martes, 26 de mayo de 2009
Eduardo Olivares C.
Economía y Negocios
Parlamentarios del oficialismo finalmente apoyaron la idea del Ejecutivo de que prevaleciera un adelantamiento de la Reforma Previsional.
El Gobierno de Michelle Bachelet descartó la eliminación del cobro a los jubilados por su atención de salud, debido, entre otras razones, al enorme costo fiscal que hubiese implicado.
Tanto el sector activo formal como el pasivo (pensionados) deben pagar por ley, como mínimo, el 7% de sus salarios brutos para financiar su gasto de salud.
La exclusión del cobro a los jubilados, como pedían el oficialismo y la oposición, costaba más de US$ 250 millones anuales, informó el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. "Eliminar el 7%, además de (abrir) la posible discusión de si corresponde hacerlo o no en un sistema solidario, costaba US$ 256 millones anuales permanentes", comentó la autoridad en la Entrevista del Domingo, de TVN.
A cambio de eso, el Gobierno optó por adelantar la aplicación gradual de la Reforma Previsional, que ampliará su cobertura y sus montos. Para el 1 de julio de este año estaba previsto cubrir al 45% de la población de menores ingresos, y subirla al 50% el 1 de julio de 2010; esta última fase ahora partirá el 1 de septiembre.
Como estaba contemplado dentro del calendario original elevar tanto la Pensión Básica Solidaria (PBS) -destinada a quienes nunca han cotizado- como el Aporte Previsional Solidario (APS) -un suplemento estatal que premia a quienes sí cotizaron-, sus mejores montos también se anticipan.
Ese nuevo gasto fiscal significa US$ 45 millones entre septiembre y el cierre de 2009. En términos anualizados, asciende a US$ 135 millones.
La justificación
Según el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, la elección de la Presidenta Bachelet apuntó a privilegiar un instrumento más solidario y mejor focalizado en vez de una iniciativa aislada. El tema fue conversado ayer, durante una reunión entre el secretario de Estado y representantes del oficialismo parlamentario.
En Hacienda sostienen que adelantar la reforma beneficia a más personas (no es posible eliminar el 7% a alguien que no tiene una pensión). Además, entre quienes reciben un APS les convendría más que se haya elevado el techo máximo de su pensión desde los $120 mil de julio a los $150 mil de septiembre, ambos brutos. En términos líquidos (se les descuenta el 7%), pasarán de recibir un máximo desde $112 mil a $139 mil en ese período; esa diferencia líquida de $27 mil sería mayor a los $8 mil que percibiría el primer grupo de haberse solamente caducado el cobro del 7%.
"Quedamos conformes con la explicación y estamos de acuerdo con ella", comentó el diputado Raúl Súnico (PS).
El oficialismo defiende sus antiguas demandas por más gasto fiscal
Junto con apoyar la idea del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, de tramitar en la primera quincena de junio los cuatro proyectos de ley económicos incluidos en el mensaje presidencial del 21 de mayo, los parlamentarios del oficialismo que se reunieron en Hacienda defendieron sus antiguas demandas por un mayor gasto fiscal.
Diputados DC como Gonzalo Duarte y Pablo Lorenzini dijeron que sus propuestas como rebajar el impuesto a los combustibles o entregar bonos al principio eran rechazadas, pero luego tomadas por el Gobierno. Incluso, Lorenzini comentó que si el Ejecutivo hubiese hecho un esfuerzo mayor de gasto fiscal antes, es posible que la economía hubiese crecido y no mostrado su plano desempeño.
Duarte descartó que sean los destinatarios del mensaje presidencial contra quienes en forma populista pedían gastar los ahorros del cobre. El diputado Jorge Insunza (PPD) planteó que esa crítica iba dirigida a la oposición, que solicitaba liberar los recursos del cobre para hacer rebajas tributarias "que no hubiesen sido sostenibles con conservar la protección social", dijo. "Piñera es el populista, al andar pidiendo la entrega de bonos más caros", comentó el senador Guillermo Vásquez (PRSD).
El diputado Lorenzini considera que si la crisis internacional no amaina, es probable que Hacienda anuncie un nuevo paquete fiscal hacia agosto o septiembre. Por otra parte, a su juicio, el nuevo techo del impuesto a los combustibles (de UTM 4,5 por metro cúbico), que debería alcanzarse en julio, debería postergarse para el próximo año.
