martes, 16 de febrero de 2010
Francisco Rosende, Decano de la facultad de Economía de la Universidad Católica
Economía y Negocios
La recuperación de altas tasas de crecimiento requiere de un conjunto de ideas, claras y precisas, que sustenten la adopción de medidas en este sentido.
El Presidente electo -y quienes lo acompañarán en la gestión económica de su gobierno- ha insistido en la importancia de impulsar la tasa de crecimiento del producto por habitante en los próximos años, de manera que nuestro país pueda lograr un nivel de desarrollo significativo en un breve plazo.
La consecución de este objetivo requiere de una activa gestión de las políticas públicas con el propósito de elevar la eficiencia global de la economía. De hecho, sin un aumento importante y persistente de la productividad global parece difícil que se puedan lograr tasas de crecimiento elevadas -digamos de 5% o más- en los próximos años.
La mencionada agenda de estímulo al crecimiento debe incluir acciones conducentes a aumentar la eficiencia del marco regulatorio, de la gestión del gobierno central, y en especial, de las empresas públicas. Por otro lado, una activa defensa de la competencia y la flexibilidad de los mercados son componentes importantes dentro de dicha agenda.
Un ingrediente fundamental dentro de una estrategia dirigida a impulsar la tasa de crecimiento es el mejoramiento de la calidad de nuestro sistema educacional, especialmente en lo que se refiere a la educación municipalizada y subvencionada.
Al respecto, cabe recordar, sólo a modo de referencia, que en 1999, cuando se pensaba que la crisis asiática era sólo una pausa dentro de un acelerado proceso de crecimiento de nuestra economía, el economista de la Universidad de Harvard, Robert Barro, publicó un estudio advirtiendo la limitación que planteaba un deficiente sistema educacional para el logro de dicho objetivo. Diez años después, ese pronóstico se ha cumplido plenamente, mientras que las tareas en materia educacional siguen pendientes.
La pregunta clave es por qué ocurre ello, considerando que en pocas materias existe tanta coincidencia a nivel técnico como en lo que se refiere a la necesidad de adoptar urgentemente medidas que eleven la eficiencia de este sector.
La necesidad de mejorar la calidad de nuestra educación, de elevar la eficiencia de las empresas públicas y la flexibilidad de los mercados, especialmente del laboral, son elementos recurrentes dentro de cualquier estrategia de impulso al crecimiento, en Chile y posiblemente en cualquier economía en desarrollo. Luego, cabe preguntarse: ¿por qué entonces no se actúa con energía en dichos planos, ya sea privatizando -total o parcialmente- las empresas públicas, incorporar criterios de resultados en la gestión educacional o removiendo regulaciones que dificultan el acceso al empleo de trabajadores con baja calificación?
La realidad muestra que una amenaza recurrente al progreso, especialmente de los grupos más pobres y por lo tanto con menor capacidad de organización e influencia política, es el establecimiento de regulaciones o instituciones que benefician a un sector determinado, que tiene el poder político para sostenerlas, no obstante ello represente un perjuicio para la sociedad en su conjunto.
Esto en términos de una asignación de recursos menos eficiente y -junto con ello- una mayor desigualdad de oportunidades en la sociedad. Es lo que el Premio Nobel de Economía, Edward Prescott, ha llamado las "barreras al progreso".
Desde luego, el logro de una sociedad más dinámica e igualitaria exige de una estrategia inteligente y efectiva apuntada a remover tales distorsiones. De lo contrario, se corre el riesgo de ingresar en una senda claramente desestabilizadora para la sociedad en general y la economía en particular, en que la frustración que originan las desigualdades termina afectando la capacidad de sostener la estabilidad económica y política. Esto es lo que algunos han denominado como la "teoría de la bicicleta": o se avanza o se corre el riesgo de desestabilizarse.
Durante las últimas décadas nuestro país ha dado muestras de un manejo prudente y responsable de la macroeconomía, lo que se ha reflejado en el comportamiento de la inflación y en las cuentas fiscales. No obstante, no se ha observado la misma efectividad al momento de enfrentar las restricciones que han venido conspirando contra el logro de mayores tasas de empleo e inversión.
Como se indicó, las dificultades que se han observado para sostener una efectiva política de impulso al crecimiento no se origina en la ausencia de ideas y proyectos para alimentar ésta, sino en las dificultades políticas para remover aquellas barreras que -eficazmente defendidas por grupos de presión- impiden alcanzar un mejor uso de los recursos disponibles.
En esta perspectiva, una tarea prioritaria del nuevo gobierno consistirá en persuadir a la población de la importancia social del logro de elevadas tasas de crecimiento del producto y -a partir de ello- explicar convincentemente la forma en que diversos proyectos sectoriales se relacionan con dicho objetivo. Dentro de esta línea se inserta la búsqueda de mayor eficiencia de las empresas públicas junto con una reforma a la institucionalidad dentro de la cual se desenvuelve la educación a la que acceden los grupos más pobres de la sociedad.
La recuperación de altas tasas de crecimiento requiere de un conjunto de ideas, claras y precisas, que sustenten la adopción de medidas en este sentido. Sin embargo, no menos importante será la exposición de éstas a la opinión pública, sin cuyo apoyo será difícil derribar las barreras que impiden el crecimiento. Cabe así un papel fundamental dentro de la gestión económica de los próximos años a lo que el célebre economista, también Premio Nobel, George Stigler, llamó el rol del "economista como predicador".
