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Equipo técnico y político de Fundación Democracia y Desarrollo examinó el proyecto impositivo del Gobierno:

Grupo convocado por expresidente Lagos plantea ley corta para destrabar reforma tributaria

sábado, 16 de marzo de 2019

Juan Pablo Palacios
Economía y Negocios
El Mercurio

Recomienda aprobar ahora la boleta electrónica, impuestos digitales y depreciación acelerada, y convocar a una comisión transversal que estudie durante seis meses cambios estructurales al sistema.



Un grupo técnico-político fue convocado el año pasado por el expresidente Ricardo Lagos, al alero de su Fundación Democracia y Desarrollo, para elaborar propuestas en materia de desarrollo económico, social y político.

El mandato del equipo se cruzó con el debate del proyecto de modernización tributaria, iniciativa que fue presentada a fines de agosto de 2018 por el Ejecutivo y de la cual aún no hay certeza de la aprobación de su idea de legislar, debido a que la oposición -que tiene mayoría en la Cámara de Diputados- la considera regresiva y ha fijado ciertas condiciones para destrabarla.

"El avance del país hacia el desarrollo sostenible requiere enfrentar con urgencia una serie de desafíos en los ámbitos del crecimiento económico, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente. (...) La reforma tributaria propuesta por el Gobierno no sólo desperdicia la posibilidad de utilizar la política tributaria para ir abordando estos desafíos, sino que además debilita las capacidades del Estado para hacerlo", advierte un informe del grupo integrado por los economistas Álvaro García, Carlos Álvarez, Daniel Hojman, Jorge Marshall, Nicola Borregaard y Álvaro Díaz; los abogados Juan Pablo Cabello y Carolina Tohá, y los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

El documento explica los principios que invitan a rechazar la propuesta del Ejecutivo. Comparten el consenso respecto a que la subsistencia de dos regímenes generales, como un sistema semiintegrado y uno atribuido -que surgieron del debate de la reforma de 2014-, es inconveniente, por lo que debiera existir un único régimen general y uno especial para las pymes. No obstante, difieren del corazón de la reforma del Gobierno, que apunta a volver a un régimen cien por ciento integrado. "Desconoce las bondades y ventajas de un régimen desintegrado, en materias de simplicidad, equidad y reinversión. Por ello, nos parece adecuado que antes de que termine de implementarse la reforma de 2014 se proponga otra que, ya se ve, no suscita acuerdo. Es más, una modificación tributaria debiese incorporar una evaluación sistemática -basada en evidencia- sobre el impacto de reformas previas o en curso", reza el texto.

Advierten además que el proyecto del Gobierno dista de lograr el objetivo de suficiencia en términos recaudatorios. "Reduce con total certeza la recaudación (en más de US$ 1.000 millones) al pasar de un régimen semiintegrado a uno integrado, a lo que se suman los beneficios proinversión. Por otra parte, supone incrementos en la recaudación tributaria, cuya magnitud parece sobreestimada (especialmente la boleta electrónica), con la consecuente reducción neta de los tributos", critican.

También ven deficiencias en materia de equidad vertical y horizontal, problemas de eficiencia y estímulos al consumo por la integración, en lugar de incentivar la inversión e innovación.

Ley corta y cambio estructural

El grupo concluye que debido a que no están las condiciones para una nueva reforma estructural al sistema tributario, proponen legislar una ley corta que incluya temas donde hay consenso y pueden generar recaudación, como la boleta electrónica, los impuestos digitales y la depreciación acelerada. Dichos puntos ya están en el proyecto del Gobierno.

Para abordar los demás temas, el senador Lagos Weber cree que se debería abrir un espacio de cinco o seis meses para producir un acuerdo nacional sobre una reforma estructural. "Si se hace el esfuerzo de convocar a una comisión transversal de tributaristas y economistas, donde participen también los políticos, y surja una propuesta técnica, no está garantizado que lo que salga de ahí se vaya a aprobar, pero entre ese riesgo y enfrentarnos ahora a una tramitación con muchas diferencias, creo que el primer camino es más razonable, no es obstruccionista", dijo.

El exministro Álvaro García explica que dentro de la propuesta de largo plazo se debe estudiar avanzar hacia un sistema desintegrado, que existe en la mayoría de los países OCDE, aunque tampoco descarta debatir la reintegración. "Hay que estudiar más profundamente ambos sistemas. El sistema desintegrado que tiene la mayoría de los países desarrollados no ha estado hasta ahora en el debate. Pero si se opta por el integrado hay que tomar ciertas precauciones", dice.

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