Fallo judicial reabre el debate sobre la obligación de vacunar a los lactantes
miércoles, 10 de abril de 2019
Mario Rojas Martínez
Nacional
El Mercurio
Corte de Apelaciones acogió recurso de protección presentado por el municipio para que se aplique procedimiento sanitario.
El padre del menor habría fallecido como consecuencia de la aplicación de una vacuna contra la influenza: este fue el argumento presentado -en octubre del año pasado, en un consultorio de salud municipal de Arica- por la familia de un lactante de siete meses de vida para impedir que fuera vacunado durante un control. El caso se trasladó a los tribunales de justicia y seis meses después, en una decisión unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección interpuesto por la municipalidad local en resguardo de las garantías constitucionales del lactante y autorizó al personal del sistema público para que proceda a la vacunación tan pronto quede ejecutoriada la sentencia. Incluso "pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición", se indicó. El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, explicó que "colocamos un recurso de protección en favor del bien superior del niño, aplicando una normativa que es para todos los ciudadanos del país, que es el Plan de Nacional de Vacunaciones. Hay una corriente por la no vacunación a los menores, por diferentes razones, pero a mi juicio es una suerte de irresponsabilidad que nos encontramos en el país, y ya están apareciendo enfermedades que no existían, o estaban detenidas, como el sarampión y el coqueluche". El caso en Arica ha reabierto el debate sobre los derechos de los niños y la voluntad de los padres en acatar las normas del sistema sanitario en Chile. Situaciones de este tipo, incluso, han llegado a la Corte Suprema: en marzo de 2016, el máximo tribunal ordenó al Hospital Base de Osorno aplicar todas las vacunas correspondientes a un niño de cuatro meses de vida, cuyos padres no habían permitido las inmunizaciones al menor, que estaba enfermo de coqueluche. Pese a ello, los padres se negaron a cumplir con lo ordenado por la corte y meses después decidieron abandonar la ciudad. "Acá se puede cuestionar que estamos atentando contra la libertad de elección de los padres, de las familias, pero nosotros, por el contrario, estamos privilegiando el bien superior. Frente a eso, el Estado dispone del Programa Nacional de Inmunizaciones, en que todos los menores reciban sus dosis de vacuna para evitar este tipo de enfermedades que se pueden prevenir", indicó Espíndola. En tanto, el abogado Raúl Castro, ex presidente del primer consejo regional que tuvo la región en 2007, sostuvo que "aquí se podía fallar para los dos lados. Está el respeto a la vida privada y el derecho a la protección de la salud. Para mí debe primar la libertad de las personas y el cuidado de los padres sobre los hijos. Yo, como padre de una guagua, puedo no aceptar que vacunen a mi hijo".
