miércoles, 06 de mayo de 2009
Hernán Cisternas
Economía y Negocios Online
Ramiro Mendoza expresó su preocupación por la nueva ley orgánica de la minera, que establece que la empresa estatal será sometida "exclusivamente" a la fiscalización de la SVS y Cochilco.
VALPARAÍSO.- Preocupación existe en el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, porque el proyecto de ley que modifica la ley orgánica de Codelco y fija un nuevo gobierno corporativo para la Corporación del Cobre, establece que la empresa estatal quedará sometida "exclusivamente" a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.
Mendoza, que participó ayer durante dos horas en la sesión de la Comisión de Minería del Senado que analiza el proyecto, pidió que se elimine la expresión "exclusivamente", teniendo en cuenta que el decreto ley 1350, de 1976, que creó Codelco, fija en su artículo 12 "las atribuciones precisas y expresas" de la Contraloría General en la Corporación del Cobre.
El contralor manifestó que la expresión "exclusivamente" podría producir "un efecto interpretativo odioso en el día de mañana y pretenderse desconocer la fiscalización nuestra. Como en Chile hay tantos abogados y todos los abogados interpretan, preferimos que nuestra posición jurídica tenga una solidez normativa, que es lo que hemos hecho presente al Senado".
Ramiro Mendoza pidió que este tema quede resuelto con claridad, para no ser llevados ni arrastrados a situaciones jurídicas complejas, como ha ocurrido con algunas empresas públicas que han demandado al fisco cuando han sido fiscalizadas por la Contraloría.
Expuso que son distintos los controles que realizan la Superintendencia de Valores y Seguros, Cochilco y la Contraloría.
La primera vela por el cumplimiento de la ley de sociedades anónimas, la responsabilidad de sus directores y la ley del mercado de valores. "Más que un ente fiscalizador es un ente regulador del punto de vista de la fe pública y del mercado de valores".
Cochilco, expresó Mendoza, tiene un régimen de fiscalización que dice relación con los estudios y aprobación de ciertos actos de inversión que realiza Codelco.
La Contraloría General, en cambio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución vela por la legalidad de la inversión y del gasto público.
El contralor sostuvo que "nosotros no entrabamos la eficiencia de la empresa, sino que velamos para que los recursos públicos sigan siendo públicos o sean transferidos al sector privado usando los medios jurídicos idóneos y no a través de situaciones que sean irregulares o sean francamente constitutivas de faltas administrativas o de delitos".
A la vez, verifica el cumplimiento de la ley de probidad, que las licitaciones públicas se hagan conforme a derecho y que no se generen aprovechamientos ilícitos por quienes transitoriamente puedan detentar la administración de las organizaciones. "Nuestro rol no es incompatible y es muy distinto al que realizan los otros entes de fiscalización".
Discusión
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, indicó que la inquietud del contralor será analizada durante la discusión en particular del proyecto de ley, instante en el cual se verán los aspectos de redacción.
El senador José Antonio Gómez (PRSD) señaló que de acuerdo a lo expresado en la Comisión de Minería, no está en la intención del Ejecutivo afectar el rol fiscalizador de la Contraloría sino contar con un sistema de control que sea ágil y eficiente, que no entorpezca las decisiones de la principal empresa del Estado.
En términos parecidos se manifestó Baldo Prokurica (RN), presidente de la Comisión de Minería. "El gobierno nos ha planteado que no es su interés que la fiscalización de Codelco sea más laxa o más débil de lo que existe hoy. Por el contrario, hay que buscar un equilibrio entre la Superintendencia de Valores y Seguros, que tiene otro objetivo, y el resguardo de los recursos del Estado. Codelco es una empresa que ha tenido episodios bastante lamentables, que no queremos que se repitan. Hay que generar condiciones para resguardar el patrimonio del Estado, pero no entrabar el funcionamiento de una empresa como Codelco, que tiene que competir con los privados y tiene que ser eficiente y rápida".
