miércoles, 29 de abril de 2009
Hernán Cisternas
Economía y Negocios
El proyecto de ley modifica la institucionalidad relacionada con el sector. Crea un Comité de Ministros del Turismo —integrado por siete secretarios de estado—, una Subsecretaría de Turismo y un Consejo Consultivo de Promoción Turística.
VALPARAÍSO.- Con críticas al centralismo y a la excesiva burocracia que contempla la iniciativa, el Senado aprobó ayer en general el proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad para el sector turismo.
A favor de la iniciativa votaron los 27 senadores presentes en la sala.
La Cámara Alta fijó plazo hasta el 1 de junio para que los senadores puedan presentar indicaciones que perfeccionen el texto, tras lo cual se dará paso a la discusión en particular, artículo por artículo.
El proyecto de ley modifica la institucionalidad relacionada con el sector. Crea un Comité de Ministros del Turismo —integrado por siete secretarios de estado—, una Subsecretaría de Turismo y un Consejo Consultivo de Promoción Turística.
Los senadores fueron coincidentes al señalar que el proyecto de ley es mejor que la institucionalidad que existe, pero hicieron notar que una estructura muy centralizada no permitiría el adecuado desarrollo de políticas que impulsen el turismo en regiones.
Jorge Pizarro (DC) dijo que si durante la discusión en particular no se realizan cambios significativos al proyecto, "éste no pasará de ser un saludo a la bandera. Es una apuesta chica e insuficiente a las reales necesidades que tenemos. Lo que vamos a conseguir es burocratizar más aún las políticas públicas de desarrollo del turismo".
Hernán Larraín (UDI) dijo que para evitar un Ministerio del Turismo el proyecto crea algo difuso. "No creo que esta frondosa regulación tenga un impacto real en el desarrollo de la actividad", afirmó. Hizo notar que la creación de un consejo de ministros no garantiza nada. Para sus integrantes será una tarea secundaria respecto a las funciones que le son propias.
Lamentó que durante la tramitación del proyecto no se haya considerado la opinión de los privados que participan de la industria, omisión que espera sea superada en la discusión en particular de la iniciativa legal.
José García Ruminot (RN) planteó que para perfeccionar el proyecto es necesario escuchar a los representantes del sector público y privado, pero también a los gobiernos regionales.
