sábado, 28 de marzo de 2009
Marcela Vélez y Azucena González
Economía y Negocios
Aunque cuentan con dos representantes en el directorio, las AFP afirman desconocer lo que pasaba al interior de la farmacéutica.
En medio de las funas de consumidores a las farmacias y la presión de la opinión pública, la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones se reunió ayer en Viña del Mar.
El objetivo inicial era trazar la estrategia para lo que queda del año, pero la coyuntura los superó. "Hacemos esta reunión todos los años. Pero como estaban todos los presidentes, se tomó la decisión de llamar el lunes a junta de accionistas de Farmacias Ahumada", explicó a "El Mercurio" el presidente del gremio, Guillermo Arthur.
Las cinco AFP concentran más del 10% de la propiedad de Fasa: Habitat, Provida, Capital, Cuprum y PlanVital. Esta participación les garantiza el mínimo requerido para exigir una junta extraordinaria de accionistas.
Si las AFP concretan su solicitud este lunes, según el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, la administración de Fasa tendrá 30 días para convocar a la junta.
"La acusación que se está haciendo sobre Farmacias Ahumada nos parece de una gravedad tal que los presidentes han tomado la decisión de hacer este llamado a junta con el objetivo de que se nos explique cómo fue el proceso que llegó a esta situación con la Fiscalía Nacional Económica (FNE)", sentenció Arthur.
Ésta es la primera reacción conjunta que tienen las AFP desde que la farmacéutica hizo público el acuerdo de conciliación al que llegó con la FNE, tras descubrirse pruebas que inculpaban a un grupo de sus ejecutivos en un caso de colusión con Cruz Verde y Salcobrand, para elevar concertadamente los precios de 222 medicamentos, entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. El caso se investiga en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) desde diciembre pasado.
El Tribunal convocó para el próximo miércoles una audiencia privada con todos los involucrados en el proceso, para resolver si acepta el acuerdo entre Fasa y la FNE.
Desde que Fasa, controlada por la familia Codner, reveló el caso de colusión, las acciones de la firma han caído 7%. De ahí el interés de accionistas como las AFP de pedir más antecedentes, tal como lo explicó Arthur en entrevista con "El Mercurio".
-¿Cuál es el objetivo de pedir una junta de accionistas?
"Nosotros vamos a llamar a junta el lunes con el propósito de que se nos dé una explicación de los hechos".
"Las AFP siempre hemos procurado que en todas las compañías en las cuales participamos se privilegien los más altos estándares éticos. Nosotros invertimos en estas compañías el dinero de los trabajadores; por lo tanto, necesitamos que todas ellas sean manejadas con la mayor transparencia y el mayor rigor ético, y queremos, por lo tanto, sin hacer ningún juicio anticipado, saber qué ocurrió, y creemos que la mejor instancia es una junta de accionistas".
-Pero ustedes tienen dos representantes en el directorio...
"Sí".
-¿Sabían sus representantes de la negociación de Fasa con la Fiscalía Nacional Económica?
"No sabemos nada...".
-Del acuerdo, de la conciliación...
"No sabemos nada, porque los directores tienen la representación de todos los accionistas; nosotros hemos procurado siempre tener directores con una gran capacidad intelectual, profesional y ética, y por lo tanto estamos seguros de que ellos han actuado con la debida prudencia, pero nosotros queremos hacer la junta para que actuemos transparentemente, de cara a todos los accionistas".
-¿Pero no les han hecho esas mismas preguntas a sus representantes en el directorio?
"Es que no son representantes legales nuestros. El hecho de que nosotros hayamos votado por ellos y los hayamos elegido no los transforma en representantes nuestros. Creemos que la manera transparente es citar a junta".
Los escenarios que evaluó Fasa en el avenimiento
Si bien la administración de Fasa consideró vital "decir la verdad" sobre lo que descubrió en su investigación interna, las acciones que siguieron a partir de ese momento buscaban también limitar los daños. Ésa fue la premisa de Fasa para dar curso al bullado avenimiento con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y que en el ámbito legal fue comentario obligado en los más altos círculos de abogados chilenos.
En caso que el Tribunal de la Libre Competencia apruebe el avenimiento -un escenario que se estima probable, para no desincentivar a futuro a otras empresas en seguir este camino de reconocimiento-, no puede modificar el monto fijado entre la FNE y Fasa en él, que asciende a US$ 1 millón (artículo 22 de la Ley de Libre Competencia). Por ello, en términos estrictamente económicos, los recursos adicionales a esa cifra que pudiera desembolsar Fasa estarán relacionados con las acciones compensatorias para los consumidores que decida llevar a cabo.
En ese ámbito, varios consultados -si bien no lo descartan del todo- ven poco probable que el reconocimiento hecho por la compañía dé pie a demandas colectivas: con el avenimiento, Fasa no queda declarada culpable, o sea, el derecho se extingue y no hay admisión de culpabilidad, dicen consultados que conocen el caso.
De otra perspectiva, se ve muy difícil cuantificar el daño a los consumidores y, por tanto, plantear un monto indemnizatorio en un juicio colectivo. En efecto, el 70% de las ventas de Fasa se realizan en efectivo y la boleta (sin RUT) es el único registro. Y los vouchers de venta con tarjeta sólo se guardan seis meses. "El tema de la libre competencia no es materia de la ley del consumidor. No está claramente tipificado. Podría ser por un tema de información veraz. Lo estamos estudiando", dice la abogada de Conadecus, Karina Cárcamo.
