"Hay 12 mil personas que no cumplen los requisitos y el desafío ahora es iniciar su proceso de expulsión"
sábado, 02 de febrero de 2019
Daniel Inostroza G.
Nacional
El Mercurio
Además, asegura que el Gobierno buscará reponer cuatro artículos del proyecto de ley de migraciones ahora que se verá en el Senado.
Ayer, el ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, asumió la titularidad de la cartera y de inmediato viajó al norte por la emergencia climática que enfrenta esa zona. Y comenta que varios ministros han pasado por su oficina esta semana, para comentarle los temas relevantes de sus respectivas áreas. ¿Por qué? Ubilla tomará sus vacaciones en marzo y será la máxima autoridad en La Moneda durante parte de febrero. Pero en las tareas propias de su cargo, le ha tocado liderar desde la Subsecretaría del Interior la política migratoria del Gobierno. A la hora de hacer un balance, dice que "necesariamente hay que referirse a la evaluación ciudadana. Si uno ve cualquier encuesta de opinión, no conozco una evaluación menor al 70% de aprobación. Y cuando pongo énfasis en eso es porque se percibe un cambio en relación al tema migratorio". Y agrega que "eso tiene que ver con los cuatro años anteriores, donde la población sintió una inacción absoluta por parte del gobierno de turno". Pero también ha recibido críticas, sobre todo desde la oposición, quienes en más de una oportunidad han calificado de "shows mediáticos" las expulsiones que se realizaron de extranjeros infractores de ley. El ministro (s) responde: "Yo escuché a grupos como el Servicio Jesuita de Migrantes o la Coordinadora de Migrantes criticarnos por todo, por las visas consulares para haitianos, por el programa de reunificación familiar o la visa consular para Venezuela, es decir, todo ha sido crítica". Y dispara: "Son excusas que distintas organizaciones, que en mi opinión cada vez tienen menos representación política y ciudadana, hacen a una política en la cual ellos no creen. Lo que quiere el Frente Amplio es que tengamos una política de puertas abiertas, que cualquiera entre, y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo". "Se intentó estigmatizar la expulsión" -La política de regularización implicó "ordenar" a los que ingresaban, pero también expulsar a los que tienen antecedentes penales. ¿Cuál es su evaluación de esa política? -A menos de un año de implementada, hablar de expulsión ya no tiene una connotación negativa. Grupos del Frente Amplio y algunas ONG nos dijeron que éramos xenofóbicos cuando nosotros empezamos a hablar de expulsiones. Se intentó estigmatizar este concepto de expulsión, pero la ciudadanía entendió que una política migratoria ordenada significaba que si alguien no cumplía, tenía que irse del país. Y no son cualquiera los que tienen que expulsarse, son aquellos que infringen la ley, en su país de origen o en el nuestro, o que no cumplen normas migratorias. El Presidente Piñera les dio una oportunidad para regularizarse. -¿Cuál es el balance de ese proceso? -Ya nos queda muy poco para terminar el análisis de las 155 mil personas que se inscribieron. Llevamos cerca de 140 mil de las que ya se hizo el análisis de sus papeles o que ya tienen la visa. Y de ellos hay 12 mil personas que no cumplen los requisitos y el desafío ahora es iniciar su proceso de expulsión. -¿Y cuáles son esos incumplimientos? -Que se inscribieron, pero llegaron después de las fechas que establecía la norma, se trataron de "avivar" cruzando la frontera después del plazo establecido. Hay personas que tienen graves infracciones o delitos en Chile, que nosotros no las vamos a regularizar. Hay cerca de 100 casos que son de delitos graves. También hay cerca de dos mil que son delitos menores y habrá que analizar si dan para su expulsión o se pueden regularizar. Este año tenemos que seguir con nuestra política de "ordenar la casa". -En octubre pasado, el Gobierno anunció un despliegue para ubicar a inmigrantes que no se inscribieron en el proceso de regularización y que podrían cumplir con los requisitos