A casi nueve años del anuncio de su creación, en la primera administración del Presidente Piñera

Banco Unificado de Datos: 361 campos mínimos de información deberán ser incluidos

sábado, 23 de febrero de 2019
D. Inostroza, A. Chaparro y E. Guzmán
Nacional
El Mercurio

Solo resta la aprobación por parte de la Contraloría para la total implementación del sistema, anuncian desde el Gobierno. Nueve instituciones, como policías y fiscalías, tendrán la obligación de compartir sus datos.

Era agosto de 2010 cuando el Presidente Sebastián Piñera, en su primer mandato, anunciaba su Plan de Seguridad Pública y, entre otras metas, comprometía la creación de una plataforma en que todas las instituciones ligadas a la persecución criminal pudieran interactuar y compartir sus datos. Dos años después, en diciembre de 2012, el Mandatario anunciaba la firma de un convenio marco que creaba el Banco Unificado de Datos (BUD).

Pero han pasado casi nueve años desde que nació la idea y el sistema aun no está operativo a cabalidad. Desde entonces ha debido sortear fallas tecnológicas, una parcial inyección de datos e incompatibilidad de plataformas informáticas entre instituciones, así como la ausencia de un reglamento que impidieron su puesta en marcha. El segundo gobierno de Michelle Bachelet aprobó una ley en que se transfería la administración del BUD al Ministerio Público, y a pocos días de terminar su mandato ingresó a la Contraloría un reglamento para la implementación del sistema. Sin embargo, la nueva administración de Piñera identificó problemas de tecnologías y de las licencias de los softwares , entre otras observaciones. Con todo, decidieron retirarlo para enviar uno nuevo, el que finalmente ingresó al ente fiscalizador en noviembre último.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, autoridad a cargo de redactar el nuevo reglamento, señala que hoy el BUD "está parcialmente operativo". El nuevo reglamento establece, al menos, 361 campos de información que las nueve instituciones que lo integran deben alimentar con datos. Programas del Sename, condenas a cargo del Poder Judicial, causas de las fiscalías, datos delictuales de Carabineros y la PDI, son algunos ejemplos.

La autoridad señala además que, ante la necesidad de comenzar a utilizarlo, en octubre de 2018 se crea un sistema de consulta operativa, denominado Alerta BUD, y que hoy permite alertar en línea la situación policial (detenciones anteriores) y/o penal (orden de detención y/o medidas cautelares vigentes) de una persona. Sumado a esto, se concretó la integración de la información del BUD con el sistema de imputado conocido (SCIC) de Carabineros, y el sistema BRAIN de la PDI. Producto de estas iniciativas, destaca Martorell, se ha logrado dar un salto en la usabilidad del sistema pasando de 4.740 a 105.605 consultas en el sistema.

Sin embargo, aun no es recibido por el Ministerio Público, que es por ley el que debe hacerse cargo de su administración, lo que deberá concretarse con la aprobación del reglamento por parte de Contraloría.

"Es totalmente distinto al original, es un reglamento que establece compromisos reales. Tiene un capítulo completo de obligaciones para las instituciones, antes eso no existía. Antes era un reglamento que más bien contenía ideas, pero no la operación del trabajo", afirma la subsecretaria Martorell.

Para el Ministerio Público el anhelo es que se dé luz verde a la regulación lo más pronto posible. "Como institución, lo que más nos interesa es que el reglamento salga luego, porque cosas tan importantes como qué información inyecta cada institución está regulado ahí", dice Francisca Werth, directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional. Hoy lo único que rige para ello es el protocolo inicial, que no es tan preciso.

Además, advierte la abogada, es "sumamente importante para nosotros como futuros administradores, cuando ya tengamos el rol en propiedad, tener mucha claridad porque la ley que nos da la administración es un artículo de la 'agenda corta', entonces el reglamento se convierte un poco en la herramienta para regular nuestras atribuciones y forma de funcionar, por ejemplo".

Sobre su actual papel de usuario, Werth afirma que han ido incorporando información al sistema, no obstante reconoce que hay "pendientes" al menos dos campos por inyectar. La misma situación se repite en otras de las instituciones según un oficio del Gobierno.

Proyección
Para este trimestre se espera implementar mejoras tecnológicas en conjunto con el Gobierno Digital y el Ministerio Público. Además se iniciarán las pruebas de tráfico de datos.

"Es totalmente distinto al original, establece compromisos reales. Tiene un capítulo completo de obligaciones para las instituciones, antes eso no existía".
KATHERINE MARTORELL
Subsecretaria de Prevención del Delito

"Lo que más nos interesa es que el reglamento salga luego, porque cosas tan importantes como qué información inyecta cada institución está regulado ahí".
FRANCISCA WERTH
Directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional