Los datos son el petróleo del siglo XXI que impulsa a las gigantes tecnológicas: Google, Amazon y Facebook.
Los datos son también el “sistema nervioso” de la industria financiera: piensa en todos los datos (papeles) que te piden juntar al tomar un crédito hipotecario, por ejemplo. O el historial de todas las transferencias que has hecho en tu vida. Esa información te perfila como cliente y tiene un valor para las instituciones financieras.
Pero, ¿son tuyos esos datos? ¿qué pasa si un día otra institución financiera te da mejores condiciones y quieres trasladar toda tu información, vas a poder o te van a decir que los datos no son tuyos?
El regulador en Chile publicó este año un borrador de ley para regular a las instituciones financieras tecnológicas (fintech), en el que no se hace alusión a este tema. Raro para un país que fue pionero mundial en tener transferencias electrónicas gratis e instantáneas, gracias precisamente al regulador que –avanzado para su época– así lo exigió.
Si queremos una industria financiera más competitiva y transparente, entre otras cosas la “Ley Fintech” debiera obligar a todas las instituciones financieras a tener interfaces de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés) estandarizadas que posibiliten la conectividad a terceros, con el fin de compartir datos financieros siempre que el usuario esté de acuerdo y lo necesite.
Suena ambicioso o quizás antojadizo, pero es lo que hicieron en México. El artículo 76 de la recién promulgada Ley Fintech los obliga a tener APIs. Otro ejemplo está en Reino Unido, donde el 2016 se instruyó una regulación que obligaba a los grandes bancos a proveer acceso a los datos financieros de las personas (si éstas así lo solicitaban) por parte de startups con licencias regulatorias.
Da la sensación que en Chile, si el regulador no obliga a las instituciones financieras, estas no van a lanzar jamás una API abierta.