para su expulsión. ¿Qué resultados se han obtenido? -Han sido bajos. Lo hemos enfrentado en dos áreas distintas. Una, que hacemos en coordinación con la Inspección del Trabajo, ha sido una fiscalización a los lugares de empleo y ahí tenemos un incremento relevante: en 2017 hubo $37 millones en multas a empleadores por incumplimientos laborales con extranjeros, y en 2018 subimos a $55 millones. Y en el caso de la PDI, en relación a los controles que se refiere usted, del orden de 3 mil a 4 mil personas. -¿Por qué no se logra una mayor efectividad? -Nos encontramos con que teníamos que sacar una cantidad de trámites de expulsiones administrativas que estaban desde hace mucho tiempo en el Departamento de Extranjería y Migración estancados, entonces no sacábamos nada con seguir aumentando el stock . Pero sí logramos un incremento muy relevante de esos trámites administrativos. Por ejemplo, elevamos en 11% la cantidad de tramitaciones: si en 2017 se hicieron los trámites para que tres mil personas fueran expulsadas -aunque no todas resultan expulsadas, pero se inició la tramitación en Extranjería-, en 2018 subimos a 3.400 y de esas se expulsaron por la vía administrativa a 305. ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos una gran cantidad de expulsiones decretadas, pero no ejecutadas. Y lo que yo pedí es que nos concentráramos en las expulsiones decretadas. -¿Cómo se va a abordar ahora la fiscalización? -Estamos trabajando para fiscalizar en conjunto con la PDI, pero también con la Dirección del Trabajo y otros organismos que nos puedan colaborar desde sus respectivas áreas. Por ejemplo, sabemos que el comercio ambulante es un foco donde hay un número importante de extranjeros, que no sabemos si están regularizados. Entonces, enfocar los esfuerzos en ciertas actividades o zonas del país que nos ayuden a mejorar la efectividad. Nos preocupan los lugares donde se ejerce el comercio sexual, las labores temporales agrícolas y la construcción. Queremos mejorar significativamente este año el número de fiscalizaciones en terreno para nutrir la base de datos de expulsiones administrativas. "Hay una cifra negra" -¿Qué proyección hace de la política de expulsiones para este año? -Meta no tenemos, pero sí creemos que tenemos que focalizarnos en ciertos grupos. Hoy estamos con las expulsiones judiciales al día, lo que quiere decir que ya sacamos todo el stock de órdenes de expulsión que no se habían ejecutado, y estamos a la espera de las nuevas, todos los meses se generan nuevas expulsiones, al ritmo que nos establezcan los tribunales, porque nosotros no sacamos si no hay una orden judicial. -¿Y por qué hoy no se puede hacer una proyección si el año pasado se estableció en más de 2 mil expulsiones? -Por la cantidad de causas que estaban atrasadas de los jueces, entonces tenían un stock que no se había sacado con órdenes de expulsión que no se habían ejecutado. Lo que hoy tenemos es que el balance corresponde en un 85% a expulsiones judiciales y 15% a las expulsiones administrativas. Y lo que queremos es que esa relación cambie y sea al menos 50/50. Porque lo que se va a generar hoy a partir del fin del proceso de regularización es que personas que sin tener órdenes de expulsiones judiciales tienen faltas migratorias que ameritan su expulsión. -¿Es solo el universo de 12 mil personas que no cumplieron los requisitos? -Hay una cifra negra, y esa es la que queremos abordar con las fiscalizaciones en la calle focalizadas de la PDI. Entonces, si combinamos a esas 12 mil personas, más el flujo que vaya saliendo de expulsiones judiciales, que no sé cuántas van a ser porque eso depende del Poder Judicial, más las fiscalizaciones de la PDI, nos debieran llevar a un número mucho mayor que las 2.054 expulsiones del año pasado, pero con una presencia mucho mayor de expulsiones administrativas. Ese es el planteamiento que tenemos para un segundo año. Cuando uno tiene un millón cien mil extranjeros, siempre va a existir un grupo que no cumple con las normas migratorias. -¿Por qué continúa el