jueves, 11 de junio de 2009
EDUARDO OLIVARES C.
Economía y Negocios
Se tomaron modelos legales de otros países para elaborar el sistema chileno, cuyo principio rector es que se reconozca que las personas son las titulares de los datos.
El camino legislativo del proyecto de ley que crea una base de datos consolidada de deuda negativa (morosidad) y positiva (pago al día) de los chilenos ya partió, y, según el asesor de Hacienda y ex tesorero general de la República, Gianni Lambertini, tiene apoyos transversales.
1- Modelos internacionales
En Hacienda están convencidos de estos cambios, que implican la creación del Registro Central de Obligaciones Económicas (Recoe), entidad que administrará y venderá esa información proveniente de bancos, casas comerciales, financieras, automotrices y otros organismos. Según Lambertini, se tomaron diversos modelos de legislaciones extranjeras. Algunas plantean que los datos se entregan a la empresa que lo requiera sin consentimiento del titular de esa información, pero en Chile se optó por hacerlo con su venia. Lo mismo con los plazos de caducidad de una mora: en Estados Unidos caducan a los siete años; en Corea, ocho. Para Chile se propusieron escalas: 10 años si hay tres moras en un año, y si hay sólo una mora, dentro de 12 meses se extingue apenas se paga.
2- Menor riesgo y sobreendeudamiento
Aunque no es su objetivo, el cambio legal podría generar un efecto en contra del sobreendeudamiento, reconoce Lambertini, aunque aclara que no hay modelos predictivos al respecto. "Cuando hay mayores niveles de información, en términos de que la evaluación del riesgo de las peticiones de crédito está más completa, existe una menor probabilidad de que se le preste a quien ya está con su capacidad de pago copada, pese a que pueda ser un buen pagador", cuenta.
No obstante, lo mismo operaría al revés: personas que hoy no son objeto de crédito por tener ingresos inestables, como un microempresario, podrían exhibir su historial de pagos como una buena garantía para minimizar sus riesgos. "Es probable que el colateral de reputación de la persona opere para extender las fronteras", comenta el funcionario.
De hecho, le convendría a un buen pagador dar el consentimiento, porque debería obtener mejores tasas. Si no lo da, "probablemente obtendrá un crédito en condiciones no tan favorables", dice Lambertini.
3- Titularidad de los datos
El principio que rige al proyecto es reconocer que la persona es la titular de los datos. Así de simple, según sostiene Alejandra Vallejos, asesora del Departamento Jurídico de Hacienda. Por lo mismo, descarta que pueda ser una expropiación a las casas comerciales -las principales opositoras al proyecto-, dado que la información es de cada cliente. El proyecto permite que cada persona pueda solicitar sus datos a esa tienda, si así lo estima conveniente. "Lo que también es correcto es que si estas casas comerciales han organizado de alguna manera los datos, los han clasificado y establecido riesgos, ese trabajo intelectual se les reconoce", agrega. Por lo tanto, si la persona desea los datos, la entidad puede entregárselos en forma "desordenada", dice Vallejos.
4- Quórum calificado
El proyecto establece en su artículo 15 que si una persona no queda conforme con una respuesta cuando ha querido rectificar o impugnar alguna información suya de la base de datos, "podrá recurrir al Consejo de la Transparencia". La constitucionalista Olga Feliú plantea algunos reparos, uno de los cuales es que ese artículo requeriría un quórum calificado. Vallejos asiente, y cree que es posible adecuar ese requisito de forma en el Congreso.
