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Informe analizó situación ocurrida en 2015:

El duro informe de Contraloría sobre el proceso de entrega de tierras de la Conadi

domingo, 03 de febrero de 2019

Bárbara Vial y Josefina Ossandón
Reportajes
El Mercurio

Falta de validación de apellidos de origen indígena, sobreevaluación de puntajes de beneficiarios y extravío de documentos forman parte de las falencias que Contraloría detectó en la Conadi. Así lo señala un documento que remitió a fines del año pasado.



Fue el 31 de diciembre recién pasado cuando la oficina de partes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) recibió de la Contraloría un documento. Se titulaba "Informe Final N° 721, de 2018, sobre auditoría al 15° Concurso público: Subsidio para la adquisición de tierras por indígenas año 2015 en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena".

"¿La Conadi valida y acredita los apellidos indígenas? ¿Se encuentra formalizado el catastro de apellidos indígenas? ¿Se pueden crear varias comunidades bajo un mismo título de merced?", fueron algunas de las preguntas de la Contraloría.

También se consultó si los pagos de los predios adquiridos se ajustaron a los principios de legalidad del gasto, austeridad económica, eficiencia y eficacia.

Por último, si se cumplía con la normativa legal presupuestaria y contable que regula la entrega de recursos en efectivo para gastos menores.

Los resultados de la investigación, que se resume en 94 páginas, señalan que no hay un sistema único para acreditar el origen indígena de las personas que postulan al subsidio de las tierras.

La ley establece que se considerarán indígenas a las personas de nacionalidad chilena que sean "hijos de padre o madre indígena cualquier sea la naturaleza de su filiación, inclusive la adoptiva; los descendientes de las etnias indígenas, siempre que posean a lo menos un apellido indígena y los que mantengan rasgos culturales, entendiéndose por eso práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena en estos casos".

No todos estos requisitos, de acuerdo a Contraloría, están estandarizados a la hora de evaluarlos. Según la entidad fiscalizadora, "queda a juicio del funcionarios de la OIRS (Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias) calificar o no un apellido como evidentemente indígena".

Resultados de auditoría

En el documento se asegura que "se advirtió la falta de uniformidad entre las unidades operativas de la Conadi e incluso dentro de las mismas dependencias, en relación con los procedimientos en uso para la acreditación de calidad indígena".

Incluso detalla que los informes que debe hacer la Unidad de Cultura para acreditar el origen indígena por autoidentificación "presentan contradicciones o falta de coherencia entre sí, por cuanto, en algunos casos se emiten informes en base a visitas a terreno, donde se entrevistan a miembros de la comunidad, y entre otros, el informe se elabora en base a los antecedentes presentados por el solicitante".

En la auditoría, además, se detectó que hubo entrega de subsidios sin la presentación de certificados que acreditaran origen indígena.

Al respecto, el ente fiscalizador dice que en 2015 se aprobó la entrega de 579 subsidios individuales y 38 de parte de comunidades, resultando un total de 766 personas beneficiadas junto a sus respectivas familias.

"En este contexto, es útil anotar respecto la entrega de subsidios en la Subdirección Nacional de Temuco que, de las 360 personas beneficiarias, en la Región de La Araucanía, 232 no habían acreditado su calidad de indígena ante la Conadi, al momento de postular al 15° concurso", detalla el documento.

Al 11 de mayo de 2018, la Conadi ha gestionado un total de 872.572 solicitudes de acreditación de origen indígena, de las cuales ha aceptado 848.722, rechazado 20.840 y mantiene pendiente a la fecha un total de 3.010. Existen solicitudes que datan del año 1997.

Además, el informe advierte anomalías menos cuantiosas, como que la Conadi aumentó erróneamente el puntaje de cinco beneficiarios. Según se detalla, se le aplicó un puntaje como si las personas vivieran en una zona rural cuando en realidad vivían en la ciudad. "Lo que significó que se les adjudicara el subsidio pese a estar bajo en puntaje de corte que, para la Región de La Araucanía, alcanzó a los 905 puntos", se indica.

Títulos de merced

El informe final de Contraloría da cuenta de que se han creado "muchas comunidades provenientes de un mismo título de merced, presentándose situaciones extremas donde consta la existencia de 12 y hasta 15 comunidades indígenas, bajo un mismo título de merced".

También se indica que hubo contradicciones entre resoluciones de pago y escrituras de compraventa.

En el documento, por ejemplo, se indica que se contrastó la existencia de dos resoluciones de pago que "presentaban discrepancias entre lo prescrito en ellas y lo dispuesto en respectivas escrituras de compraventas, relativo a los montos y nombre de los predios, adquiridos por los beneficiarios".

Así se explica que en una resolución del 27 de septiembre de 2016 se ordenó el pago del subsidio de tierras por un monto de $19.500.000 en la comuna de Pitrufquén "omitiendo la identificación de la compra de otro predio, de igual comuna, por un valor de $2.850.000, según consta en la respectiva escritura pública de compraventa y prohibición de 20 de septiembre de 2016".

Problemas de colindancia

La colindancia es definida en el informe como "aquella condición que recae sobre un predio cuando este es pretendido por más de un usuario de la Corporación, especialmente cuando existen comunidades indígenas interesadas y en proceso de reivindicación territorial y que además contaban con algún título de merced u otras cesiones efectuadas por el Estado chileno".

La normativa dispone que en los casos de "evidente conflictividad respecto del uso o goce de la propiedad del predio, se sugiere consultar a la comunidad", situación que sucedió en varios casos.

La Contraloría asegura que se constató una serie de compras de predios con colindancia y superposición con títulos de merced, donde los beneficiarios reconocieron por medio de una declaración jurada aceptar voluntariamente la adquisición del predio, a pesar de no contar con la carta de aprobación de la respectiva comunidad indígena.

Dicha observación fue respondida por la Conadi, donde se aseguró que ese procedimiento ya no es aplicable. "Se debe presentar una declaración de aceptación de los vecinos colindantes, los cuales declaran no presentar objeción de la llegada del beneficiado a su sector", agrega.

Metodología y plazos

En el documento se detalla que los subsidios otorgados a beneficiarios de la Región de La Araucanía en 2015 ascendieron a $8.743.912.749, correspondientes a 274 subsidios ejecutados.

De éstos, se revisaron 50, correspondientes a 31 beneficiarios que postularon individualmente y 19 por parte de comunidades indígenas, que representan, en total, un 18,25% de todos los subsidios ejecutados en la Región de La Araucanía, ascendente a $3.299.260.751.

En el caso de no existir una respuesta contundente, según se desprende del texto, se instruirá un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que con su actuación u omisión permitieron la infracción.

Se detectó "la existencia de 12 y hasta 15 comunidades indígenas, bajo un mismo título de merced".

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