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La Concertación siempre se sintió algo violentada por el término "desalojo" acuñado por el senador Allamand. Aun cuando el citado senador básicamente se refería a la necesidad de un cambio en la administración del Estado, citando la incompetencia de la actual coalición gobernante en algunas materias y variados casos de corrupción, lo cierto es que el uso de la palabra "desalojo" causó escozor en las huestes gobiernistas por su dureza.
Pues bien, estando ya resuelto que Sebastián Piñera será el Presidente de Chile a partir del 11 de marzo próximo, el nuevo gobierno debe abocarse a cicatrizar las heridas, a olvidarse de cualquier desalojo -en el sentido literal y no figurativo de Allamand- y a apelar desde un comienzo a la buena voluntad de todos los sectores políticos para alcanzar la meta común de ser un país desarrollado dentro de la década que se inicia.
Ha sido el propio Piñera quien ha planteado reeditar la democracia de los acuerdos, de fecundos resultados en la gestión de Patricio Aylwin a comienzos de los 90, y que justamente se basó en la buena voluntad del gobierno y la oposición de la época para facilitar la transición hacia la normalidad de las instituciones democráticas.
Esta apelación del Presidente electo, claro, tiene dos dimensiones. La primera de ellas es práctica: su gobierno no tendrá mayoría en el Congreso y, en consecuencia, precisa de acuerdos con la futura oposición para sacar adelante proyectos de ley. A esto hay que agregar que se requiere de muchos profesionales y técnicos competentes y honestos en la administración pública y necesariamente varios de ellos serán partidarios de la Concertación, por su experiencia y conocimiento del aparato del Estado después de veinte años en el poder.
Pero la segunda razón, más importante, es que hay un espacio objetivo para los acuerdos en muchas de las propuestas emblemáticas de Sebastián Piñera por el simple hecho de que, con variantes, propuestas similares o con la misma inspiración se encontraban en el programa de gobierno de Eduardo Frei. Por ejemplo, ambos programas coincidían en el diagnóstico básico en cuanto a que, para retomar la ruta del crecimiento perdido, es imprescindible remontar la caída en la productividad agregada observada en los últimos diez años, y que, para ello, se requiere fomentar el emprendimiento, la innovación, la calidad de la educación y la inversión, así como modernizar la gestión del Estado.
Los puntos en común
Tanto Piñera como Frei proponían una reforma al Ministerio de Economía, ambos con el propósito de enfocarlo, más empoderado, en temas de emprendimiento e innovación. Aunque en el caso de Frei se iba más allá con propuestas en la línea de desarrollar una política industrial desde ese ministerio, hay un punto de partida común que puede explorarse con posibilidades de éxito.
En cuanto a la modernización del Estado, los dos programas contemplaban una agencia de evaluación ex post de las políticas públicas, aunque diferían respecto de la dependencia de dicha agencia (Piñera proponía que fuera autónoma, en tanto Frei que fuera parte de la Dipres), lo cierto es que el propósito compartido de mejorar el foco y la gestión de los programas del Estado debiera ser lo relevante para llegar a acuerdo en esta materia también.
En innovación había coincidencias relevantes; por ejemplo, para buscar la manera de hacer más operativa la ley que facilita la inversión en R&D de las empresas a partir de una rebaja de impuestos.
En educación hubo coincidencia en la oportunidad de instalar en regiones liceos que replicaran el modelo del Instituto Nacional para fomentar el acceso de estudiantes potencialmente talentosos a una instrucción de calidad.
En fomento a la inversión había amplio consenso en revitalizar el mecanismo de concesiones de obras de uso público, especialmente ahora que una nueva ley, consensuada entre el actual Gobierno y la Coalición por el Cambio, lo permite con una institucionalidad que deja más tranquilos a moros y cristianos.
Por otra parte, la propuesta de Piñera en orden a implementar un esquema de depreciación acelerada entre 2010 y 2012 -que trae no sólo más inversión, sino también maquinarias y equipos de mejor tecnología- tiene un precedente en una propuesta similar presentada por el ministro Velasco hace un par de años con el mismo propósito.
También es el caso que varias de las propuestas del Presidente electo se orientan en la dirección de fortalecer la red de protección social que articuló la actual administración Bachelet. Por ejemplo, en lo inmediato, el "bono marzo" llegará en un momento clave para muchas familias de ingresos bajos y medios, tanto por los gastos típicos de ese mes -escolares principalmente- como porque se anticipa al invierno que habitualmente trae una mayor escasez de empleos, agravado en la actualidad por la alta tasa de desempleo. El bono marzo es, además, la primera piedra del ingreso ético familiar, política que es una variante muy similar a lo propuesto por la Comisión Meller en 2008, entidad convocada por la Presidenta Bachelet y que consideró el trabajo de expertos de diferentes posiciones políticas.
Parecería incoherente entonces una postura contraria a estas propuestas de parte de la Concertación y difícil de entender por quienes se ven directamente beneficiados por ellas, que son a quienes apunta la red de protección social.
Con todo, sea que se llame democracia de los acuerdos 2.0 o democracia de la buena voluntad, todo el punto estriba en que estamos a poco más de un lustro de convertirnos en el primer país de esta parte del mundo que entra al club de las naciones desarrolladas, en el contexto de una democracia consolidada. El logro de ese objetivo es una meta de Estado a estas alturas, y sería una insensatez quemar el pan en la puerta del horno por simples cálculos políticos. Esta es la década del Bicentenario. ¿Qué mejor que remar todos en la misma dirección?