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Están contenidos en las copias forenses de los celulares del exfiscal Luis Arroyo y del exmayor de Carabineros Patricio Marín.

Los whatsapps de la "Operación Huracán" que complican al Ministerio Público

domingo, 28 de abril de 2019

Andrés López
Reportajes
El Mercurio

El jueves, el Juzgado de Garantía de Temuco ordenó a la fiscalía entregar copia de la evidencia forense del dispositivo de Arroyo. En estos registros hay conversaciones entre altos personeros del Ministerio Público de La Araucanía. En el caso del teléfono de Marín, oficial de Inteligencia imputado en el caso, se detallan reuniones y contactos con el fiscal Sergio Moya, quien hace dos semanas denunció a Emiliano Arias por presunto tráfico de influencias.



El jueves pasado se llevó a cabo una audiencia importante para la investigación del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, sobre la presunta manipulación de pruebas contra ocho comuneros y delitos vinculados a una serie de exuniformados de Carabineros, entre ellos el general (r) Gonzalo Blu, que participaron en la "Operación Huracán".

Ese día fueron reformalizados. Blu quedó en prisión preventiva y se ordenó la entrega de una pieza de evidencia que las defensas de los imputados hace meses intentaban obtener: la copia de todos los whatsapps contenidos en el celular del ex fiscal jefe de Alta Complejidad de Temuco Luis Arroyo.

Se trata de mensajes residuales del teléfono que contienen conversaciones con sus contactos y tocan diversos temas; entre ellos, la forma en que hablaban los fiscales jefes de la zona y la cabeza del Ministerio Público de La Araucanía, Cristián Paredes.

Arroyo fue el persecutor que tuvo a cargo la "Operación Huracán" y ordenó la detención de los comuneros en septiembre de 2017, entre los que estaba Héctor Llaitul, y posteriormente fue vinculado a una presunta filtración por parte de una abogada que trabajaba en su unidad. Todo, con supuesta información obtenida por la policía uniformada a través del cuestionado programa "Antorcha" creado por Alex Smith. Esto decantó en que en enero de 2018 se abriera la investigación y se formalizaran al general (r) de Inteligencia, Gonzalo Blu; al excapitán Leonardo Osses; al exmayor Patricio Marín, y al exfuncionario externo Álex Smith.

Por esa supuesta filtración se abrió también una investigación y fueron indagados la funcionaria y Arroyo. En ese contexto entregaron ambos sus celulares para que fueran revisados. Tras las pesquisas fueron sobreseídos. Sin embargo, las defensas de los imputados presentaron una querella en su contra por presunta obstrucción, acusaciones que ha negado en su declaración en calidad de imputado que prestó en diciembre de 2018.

"El Mercurio" accedió a esta evidencia y a los cientos de mensajes que son parte del proceso que lleva adelante el fiscal Carlos Palma. Estos mensajes junto a otros que están en la evidencia forense del celular del exmayor Patricio Marín dan cuenta de contactos y supuestas reuniones entre oficiales de Carabineros con el fiscal de Rancagua Sergio Moya; una petición de consulta de antecedentes que habría solicitado un pariente a Arroyo mientras era fiscal, entre otras cosas. Esto puede abrir un nuevo flanco en el Ministerio Público tras la denuncia de Sergio Moya en contra del fiscal regional Emiliano Arias, en las que lo acusa de presunto tráfico de influencias, lo que derivó en que el fiscal nacional, Jorge Abbott, abriera una causa penal y otra administrativa contra Arias.

Los chats

Uno de los registros que están en la evidencia del celular de Arroyo comprenden mensajes y conversaciones que en su mayoría se realizaron en 2017, cuando era jefe de la Unidad de Investigaciones de Alta Complejidad de la Fiscalía de La Araucanía.

Ahí hay un chat grupal en que según los registros participan los contactos Luis Arroyo, Carlos Carvajal, Felipe Mardones, Diego Bizama, Alberto Chifelle (fiscal jefe de Temuco) y Cristián Paredes (fiscal regional de Temuco). En los mensajes hablaban sobre las críticas que se hacían a sus investigaciones sobre violencia rural, fallos relacionados a sus casos y situaciones internas.

El 15 de noviembre de 2017, dos meses después de las detenciones de la "Operación Huracán", interviene Alberto Chifelle y postea una noticia sobre el megafraude en Carabineros. "La Institución está muriendo, hay que ayudar a enterrarla!!", fue la respuesta de Arroyo. Tras esa comunicación, Paredes no intervino ni se manifestó al respecto.

Otra de las conversaciones registradas de Arroyo, del 22 de diciembre de 2017, tiene relación con un contacto de iniciales MP, que sería un pariente. "Tío. Necesito de su ayuda. Si le doy el Rut de mi hermano chico usted me podría decir si tiene antecedentes pendientes", le pregunta.

"Dame el Rut. Hoy ya no podré, pero mañana lo veo. Te sirve?", responde el entonces persecutor. Ella señala que sí le sirve, a lo que Arroyo señala: "Ok, en cuanto tenga la información me pongo en contacto".

La mayoría de los chats se dan en contexto de la "Operación Huracán", especialmente en el período tras las detenciones, el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema en que se ordenó la libertad de los comuneros detenidos y en las absoluciones del caso Luchsinger dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, resolución dada a conocer el 25 de octubre de 2017. Habían sido golpes duros para la Fiscalía de La Araucanía y el ánimo entre los jueces y fiscales no pasaba por su mejor momento en la región.

