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Fasa cede a exigencia del Tribunal y acepta ser multada por reconocimiento de colusión

viernes, 10 de abril de 2009

JOSÉ TRONCOSO OSTORNOL
Economía y Negocios Online, El Mercurio

En caso de que el Tribunal de la Competencia eleve la sanción propuesta por Ahumada de US$ 1 millón a una cifra que considere excesiva, la empresa podría presentar un recurso o dejar sin efecto el acuerdo extrajudicial.


Farmacias Ahumada (Fasa) reconoció ayer haber participado en una colusión para subir los precios de 222 medicamentos y que el millón de dólares que ofreció pagar en un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) debe ser considerado una multa y no un aporte a "beneficio social".

De esta manera, la compañía acogió la exigencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que debe aprobar o rechazar el acuerdo.

Según algunos expertos, esto podría significar el que terceras personas pudieran ejercer acciones civiles. Sin embargo, en la compañía desechan esta tesis, ya que con o sin multa, dicen, quienes se crean haber visto afectados podrían recurrir a la justicia para buscar indemnizaciones.

Se espera que este lunes los cinco ministros del TDLC dicten su resolución, la que podría incluir un alza en la multa.

Aquí los abogados tampoco están de acuerdo. Hay quienes dicen que el TDLC no tiene atribuciones para modificar un acuerdo conciliatorio, que es la figura que utilizaron la FNE y Fasa. Pero en la resolución en la cual el tribunal le pidió a Fasa precisar el trato, dijo que la aplicación de una multa "es facultad privativa de este tribunal".

Frente a esto, en caso de que el TDLC aumente la sanción a una cifra que Fasa considere excesiva, la compañía puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal o, derechamente, dejar sin efecto el acuerdo extrajudicial.

La audiencia de ayer volvió a generar una gran expectación periodística, tal como la primera, realizada el 1 de abril, y en la cual Salcobrand y Cruz Verde, las otras implicadas en la demanda de la FNE, rechazaron sumarse al acuerdo.

Tanto el abogado de Salcobrand, Felipe Vial, como el de Cruz Verde, Pedro Mattar, dejaron expresa constancia ayer sobre su preocupación de que su presencia en la audiencia pueda ser interpretada como un consentimiento al acuerdo. Sin embargo, solicitaron su "expresa reserva de derechos".

Ambas empresas deberán seguir enfrentando la demanda por colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la que podría durar entre uno o dos años.

Compensaciones

Mientras, de aprobar el TDLC el acuerdo y Fasa aceptar una multa que hoy no está del todo clara, la compañía se enfocará en su otro frente: las compensaciones a los clientes afectados en el alza concertada de 222 remedios entre noviembre de 2007 y marzo de 2008.

El plan involucra a lo menos un desembolso de $2 mil millones para la cadena de farmacias. La compañía busca llegar a acuerdos con compañías de seguros, isapres, cajas de compensación y con empresas que tienen convenios con Fasa.

Para llegar a los clientes sin beneficios y que pagaron al contado, bajaría el precio de los 222 remedios que fueron objeto de la acusación al mismo valor que tenían antes de iniciarse la colusión. Aún no está claro el período que durarán los descuentos.

Ayer también se realizó un directorio de Fasa en el cual se analizó la solicitud de Falabella y las AFP, que pidieron la salida del vicepresidente de Fasa, Alejandro Rosemblatt; del fiscal, Sergio Mesías, y de los ejecutivos vinculados al caso. Sin embargo, la mayoría del consejo (cinco de los nueve directores, elegidos con los votos del controlador, José Codner) habría desechado la propuesta. Rosemblatt es yerno de Codner.



Lo que reconoció Ahumada ante el Tribunal de la Competencia

"Fasa se obliga a pagar para beneficio social la cantidad de 1.350 UTA (más de US$ 1 millón)". Así rezaba el segundo punto del acuerdo extrajudicial alcanzado el 13 de marzo entre la empresa y la Fiscalía Económica y que fue presentado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Pero tras una audiencia realizada el 1 de abril, el TDLC le dijo a Fasa "que debe precisarse" el sentido y alcance de algunos de los términos del acuerdo. En definitiva, aclarar que el pago es una multa y que, por ende, supone reconocimiento de responsabilidad.

Al explicar los alcances de los cambios, el presidente del TDLC, Eduardo Jara, dijo que "la función del tribunal no es recibir donaciones" y que "podría significar que terceras personas pudieran ejercer acciones civiles derivadas del mismo hecho".

Sin embargo, en la audiencia de ayer, el presidente del TDLC le consultó a la abogada de Fasa, Nicole Nehme, si acepta que el pago es una multa a beneficio fiscal. A lo que ella contestó "que es el espíritu de las partes que ese pago equivalga a una multa". Jara señala -según consta en el acta del tribunal- "que entonces es una multa".



EE.UU., Brasil y Canadá sancionan colusión con cárcel

El gobierno ha manifestado públicamente su interés en reponer las sanciones penales que eliminó el gobierno de Ricardo Lagos en casos de libre competencia, y anunció que se pondrá suma urgencia al proyecto. Según los expertos, EE.UU., Brasil, Canadá, Israel, Inglaterra, Japón, Noruega y República Checa ya sancionan estos delitos con cárcel. Aunque Rusia no es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también contempla castigo penal por este tema. Por su parte, las legislaciones internas de Irlanda y Francia contemplan sanciones penales en general para las personas naturales que hayan participado en el atentado a la libre competencia. "Aunque normalmente en Francia sólo hay sanciones de carácter administrativo", cuenta Felipe Cousiño, socio de Alessandri & Compañía. Alemania, Austria, Bélgica e Italia lo hacen muy excepcionalmente. "En algunos se sancionan criminalmente sólo las colusiones en las licitaciones para abastecer al estado y empresas estatales", explica.

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