Empresa revierte cargos de la SMA por fraccionamiento de proyectos eólicos por casi US$ 1.000 millones
domingo, 28 de abril de 2019
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
En algún momento fue una práctica habitual a la hora de tramitar ambientalmente proyectos. Debido a la magnitud de las iniciativas o lo específico de cada una de sus partes, las empresas optaron por dividir las iniciativas y presentarlas por separado. Pero llegó un punto en que tribunales primero -como sucedió en casos como la termoeléctrica Castilla- y la regulación posteriormente determinaron que los proyectos deben ser evaluados en forma íntegra, abarcando toda su magnitud, lo que implicó prohibir el denominado fraccionamiento. Eso hasta ahora, cuando el desarrollador de energías renovables Ibereólica logró revertir una formulación de cargos que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) le formuló por dividir tres proyectos eólicos y dos líneas de transmisión, ubicados en la zona de Freirina, en la Región de Atacama, y que en total representan una inversión de US$ 930 millones. Estas iniciativas, denominadas Cabo Leones, están relacionadas a eléctricas como la estatal francesa EDF y Global Power Generation, el brazo de generación de la española Naturgy, que controla a CGE. Los tendidos eléctricos, en tanto, están ligados al grupo Saesa. Ibereólica, que fue representada por el estudio Moreno Sáez y Avilés Abogados, se evitó multas que podrían haber llegado a 10 mil Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a unos US$ 10 millones, y la eventual cancelación de los permisos ambientales para las unidades, que aportarán del orden de 500 MW de capacidad. La SMA formuló los cargos porque estimó que los cinco proyectos debieron ser tramitados como un conjunto y mediante un estudio de impacto ambiental, ya que ocupan el mismo camino de acceso, están ubicados uno al lado del otro y comparten la torre de control y la subestación, lo que a juicio de los desarrolladores permite sinergias. Según los cargos de la SMA, explicaron en el estudio de abogados, los desarrolladores habrían buscado evitarse estudios más complejos en materia medioambiental. Pero luego, explica el abogado Sebastián Avilés, socio de la oficina legal, la misma SMA los absolvió de los cargos, acogiendo que en este caso no se configuraba fraccionamiento, porque no hubo intención de dividir el proyecto. El abogado cuenta que los cargos de la SMA consideraban que incluso la línea de transmisión debía ser sometida a una evaluación conjunta, pese a estar relacionada con una empresa diferente. Pero el abogado sostiene que si ese fuera el criterio, hay más de 90 proyectos en Servicio de Evaluación Ambiental que estarían en la misma situación de fraccionamiento.
