miércoles, 02 de diciembre de 2009
J. T. O.
Economía y Negocios
Rodrigo Sarquis, presidente de la asociación, criticó que se privilegie el ingreso a la OECD por sobre la defensa de una regulación de pesca en alta mar.
"Aquí el Gobierno no ha aplicado una mano dura, fundamentalmente con la Unión Europea, porque hay otros intereses dando vueltas". Crítica es la visión de Rodrigo Sarquis, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, respecto del rol que ha tenido el Ejecutivo para regular la pesca en alta mar.
-¿Por qué habla de "otros intereses dando vuelta"?
"Aquí, todo el mundo tiene claro que Chile tiene que buscar su ingreso a la OECD. Obviamente esto una prioridad política para el gobierno saliente y esto, desde la perspectiva nuestra, ha impedido que en materias pesqueras se asuma un rol más defensor de los recursos naturales nuestros, a causa de que no se quieren entorpecer las relaciones con Europa en un minuto en el cual se está decidiendo la entrada a Chile a la OECD".
-¿Y que es lo que piden como gremio?
"Mayor transparencia al Gobierno, de tal manera que explique con total claridad qué es lo que es esta organización, qué es lo que significa para el país, cuáles son los beneficios que vamos a tener y los costos, como lo está siendo esta mala negociación del sector pesquero".
-¿Qué le parece que no se aplique el Decreto 123?
"Hoy día los barcos pesqueros no deberían ingresar a nuestros puertos, pero estos son avituallados desde, fundamentalmente, el puerto de Valparaíso y son abastecidos en todos los insumos necesarios para la pesca. El gran responsable de la operación de esos barcos es la no aplicación del Decreto 123".
Y continúa: "El resultado práctico de esto es un ataque a la conservación, producto de la carrera olímpica que hay en alta mar".
Representantes
Otra de las críticas que se hace es la representación que tuvo Chile en las negociaciones, pues afirman que los personeros de gobierno no tuvieron la fuerza suficiente como para defender la industria chilena del jurel, que es capturado por flotas extranjeras que no aplican medidas de conservación.
"Hay una gran responsabilidad de los actores de Gobierno, fundamentalmente de los que participaron en 2006-2007 en estas negociaciones: el subsecretario (de Pesca) Carlos Hernández y el embajador Cristián Maquieira. Ellos son finalmente los responsables y la verdad que las malas negociaciones que se cometieron en esa época ya dejaron al país muy mal parado", sostuvo el presidente de Sonapesca, Federico Silva. "Me gustaría que tuviéramos más pantalones en este país para defender lo que nuestras propias normas dicen. Estamos en pro de la conservación, por lo tanto, el hecho de que no se defiendan ante la comunidad internacional estos mismos principios nos parece el colmo", agregó.
Gremio acusa "mala voluntad" de Perú
Federico Silva lanza también sus dardos contra Perú.
Según sus antecedentes, el país vecino cambió su legislación a objeto de permitir el uso de su bandera en buques factorías.
"Se transformó prácticamente en una bandera de conveniencia. Eso lo hizo a espaldas del propio sector pesquero peruano, el cual se vio sorprendido por esta medida, porque le están metiendo directa competencia", sostuvo el presidente de Sonapesca. "A mi entender, es una señal muy clara de la mala voluntad que existe por parte de Perú, no sólo respecto de la conservación del recurso, sino más encima de la mala voluntad que tiene para con el sector pesquero chileno", agregó.
Frente al eventual cierre de los puertos chilenos, se habla de que los buques factoría utilizarían Perú para provisionarse, lo que no tendría mayor impacto.
Sin embargo, Silva afirma que esto elevará fuertemente los costos de las empresas extranjeras, por las mayores distancias que deberán recorrer. Y es que el recurso se pesca principalmente a la altura de Chiloé, explica.