ingreso irregular de inmigrantes? ¿Se ha fortalecido el trabajo en las fronteras? -El problema es que hoy tenemos muy pocas herramientas jurídicas para no permitirles entrar. Nosotros establecimos en el proyecto de ley que, respetando el debido proceso, que el oficial en la frontera pueda hacer, no un proceso de expulsión porque la persona no ha ingresado, pero sí una reconducción en la frontera si hay datos fundados de que tenga antecedentes policiales. "Hoy, por ejemplo, si una persona entró o intentó ingresar con drogas, eso es un delito, y entonces yo no lo puedo devolver, tengo que detenerlo, incautarle la droga. Luego viene el juicio, una eventual condena, el cumplimiento de esa condena y después se ejecuta su expulsión, sino tendría que devolverlo en la frontera con la droga, y eso no se puede hacer". "Vamos a reponer cuatro artículos" -La aprobación del proyecto de migración en la Cámara de Diputados fue tomada como un triunfo en el oficialismo. ¿Cómo ve la discusión que vendrá en el Senado? -El triunfo hay que circunscribirlo, porque estoy de acuerdo en que fue una buena noticia lo que pasó en la Cámara, pero más del 80% de los artículos del proyecto que llegaron a la sala los escribimos de manera conjunta en las cuatro comisiones por donde pasó. La disposición del Ejecutivo fue discutir, como corresponde para un proyecto de ley tan complejo como este, a fondo los temas. No tuvimos ningún reparo en aceptar las indicaciones de los congresistas opositores. -¿Pero cómo ve la discusión ahora en la segunda etapa legislativa? -Vamos a tener la misma disposición a conversar. Y queremos reponer algunos artículos, que son cuatro. El primero, de reunificación familiar; el segundo, que un residente extranjero tenga la obligación cada cierto tiempo de comunicar su cambio de residencia; en tercer lugar, la única indicación que perdimos en la votación en sala, que tiene que ver con la revalidación y convalidación de títulos, que nosotros la teníamos abierta a todas las universidades, públicas o privadas con seis o más años de acreditación, y por una indicación del Frente Amplio se eliminó a las universidades privadas. Y en cuarto lugar, que todo proceso administrativo de expulsión tiene que tener un proceso judicial, porque no puede existir en la legislación una facultad con la envergadura de la expulsión, sin tener un recurso judicial, porque si la ley se aplicara como está hoy día, la persona no podría ir a la justicia a reclamar un caso de arbitrariedad por parte de la autoridad administrativa que determinó su expulsión. -Justamente desde el Frente Amplio criticaron el proyecto tildándolo de poco humanitario... -El Frente Amplio ha tratado sistemáticamente de perpetuar en la legislación que estamos discutiendo esta idea del "desorden migratorio", lo digo con absoluta responsabilidad. Ellos fueron parte de un período donde permitían que vinieran extranjeros como turistas y cambiaran su situación migratoria en el país, lo que provocó que una cantidad significativa de extranjeros, en particular de haitianos, fueran llegando. Eso quieren perpetuarlo, porque postularon que debiéramos permitir que extranjeros entren como turistas y cambien su visa en Chile. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Nosotros decidimos que la persona tiene que transparentar a qué viene. Es lo que están haciendo los 20 mil venezolanos postulantes a visas consulares, que declaran salir de Venezuela a buscar trabajo con la expectativa de vivir en Chile.
"Shows mediáticos"
"Son excusas que distintas organizaciones, que cada vez tienen menos representación política y ciudadana, hacen a una política en la cual ellas no creen".
Sectores de riesgo
"Nos preocupan los lugares donde se ejerce el comercio sexual, las labores temporales agrícolas y la construcción. Queremos mejorar significativamente este año el número de fiscalizaciones en terreno".
Expulsiones para este año
"Meta no tenemos, pero sí creemos que tenemos que focalizarnos en ciertos grupos. Hoy estamos con las expulsiones judiciales al día".
