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Chilectra mantiene pugna con el fisco por costos en traslado de redes por nuevas autopistas

martes, 17 de febrero de 2009

José Troncoso
Economía y Negocios

Telefónica también perdió inicialmente un juicio por los cambios en las redes de fibra óptica que hizo a su cargo.

Cambiar las redes de los servicios húmedos (agua potable) y secos (luz, gas, telecomunicaciones) no es fácil. Menos definir quién paga los costos.

Empresas como Telefónica Chile y Chilectra aseguran que debe ser el fisco el que deba meterse la mano al bolsillo. Lo ha hecho, para evitar el retraso en la construcción de las autopistas del país. Pero actualmente está en una cruzada para recuperar las platas.

Chilectra ya perdió en primera instancia dos demandas presentadas por el fisco, las que tienen como objeto que la distribuidora restituya los dineros desembolsados para el traslado de instalaciones que mantenía en diversos tramos de la Ruta 5 que interferían la ejecución de la Autopista Central.

La empresa eléctrica explicó en su balance correspondiente al ejercicio 2008 que fue notificada en junio del año pasado de la sentencia definitiva de primera instancia que acogió la demanda del fisco, ordenándose el pago de $903 millones, cifra que según el MOP fue entregada a Chilectra para efectuar el traslado.

Hay otros $739 millones que el Estado busca recuperar por la misma causa.

Pero Chilectra no es la única que está enfrentada con el fisco.

Telefónica había sido la primera compañía en perder un juicio de este tipo en primera instancia frente al Estado.

La compañía -hoy controlada casi en su totalidad por el grupo Telefónica España- perdió una demanda que presentó en contra del fisco para recuperar casi US$ 11 millones por los cambios en las redes de fibra óptica entre Los Vilos y Talca, hechos a su costo durante la construcción de la Ruta 5.

Las empresas dicen que quien ordena las obras de ampliación de avenidas y autopistas es el que debe hacerse cargo de mover estos servicios.

Pero el Gobierno sostiene todo lo contrario. Y su argumento se fundamenta en el Decreto Supremo N° 850 de 1998, artículo 41. Éste señala que si las obras públicas requieren cambios en las instalaciones de los servicios, éstos deben ser con cargo al propietario.

Las cifras no son menores: sólo en la Autopista Central -por concepto de cambios de redes de luz, telecomunicaciones y gas- se invirtieron más de US$ 40 millones.

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