Uno de los jueces que dictaron la absolución fue José Ignacio Rau. Él tenía presupuestado participar en un conversatorio de la Universidad Católica de Temuco llamado "La Ley Antiterrorista y su aplicación en nuestra realidad regional".

En el grupo de WhatsApp de Arroyo, el fiscal Alberto Chifelle postea el 12 de noviembre el afiche de la actividad a lo que posteriormente el fiscal regional Paredes responde "La prudencia no está en el catálogo de virtudes de Rau. Ni el buen gusto". Luego las conversaciones continúan y el 14 de noviembre Alberto Chifelle replica: "Así es yo creo querían con la invitación legitimar la falta de prudencia. No sería extraño que mañana se contacten onda nosotros". Seis minutos después Paredes indica: "Ayer le mandé recado con el ministro de la Suprema. Con buenas palabras todos entienden". Arroyo responde "Excelente" y Paredes señala "y el dichoso seminario suspendido hasta nuevo aviso. Fue fecunda la reunión". Finalmente Chifelle responde: "Seminario suspendido hasta nuevo aviso, acaba de informar el PJUD".

El teléfono de Marín

Otro de los dispositivos analizados fue el del exmayor Patricio Marín, imputado en la "Operación Huracán", y miembro de la Unidad de Inteligencia de Carabineros en La Araucanía. En los registros hay cientos de conversaciones. Entre ellas se encuentran las de Marín y el fiscal Sergio Moya referentes a supuestas interceptaciones del programa "Antorcha", relacionadas con la investigación que llevaba este último sobre dos exsubversivos chilenos vinculados a la muerte de un policía argentino. Estas tuvieron lugar en noviembre de 2017.

Marín envía un mensaje al chat identificado con el contacto Moya, cuyo celular corresponde a uno que ocupó el fiscal durante ese año. La conversación partió el 20 de noviembre: "Estoy en juicio", dice Moya, a lo que Marín responde "Ok, me avisaron que viajo mañana a argentina. Me llama para coordinar". Moya pregunta que "Quien viaja?" y Marín dice que "yo solo. Ud podrá ir". Finalmente el fiscal señala que "más adelante".

La relación del fiscal Moya y Marín y una reunión que sostuvo con el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos son parte de un sumario administrativo que es llevado en la Fiscalía de Rancagua. "Tengo plena conciencia y tranquilidad de que no he incurrido en ninguna infracción", señaló el fiscal en una entrevista a "El Mercurio".

En otro set de conversaciones se revela que Marín hablaba con un general cuyo contacto decía "Jefe". El 18 de octubre, un día antes de que la Corte Suprema diera a conocer el fallo que acogía un recurso de amparo de los comuneros detenidos en la "Operación Huracán", el exmayor envió el siguiente mensaje a las 1:20 PM: "Mi general me llamo Moya, mañana la Corte Suprema resuelve sobre la 'presión' preventiva de los 8, los magistrados de la corte tienen dudas sobre el argumento y redacción que dio la jueza de garantía para dejarlos en prisión. Dice que el tema está 50/50 y que le preocupan las señales política que se han dado".

Luego, a las 22:52, vuelve a contactar al "Jefe": "Mi general corte fallo a favor de los imputados, por falencias en la resolución de la jueza de garantía".

Un mes antes de las detenciones de los comuneros, el 20 de agosto, Patricio Marín tiene varios chats con un contacto denominado "Don Bruno". "Mi general buenas noches me llamo Sergio Moya necesita ir a verlo a Santiago Para conversar con Ud entre el lunes y el jueves me pidió que le consultará. Que día lo puede recibir", y luego dos días después insiste: "Buenos días mi general Sergio Moya me pregunta a qué hora pasa por su oficina a verlo", a lo que "Don Bruno" señala: "Hoy a las 14 a 16 ty Oficina" y luego Marín replica "Mi gral me Pregunta si le parece a Ud que también concurra Emiliano?". La respuesta de "Don Bruno" fue "Llámame al ip".

Retroactividad de las escuchas

Uno de los puntos que también se tocan en los chats de Marín es la petición efectuada a un ministro de la Corte de Apelaciones en relación a la autorización para intervernir teléfonos y utilizar "Antorcha". El problema es que ya se habían practicado supuestas diligencias y se necesitaba que fueran validadas. Este punto lo toca Marín con el contactado llamado "jefe", el 17 de octubre de 2017: "Mi general mire el tema y la autorización es igual retroactiva el documento dice con recuperar datos con 30 días de antelación inclusive. Eso lo vi yo personalmente con el ministro está todo legal. Ese dato ellos no lo saben. Tengo los documentos guardados donde el ministro autoriza de forma retroactiva", dice Marín.

Esta información que contienen los dos dispositivos son datos residuales y solo están presentes en las carpetas de evidencias que se mantienen en la investigación de Carlos Palma, quien el jueves señaló a Cooperativa, al término de la audiencia, que "las partes siempre han tenido el derecho a conocer lo que es evidencia contenida. Lo que se resolvió es que se debía dar copia de esa evidencia para que puedan realizar una revisión más detallada y con calma".

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