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Insulza manifiesta preocupación por posible "renuncia" de Chile a convenio de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer

domingo, 10 de marzo de 2019


Reportajes
El Mercurio




El 22 de enero, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado discutió el proyecto de acuerdo que aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", tratado de las Naciones Unidas, creado en 1979 para "poner en manifiesto todas las esferas en que la mujer se le niega la igualdad con el hombre y defender sus derechos humanos".

Establece, además, que "no es solo una declaración internacional de los derechos para la mujer, sino que también un modo de actuar que los Estados que son parte de este convenio deberían seguir".

Este convenio, pese a que Chile lo promulgó hace varios años, en 1989, podría generar un nuevo debate sobre la política exterior del Gobierno.

Esto, porque La Moneda debe tomar una decisión sobre el protocolo complementario de la Convención, que en este momento está en discusión en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado para su ratificación. Si bien, es la Cámara Alta la que debe decidir si los diversos artículos se aceptan o no, en medio del proceso, el Ejecutivo puede presentar reservas.

Y ahí hay un punto que está en una evaluación.

El eje potencialmente conflictivo es que el protocolo le da amplias potestades, dicen en el oficialismo, al comité en Ginebra y está compuesto por 23 expertos independientes, que normalmente recibe reclamos que interponen directamente personas o grupos de personas que sean víctimas de la violación de algunos de los derechos establecidos.

Estos expertos son designados por sus capacidades "de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada para la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal", dice el documento.

El punto ha sido materia de discusión desde hace varios años. De hecho, el protocolo está en evaluación desde hace poco menos de una década. La razón es que varios expertos consideran que "cede soberanía", dándosela a ese grupo. El sistema funcionaría de forma similar al sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que un particular puede presentar una demanda y el Estado está obligado a cumplir las recomendaciones, incluso por sobre lo que diría la legislación interna.

Ante esto, en el Gobierno podría evaluarse la opción de presentar reservas ante algunas de las características del comité.

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, explica que durante la última sesión de enero, se discutió sobre el protocolo, momento en el que se mencionó a la comisión de expertos internacionales.

En esa sesión participaron también algunos representantes del Gobierno, por esto Insulza explica que, ahí mismo, "dijimos que antes de aprobar el protocolo complementario queríamos tener una opinión o información del Gobierno acerca de que si al depositar la notificación el Presidente de la República pretendía renunciar a ese mecanismo".

Él agrega que de no aceptarse esto "a nuestro juicio sería un agregado más a los dos problemas que han existido con el convenio migratorio y Escazú. Es un tema complicado".

Según fuentes de gobierno, en los próximos días, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, y el canciller Roberto Ampuero, anunciarán la decisión que se tomará al respecto.

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