributario porque se les está exigiendo contabilidad completa y hasta ahora procedía la contabilidad simplificada.
Marcelo Laport, de PriceWaterHouse, dice que finalmente el proyecto se dejó con la finalidad única de recaudar y antes buscaba también estimular la inversión. Limitar los beneficios del DFL2 puede tener efecto en las costumbres de los consumidores, en los bienes que se construyan y también en el costo, agrega. Y considera relevante que se considere la situación de la tercera edad en el caso del alza de las contribuciones.
Pablo Vera, director de Tax & Legal de Deloitte, ve poco sentido en poner un tope a los depósitos convenidos porque el monto por recaudar es muy bajo.
