domingo, 26 de octubre de 2008
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios Domingo
La llamada Ley Miscelánea -que entre otras materias dotaría de nuevas atribuciones a la DT- ya está en la Segpres y esta semana podría ingresar al Congreso.
La agenda legislativa que impulsa el Gobierno se mantiene inalterable en materia laboral, pese a que los efectos de la crisis financiera ya se dejan sentir sobre la economía real. Muestra de aquello es que la denominada Ley Miscelánea, que se elaboró en el despacho del ministro Osvaldo Andrade, ya está en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que es el paso previo antes de ingresar al Congreso.
Este anteproyecto es la primera de tres iniciativas que componen la batería legislativa del Gobierno para lo que queda de administración. La completan los proyectos sobre gratificaciones y el que fortalece la negociación colectiva.
En el Ministerio del Trabajo reconocieron que el texto está en la Segpres, pero declinaron confirmar sus contenidos. El ministro tampoco estuvo disponible para aclarar si su estrategia legislativa se alteraría en la dirección de no sumar rigideces al mercado laboral en medio de un complejo escenario económico.
Gremios y economistas han insistido en que el desempleo podría empinarse a cifras de dos dígitos durante algunos trimestres de 2009, e insisten en la necesidad de impulsar una agenda que flexibilice el mercado laboral y facilite la reactivación de la economía.
Durante la semana pasada, el ministro cerró rápidamente la puerta a cualquier iniciativa que apunte en esa línea. Luego de una reunión de una hora y media con la Presidenta Bachelet y con la cúpula de la CUT, envió un mensaje claro a empleadores y economistas: "La crisis tiene que ver con una desregulación de mercados financieros; no creo que la salida de la crisis sea desregulando más. Flexibilizar es desregular; para decirlo francamente, no creo que la solución de un problema sea insistir en la causa del problema. Sería un error manifiesto. Si los empleadores creen que la solución a esto es abaratar el despido, yo no estoy de acuerdo con eso".
La posición del ministro está en sintonía con la del presidente de la CUT, Arturo Martínez, quien aseguró que algunos sectores del empresariado querrán sacar partido de la crisis, a través de propuestas que apuntan a una mayor flexibilidad laboral. "Algunos piensan que con la crisis y con esta amenaza de desempleo hay que crear más flexibilidad laboral y bajar los salarios, o al menos no dar los reajustes que corresponden (...) La crisis financiera existe, pero a Chile no ha llegado, y no hay por qué estar alarmándose tanto", agregó en esa ocasión.
Tal percepción contrasta con las cifras. El presidente de la OIT, Juan Somavía, proyectó a mitad de semana que la actual crisis podría generar en 2009 unos 20 millones de desempleados adicionales a nivel mundial. Otra muestra de que los temores son fundados es que sólo en septiembre Estados Unidos destruyó 159 mil empleos (2,2 millones en los últimos doce meses) a causa de la debacle financiera.
A esto se suma que Chile tiene una de las menores tasas de empleo del mundo. En el primer quintil de ingresos, alcanza sólo al 51% de los hombres. Esto contrasta con una tasa de 78% en el quintil de más altos ingresos. Más aún, las cifras del INE revelan que durante la última década los asalariados han bajado desde 81 a 65% de los trabajadores, y que más de la mitad de los contratos que se han suscrito en los últimos años duran menos de 12 meses, lo que se relaciona con los costos asociados al despido.
Las últimas cifras de desempleo conocidas corresponden al trimestre junio-agosto y no recogen, todavía, las reestructuraciones que comienzan a darse en la construcción, comercio y servicios financieros.
Qué dice la ley
Fuentes cercanas a esa secretaría de Estado adelantaron que el foco del anteproyecto será dotar a la Dirección del Trabajo (DT) de nuevas facultades. Hoy, la DT sólo tiene competencias para denunciar ante tribunales los casos de prácticas antisindicales y de violación de derechos fundamentales (esta última atribución también fue iniciativa de Andrade), y la idea es que ahora pueda denunciar, también, a los empleadores aparentes.
El Gobierno incluyó esta iniciativa como respuesta al fallo de los tribunales que dejó a la DT sin herramientas para intervenir en las pugnas que se presentan entre empresas y trabajadores subcontratados. En mayo de este año, la Corte Suprema ya había zanjado el tema a través de nueve fallos respecto de la improcedencia de la fiscalización de la DT en Codelco y Escondida.
De prosperar tal iniciativa, la DT se hará parte de todo el proceso, como una fiscalía. Y si el tribunal detecta que el contratista era un empleador aparente, la sentencia podría determinar que la empresa se haga cargo de todos los haberes de los trabajadores involucrados.
Otros proyectos que vienen:
Gratificaciones y negociación colectiva
La ley ofrece dos alternativas para que las empresas entreguen una parte de sus ganancias a los trabajadores: la primera corresponde al Artículo 47 del Código del Trabajo y establece que a los asalariados les corresponde el 30% de las utilidades de la firma.
La segunda -mayoritariamente utilizada- ofrece la posibilidad de pagar el 25% de las remuneraciones mensuales devengadas durante el año, con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales en el año. Una de las posibilidades que se barajan en el Ministerio es eliminar el tope de ingresos mínimos y otra es mantener sólo el artículo 47.
En materia de negociación colectiva, se establecerá la titularidad absoluta de los sindicatos y se subirá la cuota sindical para los trabajadores no afiliados que acceden a los beneficios de la negociación colectiva.
En Chile, el costo del despido triplica al de los países de la OCDE
El ejemplo danés ilustra la relación que existe entre flexibilidad laboral y protección social: cada año, el 30% de los trabajadores de ese país cambia de empleo y la desocupación se sitúa en torno a 4,7%, la mitad del promedio de la Zona Euro.
Un estudio de la OIT muestra que Dinamarca es un buen ejemplo de que combinar flexibilidad y seguridad es viable. Una alta movilidad no contradice la sensación de seguridad en las personas (...) La protección social amortiza el efecto negativo para el trabajador cuando una empresa necesita reestructurar sus actividades, disminuir su producción o recurrir a la contratación externa, concluye tal investigación.
En ese país, las horas trabajadas por año son las más bajas del mundo como una respuesta al desempleo y, paralelamente, no existen las indemnizaciones por despido, pero sí un seguro de empleo de hasta cuatro años.
En Chile, en cambio, el costo del despido triplica al de los países de la OCDE, según datos de la National Bureau of Economic Research de Estados Unidos.
El costo del modelo de desvinculación que impera en Chile llega a un índice de 2,79; cifra que contrasta con el 0,82 que promedia la OCDE. Estos costos explican que las empresas promuevan relaciones laborales de muy corto plazo (menos de un año) y una alta rotación de trabajadores.
