lunes, 25 de mayo de 2009
Azucena González
Economía y Negocios Online, El Mercurio
La semana pasada, la abogada entregó una minuta jurídica en que plantea reparos al rol que se entrega al Consejo para la Transparencia en la normativa.
Los coletazos constitucionales y de propiedad intelectual involucrados en el proyecto de ley de deuda consolidada que envió el Gobierno al Congreso hicieron que los grandes retailers que se oponen a la iniciativa estén trabajando a pasos agigantados en el Comité de Retail Financiero. Esto, asesorados por un connotado equipo jurídico: Gerardo Varela, de Cariola Diez Pérez Cotapos, y la ex senadora Olga Feliú.
El proyecto del Gobierno busca crear una base de datos de las deudas morosas y al día.
Informe jurídico
La semana pasada, la abogada hizo circular una minuta en derecho sobre el proyecto -a la que "El Mercurio" tuvo acceso-, informe en el que alerta sobre el rol que se entrega al recientemente creado Consejo para la Transparencia en el proyecto de deuda consolidada. Los cuestionamientos apuntan a que ese consejo se haga cargo de defender los derechos de los afectados por el uso de la información de la deuda.
El proyecto de deuda consolidada establece en su artículo 15 que si una persona no queda conforme con una respuesta cuando ha querido rectificar o impugnar alguna información suya de la base de datos, "podrá recurrir al Consejo de la Transparencia".
Según el análisis de la abogada, esa función "no resulta congruente con los cometidos que a dicho órgano (el consejo), ha asignado el legislador al crearlo (...). La propuesta de modificación resulta del todo ajena a las funciones que le otorga la ley al consejo", dice el escrito de Feliú. Apunta a que este organismo vela por el acceso a la información pública, de la administración del Estado.
La abogada Feliú explica: "En el proyecto de deuda consolidada, la privacidad es la regla: el bien jurídico que se protege es la reserva. El bien jurídico que protege el consejo es la transparencia. Los bienes jurídicos son diametralmente opuestos. Pero no sólo eso. Con esto le tira al consejo una mochila que le destruye la base del sistema. No tengo cifras, pero las rectificaciones que hoy se hacen por Dicom -que van a poder ser más o menos parecidas con el nuevo sistema propuesto- están en todo Chile. Cómo lo va a hacer eso el Consejo de la Transparencia", cuestiona la abogada.
Pero hay más: "Como esto es modificación del Consejo de la Transparencia, esta ley requiere ser aprobada como Ley Orgánica Constitucional (como fue la creación del consejo). Darle más funciones, a mi juicio, es materia de Ley Orgánica. Eso requiere un quórum mayor, y tiene que ir en consulta al Tribunal Constitucional (TC)", dice.
¿Precedente?
Olga Feliú tiene vasta experiencia en estas lides. En 1997, cuando era senadora, lideró junto a otros parlamentarios una presentación ante el TC de una iniciativa similar. En esa época se debatía en el Congreso una modificación a la Ley de Bancos, que incluyó indicaciones propuestas por el Ejecutivo que apuntaban también a la obtención de datos de registros de deudas. Feliú y otros senadores recurrieron al TC planteando que esas indicaciones se apartaban del objetivo y las ideas matrices del proyecto. El planteamiento fue acogido por el TC.
El proyecto de la discordia
El objetivo del proyecto de ley es crear un sistema de registro de deudas morosas y al día, con la existencia de un organismo que, previa licitación, se encargue de administrar esa base de datos. Con la autorización del titular de la deuda, esta información se podrá entregar a alguna entidad crediticia.
La visión del Gobierno es que, con una mejor calidad de la información sobre las deudas y el perfil de riesgo de una persona o empresa, una entidad crediticia podrá ofrecer mejores condiciones y tasas más bajas a los buenos pagadores. Los bancos apoyan esta visión y plantean que en vez de fijar las tasas de interés sobre la base de probabilidades, a partir del proyecto se podrán basar en hechos ciertos.
Las casas comerciales creen lo contrario: sostiene que restringirá el acceso a financiamiento justo en un momento de crisis, afectando a las pymes. Y también plantean otros reparos: dicen que se afectan derechos de privacidad, desconfían del manejo de la base de datos (ante riesgos de filtraciones, hackers, etc.) y acusan daño patrimonial y derechos de propiedad. Si bien concuerdan en que cada persona es la dueña de su propia información, consideran que el conocimiento global sobre el comportamiento financiero, el almacenamiento de la información, el aprender a discriminar entre buenos y malos pagadores, es parte de su know how adquirido con años de inversión. Y será expropiatorio, porque en el momento en que funcione la ley será imposible separar las deudas y partir "de cero" un nuevo registro.
Qué es el Comité de Retail
El año pasado, con la asesoría de Gonzalo Larraguibel, consultor de Virtus Partners, los cinco mayores reailers del país -Falabella, Cencosud, D&S-Presto, Ripley y La Polar- se embarcaron en un proyecto asociativo: el Comité de Retail Financiero, donde las demás casas comerciales comparten planteamientos e intereses, pero participan como observadores.
Presidido por Elías Ayub (Presto) y gerenciado por Claudio Ortiz, el comité es una entidad cuyos fines son mucho más amplios que defender intereses ante "amenazas regulatorias", pues también buscan promover proyectos asociativos.
