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La otra agenda: política económica post terremoto

martes, 27 de abril de 2010




La situación de las finanzas públicas hacía posible enfrentar los requerimientos de recursos públicos provocada por el terremoto sin necesidad de llevar a cabo alzas de impuestos.

La decisión del Gobierno de elevar algunos impuestos para financiar los gastos del plan de reconstrucción tras el terremoto del pasado 27 de febrero, ha dado origen a un intenso debate, el cual ha incluido tanto consideraciones técnicas como políticas. De hecho, cabe suponer que el análisis parlamentario del correspondiente proyecto de ley servirá para que los diferentes sectores enfaticen su visión respecto a cómo deben ser enfrentados los principales desafíos de la agenda de políticas públicas.

Mejor uso de recursos
Así, mientras para algunos sectores se debe sostener un alza en la carga tributaria para enfrentar, a través de un mayor gasto fiscal, los desafíos pendientes en materia de educación, salud y otros problemas, otros insistirán en la necesidad de elaborar una estructura de incentivos coherente con el mejor uso de los recursos -públicos y privados- frente a cada uno de los temas que dominan la agenda económico-social, antes de pensar en un mayor gasto y subir impuestos.

Desde mi perspectiva, la situación de las finanzas públicas hacía posible enfrentar los requerimientos de recursos públicos provocada por el terremoto, sin necesidad de llevar a cabo alzas de impuestos. Más aun, el fuerte aumento observado por el gasto fiscal en los últimos años -del orden del 10% promedio anual en los últimos cuatro años- dejaba el espacio para un mayor esfuerzo de reasignación de gastos y con ello del logro de una asignación más eficiente de los recursos públicos.

Además, las condiciones actuales de acceso al financiamiento con recursos externos de la economía chilena son inmejorables. Sin embargo, se optó por un camino diferente -el que si bien no comparto admito es técnicamente defendible- y dado ello, lo esencial es que la transitoriedad de las alzas de impuestos se cumpla.

Definida la estrategia de financiamiento del programa de reconstrucción, es importante que las actuales autoridades asuman con fuerza -a la brevedad- una agenda de estímulo al crecimiento, dejando claro en ello la necesidad de lograr un mejor uso de los recursos públicos, a través del diseño de una estructura de incentivos coherente con dicho objetivo. Algunos pasos en esta dirección fueron expuestos en la agenda de estímulo a las Pymes anunciada la semana pasada. No obstante, queda mucho por hacer en la construcción de una agenda amplia y efectiva.

El cambio de estrategia en el enfoque de las políticas sociales debe ser un objetivo prioritario de la actual administración, considerando que tras un persistente aumento del gasto fiscal en sectores como educación y salud -por señalar algunas de las áreas más sensibles- no se han logrado progresos acordes con la magnitud de los recursos comprometidos.

El logro de un aumento sostenido en los niveles de vida de la población requiere dejar atrás una dinámica política proclive a un mayor "activismo fiscal", cada vez que se identifica un problema relevante dentro de la agenda de políticas públicas. En efecto, la recuperación de altas tasas de crecimiento atraviesa por la configuración de un cuadro favorable a dar un salto en materia de productividad.

La persistente caída de la eficiencia global que muestra la economía chilena en los últimos años hace imprescindible poner en un lugar prioritario dentro de la agenda de políticas públicas el establecimiento de medidas conducentes a revertir dicha situación y elevar con ello el potencial de crecimiento del producto, el empleo y los salarios.

Lo anterior requiere de un estricto proceso de evaluación de un vigoroso gasto fiscal, de la gestión de las empresas públicas y del marco regulatorio dentro del cual se desenvuelve la actividad productiva.

Fuerte ideologismo
La discusión pública que se ha originado en el proceso de configuración de una estrategia de respuesta a las necesidades que creó el terremoto ha dejado una vez más al descubierto el fuerte grado de ideologismo que aún prevalece en importantes grupos de la sociedad. Así, por ejemplo, la posibilidad de evaluar la privatización de empresas públicas o de avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral aparecen -para ciertos sectores- como ideas que ni siquiera ameritan ser discutidas. Ello no obstante que la realidad muestra que en economías con gobiernos de diferente orientación política -incluyendo el gobierno de centro izquierda de Brasil- han logrado privatizar, al menos parcialmente, emblemáticas empresas públicas, en la búsqueda de una asignación más eficiente de recursos.

El logro de mayores tasas de ocupación, especialmente entre los jóvenes de baja calificación, requiere introducir un mayor grado de flexibilidad en el mercado laboral, lo que también provoca fuertes resistencias en las cúpulas sindicales y grupos políticos. Ello no obstante el generalizado propósito de reducir la pobreza y elevar las oportunidades de progreso en los grupos más desposeídos que proclaman los diferentes actores del debate público.

Avanzar en la configuración de una efectiva agenda pro crecimiento no será sencillo. Como se indicó, ello requerirá de una gran capacidad de persuasión y energía por parte de las autoridades. De hecho, muchas economías arrastran por largo tiempo un pobre desempeño económico, desigualdad y tensiones sociales, debido a la carencia de acciones efectivas de remoción de aquellas barreras al progreso que se sostienen en una visión ideológica de las opciones de políticas públicas, o bien, en la imposibilidad de exponer con claridad a la opinión pública los costos sociales de regulaciones que benefician exclusivamente a grupos con una efectiva capacidad de presión.

El terremoto y sus efectos seguirán ocupando un papel protagónico dentro del debate público de los próximos meses y tal vez años. Sin embargo, es necesario que la aplicación de acciones efectivas para remediar los daños materiales ocasionados por dicho episodio, no impida estructurar políticas e instituciones que reimpulsen el crecimiento de la economía chilena.

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