sábado, 17 de enero de 2009
DANILO BUSTAMANTE ROCHA
Economía y Negocios, El Mercurio
Diversas empresas del sector han visto un creciente número de procesos que buscan impugnar las decisiones de la autoridad ambiental frente a sus proyectos.
La oposición de los organismos ambientalistas a los proyectos de generación eléctrica, no es el único obstáculo que actualmente enfrentan las principales empresas del sector. Desde el año pasado a la fecha, los recursos judiciales que buscan impugnar los proyectos han ido aumentando paulatinamente.
A la fecha, las principales empresas del sector eléctrico han enfrentado o enfrentan temas judiciales en sus iniciativas.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revirtió la aprobación ambiental que la Corema había entregado a la central termoeléctrica Campiche de AES Gener S.A, que busca instalar 270 MW a carbón en Puchuncaví. El principal argumento contra la autoridad ambiental era el cambio en el uso de suelo en que se basó la calificación.
"El fallo consignó que la Contraloría General de la República se había pronunciado en el mismo sentido que la Corte, respecto del emplazamiento ilegal de la termoeléctrica aprobada y lo que le da más fuerza al fallo", afirmó el abogado Juan Carlos Palma, quien representa al Consejo Ecológico de Quintero-Puchuncaví.
Aunque en este caso aún falta el pronunciamiento de la Corte Suprema, para que se deje definitivamente sin efecto la calificación ambiental, el tema preocupa a las eléctricas.
Las empresas del sector, aunque no son directamente requeridas en estos recursos -que se ingresan impugnando las decisiones de las Coremas del país- también se hacen parte de dichos procesos como terceros involucrados, ya que en caso de prosperar las acciones judiciales éstas podrían revertir las calificaciones ambientales.
Desde el año pasado hasta ahora, al caso AES Gener, se han sumado los recursos que afectan a HidroAysén por las centrales que proyecta en Aisén (que objetaba la manera en que la Corema continuó la tramitación ambiental del proyecto, recurso que fue rechazado por el tribunal de alzada de Aisén); Colbún por su hidroeléctrica San Pedro (el que también habría sido rechazado); y la hidroeléctrica de pasada Palmar-Correntoso (13 MW) de la firma HidroAustral, proceso que llegó hasta la Corte Suprema, donde también se ratificó la decisión de la autoridad.
Alerta en el sector
"Hay instancias ciudadanas en el proceso de evaluación en que la comunidad puede participar, pero de ahí a buscar revertir una resolución de calificación ambiental en tribunales es otra situación", afirma una fuente del sector quien resalta que ya existen abogados "dedicados" específicamente a esta labor.
En el Gobierno, el número de recursos contra las Coremas es visto con especial sensibilidad. "Creo que el problema es cuando todo se judicializa, ahí hay un tema. Esa es una discusión que yo veo con preocupación, el tema de la judicialización. La acción de los grupos ambientalistas uno la puede entender, las aprensiones de la comunidad también, lo que más preocupa es que se use la discusión ambiental para estos fines", dijo al respecto el director ejecutivo de la Conama, Álvaro Sapag.
La oposición ecologista
Más allá de la judicialización de los casos, la oposición de los grupos ambientalistas a los proyectos de generación eléctrica es uno de los principales desafíos que hoy enfrentan las empresas del sector. Salvo casos excepcionales, la gran mayoría de los proyectos que actualmente se tramitan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) han debido soportar una fuerte resistencia. El más emblemático de todos ellos es HidroAysén.
La iniciativa que Endesa y Colbún proyectan en Aisén cuenta con un organismo opositor, el Consejo de Defensa de la Patagonia, que ha logrado congregar a diversas organizaciones en su labor. A esto se suma que también han atraído a representantes ambientalistas internacionales, como Robert Kennedy Jr. quien incluso se enfrascó en una polémica con el Gobierno durante su visita a Chile en 2008.
El trámite de la central Los Robles de AES Gener en el Maule motivó que quienes se oponían al proyecto levantaran un gigantesco ataúd en señal de protesta. Mientras que la reunión de la Corema, en que se aprobó la hidroeléctrica San Pedro de Colbún, terminó con el ex edil de Panguipulli, Alejandro Kohler (PS), detenido junto a manifestantes.
