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55% de los ejecutivos aún desconoce ley que hace responsable a las empresas

viernes, 26 de marzo de 2010

Natalia Becerra
Economía y Negocios

A casi cuatro meses de entrar en vigencia, la norma, que incluso puede llevar a la disolución de una firma, aún es desconocida para la mayoría.

En 2006, el conglomerado alemán Siemens se vio envuelto en uno de los escándalos de cohecho más grandes del mundo, al destinar cerca de US$ 1.400 millones en sobornos a funcionarios extranjeros, para la adquisición de contratos.

Dos años después, la justicia no sólo condenó a las personas detrás de las operaciones, sino que la empresa también tuvo que pagar más de US$ 1.000 millones en multas, por la falta de supervisión a sus directores.

En Chile, en cambio, esto no hubiese sido posible, ya que hasta diciembre del año pasado, la ley estipulaba que la responsabilidad, en los delitos de cohecho (soborno), lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, se extendía únicamente a las personas involucradas en el ilícito, y no a las empresas.

El ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso en el tapete la necesidad de cambiar la legislación, haciendo posible la incorporación de la nueva ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Sin embargo, a casi cuatro meses de entrada en vigencia de la normativa, el concepto aún resulta lejano para la mayoría de las organizaciones chilenas.

Así lo demuestra la encuesta realizada por Generación Empresarial, donde el 55%, de los más de cien ejecutivos encuestados, aún no conoce los alcances de la normativa.

"Teníamos altas expectativas de que las empresas reaccionaran en diciembre, cuando la ley se aprobó, pero no ocurrió. En marzo, la demanda por reuniones ha comenzado a aumentar considerablemente", aseguró Emerson Bastian, gerente de Riesgo de Deloitte.

La nueva regulación establece un modelo de prevención de delitos y la certificación de éste por parte de una empresa especializada, lo que si bien no es mandatorio -excepto en casos riesgosos, como por ejemplo, bancos y contratistas públicos-, permite eximir a la entidad de responsabilidad, en el caso de verse expuesta a alguno de estos ilícitos. Pese a ello, sólo el 29% de ellas reconoce haber introducido los cambios recomendados en la ley.

Al respecto, Bruno Krumenaker, presidente de Generación Empresarial, considera imprescindible que las compañías comiencen a implementar mecanismos de prevención. "La adopción de la ley debería materializarse en base a un deber de prudencia hacia los diversos grupos de interés con los que se relacionan las empresas, sean éstos sus propietarios, empleados, clientes o proveedores", comentó el experto.

Sí a la prevención
A diferencia de la mayoría, algunas firmas sí se han ajustado a la norma, incluso desde antes de que el país la exigiera. Uno de estos casos es Laboratorio Chile. "Mucho antes de la entrada en vigencia de la ley comenzamos a implementar medidas internas. Establecimos sistemas de control para minimizar el riesgo de delitos y garantizar el cumplimiento de los deberes y supervisión", dijo José Luis Cárdenas, gerente de Asuntos Legales del laboratorio.

A su vez, Siemens Chile parece haber aprendido la lección. Desde hace unos años acogieron los lineamientos de la OCDE y hoy, tras la puesta en marcha de la ley, han recurrido a la ayuda de expertos. "La empresa está trabajando con asesoría externa en la implementación de un sistema de prevención y evaluando la certificación de auditores especializados", confirmó Juan Ignacio Díaz, fiscal corporativo de Siemens.

Pymes en problemas
Los costos de ajustarse a la nueva iniciativa parece perjudicar a las empresas más pequeñas. Pese a que éstos dependen del tamaño, capacidad económica y niveles de riesgo de cada compañía, algunos expertos aseguran que sólo la puesta en marcha del mecanismo podría alcanzar valores de hasta $84 millones.

Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo, señaló que una salida a este problema podría ser la creación de una cadena de responsabilidad, donde pequeñas entidades sean amparadas por los conglomerados que contraten sus servicios.

Krumenaker agrega que se deberían establecer, para las pymes, criterios de tarificación y protocolos estandarizados de certificación que consideren sus distintos tamaños y áreas de actividad, con el fin de generar licitaciones grupales que les permitan acceder a mejores condiciones.

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