martes, 17 de marzo de 2009
Decano Facultad de Economía, Universidad de Chile
Felipe Morandé
Por cierto, la necesidad de nuevas medidas de apoyo a los más pobres, al empleo y a las pymes, como las que contiene el plan de Piñera, debe ser evaluada en relación a la trayectoria que trae la economía chilena, a sus perspectivas de corto y mediano plazo, y a la disponibilidad de recursos públicos.
A fines de la semana pasada, el candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, presentó un conjunto de medidas para enfrentar la crisis económica. Este plan implica, según cálculos contemplados en el documento, unos US$ 1.850 millones de recursos fiscales adicionales al programa de US$ 4 mil millones anunciado por el Gobierno y que ya está en marcha.
Hasta ahora, el Gobierno se ha mostrado renuente a considerar nuevas erogaciones o disminuciones de impuestos, sobre la base que no se ha dado el tiempo suficiente a que el programa en aplicación tenga los efectos esperados en 2009 (aumento del 1% del PIB y la generación de unos 100 mil empleos), proyección que se reforzaría por la drástica reducción de la tasa de política monetaria, desde 7,25% a fines del año pasado hasta 2,25%.
La postura del Ejecutivo pareciera haber tenido un apoyo inesperado en el ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo, quien, en entrevista a la reciente edición dominical de un matutino se mostró más bien renuente a un nuevo paquete fiscal, aduciendo que existe el riesgo de que la recesión mundial se alargue más allá del presente año y, entonces, es necesario guardar recursos. Destacó que es esencial que se siga aplicando la regla fiscal estructural, la que se sustenta en los ingresos fiscales de largo plazo.
Escenario en Chile
Por cierto, la necesidad de nuevas medidas de apoyo a los más pobres, al empleo y a las pymes, como las que contiene el plan de Piñera, debe ser evaluada en relación a la trayectoria que trae la economía chilena, a sus perspectivas de corto y mediano plazo, y a la disponibilidad de recursos públicos. Aunque todavía las noticias parecen ser peores en el resto del mundo que en Chile, la verdad es que nuestra economía ya está técnicamente en recesión: medida como en los países desarrollados, la variación trimestral anualizada de la actividad económica (Imacec) muestra una caída de 2% en el tercer trimestre del año pasado y de 5% en el cuarto. Es muy posible que en el actual trimestre la caída sea menor, pero también será negativo el registro de crecimiento anual del PIB en el cuarto terminado en marzo. Mientras, la tasa de desempleo ya se encuentra en Santiago y otras regiones relevantes arriba de 10%, en tanto la producción industrial se contrajo en enero a tasas de dos dígitos, similares a las de los países industriales ya declarados en recesión.
El comercio exterior se ha reducido dramáticamente, al punto que en febrero las importaciones se ubicaron 32% por debajo del mismo mes del año pasado (20% si dejamos fuera la caída en el precio del petróleo). La información que proveen los distintos sectores productivos no es mejor. Por tanto, y ante la perspectiva de una economía contrayéndose en el año entre 1 y 2% -y dada la fortaleza de las finanzas públicas-, un nuevo estímulo acotado y que respete la actual regla estructural parece necesario. Y si bien las reducciones de tasas del Central son importantes, sus efectos se harán sentir el próximo año. No hay que olvidar que las recesiones, mientras más profundas son, mayor es el daño que dejan en empresas y personas, lo que redunda en procesos de recuperación posteriores que pueden ser más largos y penosos que lo indispensable.
El plan de Piñera es acotado (representa poco más de 1,2% del PIB) y respeta el balance estructural. En efecto, cerca de US$ 1.280 millones son de carácter transitorio, principalmente la ampliación a 60 días del plazo de pago del IVA, US$ 550 millones que se recuperarían entre 2010 y 2011, y la rebaja de los pagos de PPM al 50%, cerca de US$ 560 millones en 2009 que reverterían parcialmente a las arcas fiscales en 2010. Estas medidas y otras, como la depreciación acelerada y el aumento del beneficio del 14 bis, están enfocadas en proveer liquidez a las pymes, que son las principales proveedoras de empleo y las empresas con más dificultades de acceso a crédito. El saldo hasta llegar a los US$ 1.850 millones (unos US$ 580 millones, es decir, un 1,6% del gasto público) sería necesario obtenerlo de mayor eficiencia del gasto del gobierno central, particularmente en bienes de consumo, y de las empresas públicas (EFE y Enap, por ejemplo). Además, la ampliación del subsidio al empleo a mujeres y adultos en condición de pobreza, contemplada en el plan Piñera y que usa buena parte de los US$ 580 millones, es una medida propuesta por la Comisión Meller que estaba destinada a implementarse tarde o temprano.
También es importante recalcar que el plan plantea una preocupación por la fuente de los recursos a utilizar, de modo de no afectar innecesariamente al tipo de cambio, como se ha visto en días recientes frente al anuncio de Hacienda de liquidar US$ 3 mil millones en el mercado local. Alternativas como recurrir a endeudamiento en pesos en el mercado local son razonables, pero es necesario calibrarlas para que no provoquen aumentos significativos en las tasas de interés.
Finalmente, el plan de Piñera hace ver, con razón, que no podemos contentarnos con implementar medidas para enfrentar la crisis actual, si no que además hay que preocuparse de comenzar ya mismo a aplicar políticas que remedien el déficit de crecimiento observado por la economía chilena desde 1999. Desde esa fecha hasta hoy, el crecimiento económico en Chile ha sido prácticamente igual que el observado por el resto del mundo, casi cuatro puntos porcentuales menos que en el período 1986-1998, lo que no es posible de achacar a las hipotecas subprime ni a Greenspan ni a las vacilaciones de los gobiernos de EE.UU. para resolver sus problemas financieros. Ha sido más bien la consecuencia de la falta de reformas importantes en nuestro país en cuanto a modernización del Estado, educación, emprendimiento e innovación. Si las crisis son oportunidades, ahora es cuando hay que abordar estas reformas.
