Expertos advierten que judicialización en isapres podría mantenerse pese a la reforma propuesta
miércoles, 24 de abril de 2019
Nadia Cabello y Josefina Díaz
Nacional
El Mercurio
Usuarios que declinen pasar al nuevo modelo, prestaciones sin cobertura y libertad de precios aparecen como flancos abiertos.
Aunque todavía no se conoce el texto del proyecto de ley, la reforma a las isapres presentada por el Gobierno está siendo estudiada en detalle por entendidos en el tema para evaluar si se terminará o no con los problemas actuales del sector. La promesa del Ejecutivo es poner fin a las discriminaciones e introducir transparencia en el sistema. Para ello, se plantea crear un plan de salud universal, una compensación de riesgo entre las isapres y una entidad técnica que estudie costos y determine las prestaciones que serán cubiertas. La idea del Gobierno es que la transición al nuevo modelo tome cinco años, es decir, que en ese período voluntariamente las personas contraten el PSU. Cumplido el plazo, las isapres solo podrán ofrecer el plan universal. En el Ministerio de Salud reconocen que podría haber un grupo de alrededor de 40 mil afiliados -que consideran menor- que podrían querer mantener su plan actual y estar dispuestos a ir a la justicia para seguir con este. "Ahí es donde se va a producir la nueva judicialización, porque podría haber quienes quieran seguir con sus condiciones actuales. Y eso es derecho adquirido: no se les puede obligar a cambiarse y si van a la justicia, lo más probable es que ganen", afirma el abogado experto en temas de salud Pedro Barría . Coincide Tomás Jordán , abogado y académico de la U. Alberto Hurtado, quien dice que "la transición debiera ser voluntaria". Ambos abogados participaron en 2010 en las presentaciones ante el Tribunal Constitucional cuando se refirió a las tablas de factores de riesgo que usan las isapres para fijar los precios de los afiliados, y los dos concuerdan en que dependerá de la implementación del sistema de compensación si es que esas críticas se superan. Una opinión distinta tiene Manuel Inostroza , exsuperintendente de Salud y decano de Medicina y Ciencia de la U. San Sebastián. A su juicio, "el hecho de que las isapres podrán cobrar valores distintos según edad y estado de salud del afiliado podría no pasar la prueba del TC, porque este ya dijo que el envejecimiento o una enfermedad no son acciones de responsabilidad individual". Tampoco se podría poner fin a los juicios, coinciden los consultados, por prestaciones que no queden cubiertas por el PSU, pero que la justicia determine que negar el acceso vulnere el derecho a la vida de las personas, como ha ocurrido el último año con la orden de financiar medicamentos de altísimo costo. "Ese es un problema en el mundo que no se ha podido resolver", agrega el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes . Con la reforma, aunque dentro de ciertos parámetros, igualmente las isapres tendrán libertad para fijar sus precios. Victoria Beaumont , directora ejecutiva de Fundación Politopedia, afirma que "el futuro de la judicialización (por las alzas) dependerá de las normas que sean aprobadas para permitir a las aseguradoras modificar el precio de las tarifas del plan". Pero al abogado Carlos Tagle , quien presenta recursos de protección contra las isapres, sostiene que "el proyecto habla de una comisión técnica que va a evaluar con estudios y va a poner una referencia, pero eso no termina con la judicialización". "Seguro social" En el Gobierno la postura es una sola, y es que con la propuesta se termina la incertidumbre. El ministro de Salud, Emilio Santelices , afirma que "al incorporar la solidaridad al interior del sistema y minimizar las diferencias (...) elemento que en su momento el TC consideró que no debía aplicarse, esto queda resuelto". Su par de Segpres, Gonzalo Blumel , añade que el proyecto se hace cargo del pronunciamiento del TC, "porque lo que hace es establecer un nuevo marco institucional en el sistema privado de salud, que se transforma ahora en un seguro social que es prestado por instituciones privadas". Además, pide a la oposición "leerse los proyectos y no opinar antes, porque eso se llama prejuicio".
