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Judicialización de la salud

viernes, 08 de febrero de 2019


Opinión
El Mercurio




Señor Director:

Impresiona constatar cómo ha mutado la actitud de la Corte Suprema respecto de la judicialización de la salud. Tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa se observa, de manera inequívoca, una evolución cada vez más activista por parte del máximo Tribunal en las políticas públicas sanitarias.

Desde una mirada cualitativa, la Corte ha modificado radicalmente su jurisprudencia. En efecto, el año 2010, la misma Corte Suprema rechazó un recurso de protección (que exigía al Estado el financiamiento de un trasplante de intestino) argumentando que imponer por vía judicial el financiamiento de un tratamiento médico sería una indebida intromisión de los jueces en las políticas públicas de salud (sentencia rol 4.396-2010).

Por el contrario, ahora la Corte Suprema se ha erigido como la última palabra en la materia. Así, en su último fallo, estableció que es obligación del Estado asegurar el máximo de salud de un menor, sin importar las consideraciones presupuestarias, y ordenó a Fonasa y al Minsal financiar, para cuatro pacientes, uno de los remedios más caros del mundo (sentencia rol 25.161-2018).

Por su parte, desde la perspectiva cuantitativa, los números son claros en mostrar la agudización del fenómeno salud y tribunales. En el último tiempo se ha generado un abrupto aumento de recursos de protección que demandan remedios. Por ejemplo, solo en enero se han interpuesto más recursos que durante todo el año 2017. Además, este incremento ha significado que en el breve transcurso de 2019, se ha obligado al Estado a financiar medicamentos por un total de, al menos, US$ 2.694.000. Esto es preocupante si consideramos que durante todo el año 2018 los montos implicados fueron de US$ 3.500.000.

Sin lugar a dudas, 2019 marcará un punto de inflexión en la intervención del Poder Judicial sobre las políticas públicas sanitarias. En este sentido, nadie duda de las buenas intenciones de los ministros. Sin embargo, estos parecen olvidar que con sus sentencias van poco a poco destruyendo la Ley Ricarte Soto, lo cual lesiona el derecho a la vida y a la salud de quienes, respetando la ley, han decidido someterse a dicho cuerpo normativo. Al menos, esperamos que los ministros sean conscientes de ello.

Juan Francisco Cruz Salas
Observatorio Judicial


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