sábado, 12 de septiembre de 2009
Lina Castañeda
Economía y Negocios
Debiera estar listo a diciembre de este año para comenzar su aplicación y fiscalización el próximo.
Desde que el 20 de abril comenzó a regir la Ley 20.285, hasta el 31 de agosto, el Consejo para la Transparencia ha acogido 276 amparos por el derecho al acceso a información de las instituciones públicas y 25 reclamos por la falta de información disponible para los usuarios.
"A la fecha hay 9 mil solicitudes de información instaladas en el aparato público y a nosotros nos llega sólo el 3%. Por lo tanto, uno podría decir que en un alto porcentaje se está entregando la información y la gente se está quedando conforme", dice Eolo-Díaz Tendero, director de Estudios del Consejo para la Transparencia.
Este mes el Consejo está sometiendo a consulta pública su propuesta de instrucción general sobre la transparencia activa que deben cumplir las empresas públicas y del Estado, esto es, los antecedentes actualizados que deben mantener a disposición del público a través de sus sitios electrónicos.
"Lo que vamos a hacer es un modelo mucho más preciso que involucre todo el proceso para hacer la fiscalización. Deberíamos tener el modelo listo de aquí a fines de diciembre y estar haciendo las primera fiscalizaciones el próximo año", dice el ejecutivo.
-¿Por qué someter a consulta el instructivo?
"Nuestro rol es interpretar la voluntad de los usuarios de la ley. Hemos hecho un par de estudios para definir los criterios con los cuales vamos a medir el cumplimiento de la ley en este acápite de transparencia activa y elaboramos una propuesta de instructivo para una consulta pública que se extenderá hasta el 27 de septiembre".
-¿Qué otros pasos están dando en esa dirección?
"Estamos realizando focus group , haremos entrevistas en profundidad a los operadores de la ley, a gente que ha organizado el proceso de subir la información a la página web en los servicios públicos y también vamos a convocar a un taller de expertos, a universidades y a las ONG que estén trabajando en el tema. Luego, veremos qué elementos podemos recoger de las opiniones que nos han entregado".
-¿Seguirán el mismo procedimiento cuando el ciudadano requiere información pública?
"Lo estamos haciendo paralelamente, pero es un proceso complejo. Tenemos cómo la institución pública se está haciendo cargo de las solicitudes de información".
"El organismo público entrega una respuesta que puede ser satisfactoria o no para el ciudadano y tenemos que investigar qué implica que quede conforme o no. Si no le entregan la información o no queda satisfecho, el ciudadano puede recurrir al Consejo para la Transparencia para que lo ampare, tome su caso y lo defienda".
-¿En cuántos casos ya han tenido un pronunciamiento?
"Tenemos resueltos alrededor del 38% de los amparos y reclamos. Nos gustaría tener un nivel de cumplimiento mucho mayor. Sin embargo, los cuatro consejeros son quienes toman la decisión en cada uno de los casos y no tienen dedicación exclusiva".
