martes, 26 de mayo de 2009
Felipe Morandé, decano facultad de Economía Universidad de Chile
Dos son los principales logros que se le atribuyen a la administración Bachelet. Uno, el sustancial ahorro fiscal realizado en los años en que el precio del cobre estuvo anormalmente alto; y dos, el desarrollo de una llamada red de protección social, en la que destaca la reforma previsional.
Si aspiramos a crecer al doble que en el período Bachelet, tal como lo hicimos hace poco más de una década, y así poder ser un país desarrollado para el verdadero Bicentenario de la República (2018), tenemos que ponernos serios y hacer de Chile un país de emprendedores.
Dos son los principales logros que se le atribuyen a la administración Bachelet. Uno, el sustancial ahorro fiscal realizado en los años en que el precio del cobre estuvo anormalmente alto; y dos, el desarrollo de una llamada red de protección social, en la que destaca la reforma previsional. Ambos atributos resaltan en los tiempos que corren, en que Chile se encuentra en recesión y el desempleo sube rápida y despiadadamente.
Pero esto no debe hacernos olvidar el magro desempeño que ha mostrado nuestra economía en materia de expansión y productividad en los últimos años. En efecto, el gobierno de Bachelet culminará con un crecimiento promedio de sus cuatro años inferior a 3% anual y, lo que es más serio, con un aporte negativo de la productividad total de factores a ese crecimiento. Lejos quedaron los tiempos en que las ganancias de eficiencia explicaban la mitad del añorado 7% de crecimiento anual del período de oro de la economía chilena (1986-1997).
Parte importante del problema de caída en la productividad tiene que ver con las dificultades y obstáculos que enfrentan en nuestro país el emprendimiento y los emprendedores. Más aún, no sólo no progresamos en esta materia, sino que retrocedimos. Según el ranking "Facilidad de hacer negocios", del Banco Mundial, Chile cayó desde el lugar 36 en 2008 a la posición 40 en 2009. El país aparece muy mal evaluado en cuanto a facilidad de "abrir un negocio" (n{+o} 55), "obtener un crédito" (n{+o} 68) y, sobre todo, en "cerrar una empresa" (n{+o} 112 entre 125 países). En el IMD World Competitiveness Report, donde participa la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, el país bajó cinco lugares en 2009 en relación a 2008 en cuanto al número de días para crear una empresa, y dos lugares en el criterio "facilidades otorgadas por el Estado para crear empresas". Por otra parte, una encuesta a expertos del Global Entrepreneurship Monitor, de 2007, reveló que el porcentaje de la población adulta envuelta en actividades de emprendimiento disminuyó de casi 17% en 2003 a 13,4% en 2007. Los mismos expertos señalaron que en esta baja incidieron principalmente políticas públicas mal enfocadas. No es extraño entonces que la creación de empresas esté de baja. De acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos, en 2006 se crearon 16 mil empresas menos que en 2002.
Si aspiramos a crecer al doble que en el período Bachelet, tal como lo hicimos hace poco más de una década, y así poder ser un país desarrollado para el verdadero Bicentenario de la República (2018), donde abunden las oportunidades para todos y la pobreza dura haya desaparecido, tenemos que ponernos serios y hacer de Chile un país de emprendedores. En el contexto del Grupo Tantauco, hubo una comisión que abordó el tema del emprendimiento y sugirió un conjunto de políticas coherentes al respecto, algunas para conseguir efectos inmediatos, otras para abordar cuestiones de largo plazo. Entre estas últimas, destacan aquellas enfocadas a lograr una mentalidad de emprendimiento en la formación de los jóvenes en el colegio y la universidad. Se trata de que, desde muy temprano, los estudiantes sepan qué es y cómo se forja un emprendedor, cómo se relacionan el emprendimiento y el riesgo, y cómo se formula una idea o proyecto emprendedor. Esto requeriría cambios curriculares y también talleres para profesores, de modo que éstos sepan fomentar el emprendimiento entre sus estudiantes. Alumnos y maestros deben estar conscientes, además, de que emprender no es sólo llevar a cabo un proyecto para ganar plata como empresario, sino que también es concebir y empujar una idea hasta conseguir resultados concretos, a punta de esfuerzo y riesgos, sea al interior de una organización, en el barrio, en una ONG o en un club deportivo.
Medidas más inmediatas sugeridas por esta comisión incluyen la generación de una ventanilla única para emprendedores, de modo de reducir el número de trámites para iniciar una empresa de 9 a 1, y los días requeridos, de 27 a 12 o menos, para lo cual el uso de internet y procedimientos tecnológicos sería clave. Más importante aún, se propone modificar profundamente la ley de quiebras, cambiando su actual lógica que considera la quiebra como un delito a una lógica donde la quiebra es un instrumento para reconocer un fracaso del emprendimiento pero no necesariamente un castigo de por vida al emprendedor.
La comisión también plantea, entre otras cosas, una racionalización de los múltiples programas Corfo para innovación y emprendimiento, un incentivo tributario para disminuir los costos de fracasar, la creación de un sistema de inteligencia de negocios sobre la plataforma de ChileCompra, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital para las inversiones realizadas por fondos de capital de riesgo, la creación de un sitio web del emprendedor (con información de cómo emprender y sobre los programas gubernamentales que apoyan el emprendimiento), etc.
Más allá de la adopción de estas propuestas o de otras similares, el punto es que la creación de un ambiente propicio al emprendimiento es fundamental para que el nuestro no se convierta paulatinamente en un país con sólo una buena red de protección social financiada por las rentas del cobre pero trancado en cuanto a progreso y creación de riqueza. Sobre la seguridad de que a nadie le falte lo mínimo para vivir con dignidad, tiene que construirse un piso de oportunidades donde el cielo sea el límite.
